La audiencia pública fue un paso más en el dramático derrotero de infamia por el que la administración del Ingeniero Macri conduce la regulación de los servicios públicos y el acceso a la energía para los argentinxs. Las consecuencias sociales de este ajuste no tardarán en producirse. Es muy probable que los hogares, con énfasis los más humildes, se apliquen auto restricciones en el consumo de energía y empeoren sus condiciones de vida, con los riesgos que eso puede acarrear en la salud y el bienestar.

Para pensar la tarifa eléctrica se debe caracterizar a los hogares por su acceso a las redes de gas y agua potable. Existe en este sentido un grave sesgo en contra de los más humildes, que son la gran mayoría de los que no tienen agua corriente y gas de red, de manera que deben utilizar bombas para obtener agua de pozo y estufas eléctricas para calefaccionarse, y aumenta así su consumo de energía eléctrica. La insensibilidad militante de Macri hace caso omiso a estas problemáticas.

Para calcular el impacto social de este aumento estimamos una canasta de consumo energético con equipamientos y usos necesarios para el bienestar y el confort de una familia tipo, según su acceso a los demás servicios básicos. El objetivo es determinar los alcances necesarios de la protección y subsidio estatal para cubrir con la tarifa social a los hogares que gastarán en energía más del 10 por ciento de sus ingresos disponibles luego de comprar la canasta básica alimentaria. A partir de los niveles de ingreso y el acceso a los servicios en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires que describe la EPH–Indec, la tarifa social al consumo eléctrico deberá contener al menos al 30 por ciento de los hogares de menores ingresos que tengan gas de red y agua corriente; al 40 por ciento de los que tengan sólo uno de ellos (gas o agua); y al 70 por ciento de los que no poseen gas de red ni agua corriente. Sólo en esas condiciones, y con un aumento a 1000 KWH del pack de consumo subsidiado por mes, podrá morigerarse el drama social del aumento de tarifas.

Si la determinación y alcance efectivo de la Tarifa Social no alcanzara a esos hogares se agravarán las situaciones de pobreza energética, y con ello se reproducirá un mayor deterioro social, reforzando el drama derivado de la destrucción del empleo y la reducción del salario real.

La determinación de los ingresos familiares tope, los requisitos del trámite, el modo de la validación del beneficio y el desorden con las titularidades de las facturas pueden restringir el acceso al beneficio, que debe ser automático y eficaz. El sistema de incentivos debe diseñarse para que no haya presiones a la baja del consumo energético entre los hogares de menores ingresos y para que no se produzcan situaciones de deterioro de las condiciones de vida y la salud entre quienes más hay que proteger desde el Estado. Casos extremos como “desenchufar la heladera un rato” para ahorrar consumo pueden acarrear consecuencias severas en la salud y el bienestar. La administración además deberá contemplar todas las alternativas que pueden aparecer en forma particular, según las dificultades adicionales que tenga cada familia.

La cobertura de la tarifa social es materia de equidad distributiva y urgencia social, y debe plasmarse taxativamente en la regulación. Se trata de la vida en cientos de miles de hogares, sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El acceso no puede estar sometido a dificultades burocráticas ni barreras administrativas.

Por todo eso es que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad exige que el derecho a la Tarifa Social Única sea automático, y tenga una cobertura y ponderación que alcance a esos hogares en riesgo de caer en situación de pobreza energética, incorporando a sus titulares con un trámite sencillo y rápido.

* Economista, ex auditor de la Ciudad y actual consejero de la Defensoría del Pueblo.