El defensor subrayó la gravedad de la información revelada por el Acumar y lo calificó como "un nuevo llamado de atención al gobierno porteño por el incumplimiento del fallo de la Corte", que hace cinco años ordenó el saneamiento y la relocalización de las familias que viven en la orilla del Riachuelo.

Moreno remarcó, en diálogo con Télam, que "la demora en la relocalización implica un mayor perjuicio y daño" para las familias de la Villa 26 y que resaltó que "los plazos para la relocalización vencieron a mediados del año pasado", por lo que la gestión del PRO, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), "debería trasladar rápidamente a estas familias".

El defensor tutelar porteño también exigió al máximo tribunal y el juzgado federal que "le impongan una sanción a los funcionarios de la ciudad" por no cumplir con la medida ordenada.

Además, Moreno calificó de "gravísimo" que las viviendas a donde tienen que ser trasladadas las familias "aún no están terminadas" y denunció que "uno de los tres inmuebles destinados a la relocalización fue transferido a la Policía Metropolitana" por la administración de Mauricio Macri.