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La foto del mercado laboral que entregó el último informe del Indec muestra una situación del empleo muy delicada. La controversia acerca de la confiabilidad de los datos en el período 2007-2015 no permite disimular el aumento de la desocupación provocado por la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Como se viene reiterando aquí, existían importantes tensiones en varios frentes de la economía, y uno de ellos era el laboral, pero la estrategia oficial ha convertido esos desafíos en una crisis que recién ha comenzado.

La pérdida de puestos de trabajo impulsada inicialmente por la administración macrista despidiendo a miles de empleados públicos abrió las puertas para que el sector privado transite el mismo camino. Sin redes de contención oficial diluyendo el programa Repro del Ministerio de Trabajo y vetando la ley antidespidos, aumentó la desocupación. El último dato proporcionado por el Indec es una tasa de desocupación del 9,3 por ciento, de subocupación total del 11,2 por ciento y ocupantes demandantes de empleo (un aporte interesante de la nueva gestión) del 15,7 por ciento -indicador que incluye la subocupación que busca empleo–. Estas cifras revelan que 3,9 millones de personas de un total de 12,5 millones de la Población Económicamente Activa (PEA) tienen graves problemas laborales.

En el actual contexto económico, el debate central no es acerca de las estadísticas pasadas y presentes. Es una polémica que no debe eludirse pero la conclusión no es tan lineal como parece: Cynthia Pok, una técnica reconocida local e internacionalmente, desplazada en la anterior gestión del Indec y hoy responsable de la Encuesta Permanente de Hogares, advierte sobre irregularidades en la confección de los indicadores, pero Rafael Diez de Medina, director global del departamento de estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que “los datos laborales no fueron afectados al nivel de los de precios” (reportaje de la periodista de La Nación Silvia Stang, del 14 de agosto pasado). Lo cierto es que existieron cuestionamientos a los índices de precios, del intercambio comercial, de pobreza e indigencia y del Producto Interno Bruto. No los había generalizados y convincentes a los del mercado laboral.

Economistas del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala avanzan sobre esa controversia en un reciente reporte al afirmar “que el desempleo está subiendo -y no por motivos ‘estadísticos’- parece ser innegable en un contexto de importante caída de la actividad económica”. Además observaron críticamente las afirmaciones de las autoridades del Indec en conferencia de prensa acerca de que había desocupados que figuraban como ocupados. Es una habitual sentencia conservadora referida a que los titulares de los planes sociales no trabajan y no figuraban como desempleados. Es una afirmación con un evidente sesgo político, que es inconveniente para técnicos del organismo encargados de producir estadísticas públicas con el objetivo declarado de recuperar capacidades en el Instituto. Analizando el informe del Indec, los economistas del ITE Germán Abdala indicaron que “las propias cifras publicadas dejan claro que el traspaso fue de inactivos a desocupados”, para ilustrar que “el supuesto mal registro de los beneficiarios de programas sociales no puede explicar las diferencias en la tasa de desempleo entre esta medición y la anterior”.

Regresivo

Las estadísticas son importantes pero lo son aún más las características de la política económica. Para los trabajadores lo relevante es el cambio de la orientación del modo de intervención en la economía. “Un nuevo régimen”, como presume el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Política que está agudizando la fragilidad del mercado laboral. La concepción oficial es que el problema del empleo está originado en los elevados costos laborales y las regulaciones estatales que desalientan la inversión privada. Se abandona de ese modo la idea que la política de ingresos es un factor determinante de la demanda y, por lo tanto, capaz de estimular la actividad y la generación de empleo. Y pasa a descansar en el factor dinamizador de la inversión privada, que motivada por menores presiones por el lado de los costos laborales pasaría a ser el motor del crecimiento del empleo. Para conseguir liberar esas fuerzas emprendedoras reprimidas se propone la eliminación de regulaciones estatales en el mercado de trabajo. Es una receta que en experiencias pasadas en la economía argentina no ha tenido los resultados postulados. El cambio de régimen de la política económica con reducción del nivel de actividad, del empleo y de los salarios ha derivado en una veloz redistribución regresiva de los ingresos.

La embestida oficial sobre derechos de trabajadores no se limita a plantear aumentos salariales por productividad o reformular el mecanismo de indemnización. Estas iniciativas como otras de flexibilización laboral son formuladas por funcionarios y abogados laboralistas del poder económico. La única iniciativa oficial para estimular el crecimiento del empleo es la Ley de Primer Empleo, que consiste fundamentalmente en la reducción de las contribuciones patronales. El presidente Macri fue el más directo para precisar cuáles son los objetivos del gobierno en el campo laboral. Para que quede claro lo hizo con definiciones despectivas hacia los trabajadores. Los acusó por la existencia de un elevado ausentismo en las plantas sin ninguna cifra que lo respalde, cargó contra los juzgados laborales porque protegen a los trabajadores y directamente culpó a los trabajadores por la escasa inversión privada debido a que tienen el privilegio de iniciar juicios en defensa de sus derechos. “Ponen palos en la rueda”, afirmó. Hay que remontarse bastante en el tiempo para encontrar una declaración anti obrera tan franca por parte de un Presidente de la Nación.

El retroceso en la concepción política acerca del mercado laboral del macrismo viene acompañado de otro en términos cualitativos sobre la situación de los trabajadores, además del incremento del desempleo. El economista Demian Panigo explicó que en uno de sus investigaciones de campo las encuestas personales a trabajadores brindan resultados que no se registraban hace década y media atrás: muestran la existencia de más problemas de salud y deterioro del estado de ánimo asociados a problemas en el empleo o directamente por estar desocupado.

La tasa del 9,3 por ciento de desempleo del primer semestre del año refleja la ola inicial de despidos que el gobierno no tuvo ni vocación política ni interés económico de detener. En la segunda parte del año se está desplegando una ola de suspensiones que si se continúa la misma estrategia económica–laboral se convertirá en otra ola de despidos. Las empresas suspenden personal cuando tienen caída de la actividad pero manteniendo expectativas de una reactivación. Pero si la mejora en las ventas se demora el siguiente paso será el despido de ese trabajador enviado a su casa con un 50 al 75 por ciento de su salario. Despidos, suspensiones, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones, recorte de horas extra y fuerte caída del salario real es el escenario desfavorable que hoy padecen los trabajadores.

Es tal la descoordinación en la gestión de la política económica del macrismo que está teniendo resultados que sorprende tanto a críticos como a seguidores. Como se sabe, la economía enfrenta el trilema de empleo, inflación y crecimiento. Los tres objetivos a la vez con saldo positivo es muy difícil de conseguir, entonces se privilegia a dos de ellos. El anterior gobierno optó por el crecimiento y el empleo, con mejoras en la distribución del ingreso, pero con el costo de una tasa de inflación elevada. El macrismo planteó en cambio que su principal meta es bajar la inflación e impulsar el crecimiento. Pero el saldo de su intervención está siendo caótico: la tasa de variación de los precios apunta a ser la más alta desde el 2002, aumentó el desempleo y la economía está en recesión. No alcanzó saldo positivo en ninguno de los objetivos que plantea ese trilema. Además la inflación que más avanzó es la de los productos de consumo de la canasta de los sectores más vulnerables, que son a la vez quienes están perdiendo el empleo.

La forma más brutal de contener la demanda de los trabajadores es con la represión, como la dirigida hacia los trabajadores del Ingenio Ledesma en Jujuy, de la azucarera Tabacal en Salta, de Cresta Roja o municipales en Mendoza. Otra más general es el aumento de la tasa de desempleo. Su primer escalón en el 9,3 por ciento es el intento de empezar a moldear la herramienta de disciplinamiento de los trabajadores.

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