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Los trabajadores que resulten blanqueados podrán computar hasta cinco años de servicios para obtener la jubilación. Así lo establece el capítulo laboral del proyecto de ley que presentó el Gobierno para sostener el empleo y el nivel de actividad económica. La iniciativa contempla dos medidas en esa materia: la condonación de deudas para las empresas que regularicen a su personal y la reducción de contribuciones patronales en la generación de puestos de trabajo. Este último punto es cuestionado por la Central de Trabajadores Argentinos, que advierte por el desfinanciamiento de la caja de seguridad social y cuestiona que se apele a un instrumento que ya utilizó Domingo Cavallo en los ’90 con pésimo resultado, porque la desocupación igual llegó a niveles record. En cambio, las cámaras empresarias elogiaron la medida.

Otro punto que en la CGT señalaron que podría generar conflicto es la falta de reconocimiento de derechos laborales a los trabajadores que se desempeñaron “en negro” y que ahora sean blanqueados. La ley aclara que esos empleados podrán considerar 60 meses (5 años) de servicios para calcular su jubilación, pero no reconoce otros derechos, como el pago de antigüedad, para el cálculo de vacaciones o de indemnizaciones. La novedad que apareció en la redacción del proyecto es que el blanqueo está habilitado para todas las empresas, sólo que las pymes con hasta diez trabajadores se beneficiarán con una condonación general de deudas y las compañías que regularicen a más de diez personas tendrán que pagar una parte de esos compromisos, aunque a través de un plan de facilidades de pago que implementará la AFIP.

Los puntos centrales de la propuesta de blanqueo laboral son los siguientes:

- El blanqueo de trabajadores libera a la pymes de infracciones, multas y sanciones y, en el caso de los primeros diez empleados, de las deudas previsionales, cuotas sindicales y de obra social.

- A partir del decimoprimer empleado blanqueado, la empresa deberá pagar las deudas por jubilaciones y obras sociales, para lo cual tendrá un plan de facilidades que presentará la AFIP. El interés de consolidación de cada una de las deudas que se incluya no podrá superar el 20 por ciento del capital respectivo. Además, el interés de financiación será del 6 por ciento anual.

- Se permite incluir deudas en disputa administrativa o judicial siempre que la empresa desista de su reclamo.

- El trabajador puede computar hasta 60 meses (5 años) de servicios para la obtención de la Prestación Básica Universal.

- La adhesión debe realizarse dentro de los 90 días corridos de entrada en vigencia de la norma.

- Se dispone que la AFIP y los organismos comprendidos no labren actas de infracción contra las empresas que regularicen sus empleados, y se invita a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias a adherir al régimen.

En cuanto a la propuesta de rebaja de contribuciones patronales para promover la generación de empleos, los puntos principales son los siguientes:

- Las empresas que inicien una nueva relación o regularicen un empleado tendrán descuentos por 24 meses en sus contribuciones previsionales, al PAMI, el Fondo Nacional de Empleo, el régimen de Asignaciones Familiares y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales. El beneficio será del descuento de esas contribuciones del 50 por ciento el primer año, y del 25 por ciento el segundo.

- Se establece como excepciones: los trabajadores despedidos y recontratados por el mismo empleador dentro del plazo de un año, y el nuevo trabajador que sea contratado para ocupar la vacante de otro que fue despedido.

- También quedan excluidos los quebrados y querellados penalmente con sentencia firme, los que ejerzan o hayan ejercido la función pública en cualquiera de los poderes del Estado.

- Se dispone que el empleador pierda los beneficios en caso de comprobarse infracciones a la ley.

- El plan de fomento al empleo tendrá una vigencia de 12 meses, y será prorrogable por el Poder Ejecutivo.