› RECLAMAN QUE EL GOBIERNO NO TRASPASE LA EDUCACIóN A LOS MUNICIPIOS

Nueva represión a estudiantes y docentes en Honduras

Decenas de personas resultaron heridas en la capital hondureña, cuando cientos de policías atacaron con bombas lacrimógenas y garrotes a miles de educadores en las inmediaciones del Instituto de Previsión del Magisterio. Unos 5 mil educadores, estudiantes y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) volvieron a las calles el viernes para oponerse a la intención del gobierno de entregar el control de la educación a los municipios del país, una lucha que libran desde hace cuatro semanas.

Contingentes de policías antimotines y militares lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes que, al igual que el jueves, contraatacaron con piedras, lo que dejó personas lesionadas e intoxicadas por los gases, según relató la agencia AFP. Al menos dos periodistas del opositor Canal 36 fueron trasladados a hospitales.

"A la (sala de) emergencia del Hospital Escuela fueron llevadas 22 personas, la mayoría porque estaban padeciendo de asfixia. Otros 13 fueron arrestados por los policías", cuando los educadores huían del humo de los gases, dijo a radios locales un portavoz del FNRP, Gerardo Torres.

Ayer, durante otra protesta, la Policía capturó 24 manifestantes que aún estaban detenidos el viernes en sedes policiales. Las autoridades informaron que tres efectivos militares fueron hospitalizados con quemaduras provocadas por las bombas incendiarias que lanzaron los protestantes.

La semana pasada, una profesora murió en un enfrentamiento similar con las autoridades en las cercanías del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), al este de Tegucigalpa. Según la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), el gobierno de Porfirio Lobo pretende transferir a las municipalidades el control de la educación, una iniciativa rechazada por el gobierno.

Lobo negó que trate de privatizar o entregar a los municipios la administración de la educación y aseguró que el proyecto enviado al Congreso pretende que las comunidades controlen la asistencia de los educadores a las aulas, para que deduzcan del salario el día que no laboren.

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