Gerardo Pollicita agregó en su pedido de apelación algunas "reflexiones finales" en las que coincidió con el juez Rafecas en "la gravedad del conjunto de hechos que está referido en la denuncia y sobre el impacto que ella generó" por involucrar a la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, entre otros, con la consiguiente "repercusión política, social y periodística" a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, consideró que "en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia del 14 de enero de 2015 y de los que bregan por justicia hace dos décadas, corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes con el fin mencionado".

"Sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta investigación —llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado con intervención de las partes— corresponderá decidir si es viable una imputación o si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva", sostuvo.

Por último, el funcionario agregó que "el proceso penal —único tolerado constitucionalmente para averiguar y juzgar la comisión de conductas presuntamente delictivas— tiene sus propias reglas; frente a una resolución prematura, corresponde lograr un nuevo análisis de las constancias de la causa y una revisión amplia de la decisión, pues en caso contrario se impide cumplir con el objetivo de arribar a la verdad material de lo sucedido".

La semana pasada, al desestimar las imputaciones, Rafecas aseguró que "ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento original se sostienen mínimamente" y agregó que los elementos de la denuncia “inhiben el inicio de un proceso penal" porque "dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento'" de la investigación del atentado a la AMIA".