La Justicia argentina hizo lugar a una batería de medidas que la querella por los crímenes del franquismo había demandado y en la que se incluye la mediación del papa Francisco: exhumaciones en territorio español de desaparecidos en la dictadura de Franco, identificación de restos en un banco de ADN catalán, más una solicitud de intervención dirigida al Vaticano y a diferentes arzobispados peninsulares para que aporten información que permita dar cuenta de la suerte que corrieron religiosos represaliados son algunas de las disposiciones que componen el expediente firmado por la jueza María Romilda Servini de Cubría, donde se solicita a los tribunales españoles que allanen el camino para investigar estos hechos. Al hacer lugar la jueza a estas medidas, señaló el abogado Máximo Castex en diálogo con Página/12, se libraron decenas de exhortos dirigidos a casi todas las regiones de España, País Vasco y Cataluña. Algo que, en su opinión, generó “un impulso enorme a la investigación” y en el caso del exhorto remitido al Vaticano, “posiciona nuevamente a la querella a nivel internacional”.

El escrito al que este diario accedió en exclusiva pide que se libre una comisión rogatoria a la Secretaría del Estado de la Ciudad del Vaticano, “a fin de que se recabe de la Santa Sede toda documentación obrante en sus archivos” referente a “las relaciones entre la Iglesia Católica y el estado español”, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 y, específicamente, a datos sobre religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanción, cárcel y tortura. Por otra parte, un documento presentado por la querella señala que a partir de la denuncia del sacerdote Felipe Izaguirre Esnal habría que solicitarle al Vaticano que envíe información de sus registros respecto de la participación de la iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora, País Vasco. Los exhortos son también dirigidos a Juzgados de Instrucción de turno en Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza, con el fin de recabar información de los arzobispados españoles en la represión a los sacerdotes. Según Castex, “la importancia de esta medida es enorme” porque, dependiendo de lo que conteste el Vaticano, “podrá surgir la posibilidad de que la jueza viaje a visitar al Papa a estos fines, lo que será evaluado en su momento”.

Otro punto cardinal en la resolución de Servini se vincula a la necesidad de realizar excavaciones para buscar desaparecidos en suelo español. En este sentido, Castex y la abogada Ana Messuti solicitaron la exhumación de los cuerpos sin vida de Baltasar Moyá Bauzá, Joan Losa Campoamor, Catalina Flaquer, Antonia Pascual Flaquer, María Pascual Flaquer, María Pascual, Josep Julià Jaume, Francisco Cabello Jurado, Juan Cañellas Capllonch, Andrés Paris Martorell, Bernardo Mateu Ramis, Antonio González Rodríguez y Francesc Tomás Torres, cuyos restos se encontraría enterrados, en una fosa común, ubicados en la parte izquierda-central del Cementerio Municipal de Porreres, en Mallorca, “al lado de una zona ajardinada”, a veinte metros de la entrada principal del camposanto. Tanto la Sociedad de Ciencias Aranzadi como la Asociació Memòria de Mallorca ofrecieron recursos técnicos y personal para llevar adelante las tareas de exhumación.

Al respecto, la querellante María Antonia Oliver Paris, presidenta de la Asociació Memòria de Mallorca, manifestó el 4 de diciembre de 2013: “Cuando mi asociación se constituyó lo hizo porque no teníamos ningún tipo de ayuda, le reclamábamos al Estado pero no teníamos respuesta”. En diciembre de 2006, Oliver Paris y sus compañeros de la asociación se presentaron ante la Audiencia Nacional, en el Juzgado Nº 5, en la que por ese entonces era conocida como la “causa Garzón”. La Asociació Memòria de Mallorca agotó todas las instancias en España, pasando por Tribunales Nacionales y Tribunales Territoriales. La denuncia por los desaparecidos siempre fue desestimada. Un relevamiento de la asociación da cuenta de la existencia de 22 fosas comunes documentadas, aunque en el estudio total podrían ser 57. Quien debe remitir información sobre estos hechos a la jueza argentina es el titular del Juzgado de Instrucción de Manacor, Mallorca, que esté de turno al momento de recibir el exhorto.

Otros destinos de las comisiones rogatorias fueron Juzgados Territoriales con jurisdicción en Barcelona, Tarragona, Mataró y Gandesa. A esos tribunales se pide que ordenen a las autoridades de la Generalitat de Catalunya disponer de “todos los recursos disponibles” para la identificación de restos ya exhumados de posibles represaliados, que fueran víctimas de asesinatos “en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura”.

Uno de los lugares identificados por familiares de represaliados es el Memorial de Les Camposines, ubicado en un edificio de nueva construcción, sobre una trinchera de la Batalla de Ebro, “con decenas de restos de personas sin identificar”, almacenadas en “cajas sin ningún control de humedad ni temperatura”, ubicada en La Fatarella, provincia de Tarragona.

Una dependencia bajo custodia del Gobierno catalán, donde se encontrarían restos de víctimas del franquismo, son los laboratorios del Area de Antropología Física, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ubicados en la calle 08193 Bellaterra, en Cerdanyola del Valles. También habría restos en entidades privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para trabajos de excavación, como la empresa Antropolegs Lab, situada en la calle Rossend Arus, 46, baixos 1ª, número 08014. En todos estos casos, la Justicia argentina exige cotejar las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares y recomienda realizar esos estudios en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, que cuenta con “una larga trayectoria en genética humana”.