Desde Santa Fe

Tres marchas contra la impunidad se concentraron ayer en el casco histórico en demanda de justicia. Dos, frente a los Tribunales de la provincia. Una, convocada por familiares de víctimas de crímenes impunes y la otra, por la Asamblea Ciudadana en Defensa del Espacio Público, que resiste el negocio de las cocheras en el parque Alberdi que impulsa el intendente José Corral. Y la tercera, frente al Juzgado Federal de Santa Fe, hasta donde se movilizaron los estafados por el operador financiero Mario Rossini, dueño del Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.

El Palacio de Tribunales tiene cinco puertas de hierro; ayer, cuatro de ellas estaban cerradas con candados y la única abierta, custodiada con un refuerzo de guardias, mientras algunos patrulleros circulaban por los alrededores. Los familiares de víctimas de crímenes impunes se plantaron frente a la entrada principal, detrás de un cartel: "Justicia para Jorge Goiriz", un trabajador de 41 años que tuvo un incidente en la calle y murió en una comisaría. "Pedimos justicia y que por favor en la seccional 2 no golpeen más a nadie. Si tiene que haber un sumario administrativo, que lo hagan, porque hoy mi hermano no está más y ellos siguen en sus cargos. El simplemente fue a hacer una denuncia por una riña y me lo devolvieron en un cajón. El certificado de defunción decía 'muerte violenta' y la autopsia, 'neumonía'. Cómo puede ser?", se preguntó Esther Goiriz. En la marcha participó también María Milla, la viuda de Adrián Escobar, asesinado por la espalda a mediados de abril, cuando iba a su trabajo. Un colega la preguntó sobre la investigación del homicidio. "No pasa nada", contestó María.

A una cuadra, se concentraron otros desolados por la injusticia, también con sus pancartas. Eran las víctimas de una megaestafa que afectó a más de 400 ahorristas por decenas de millones de pesos. "Los estafados de Bolsafe Valores, el Mercado de Capitales del Litoral y el Banco Galicia", decía uno de los carteles. El reclamo apuntó al juez federal N2, Francisco Miño. Ya pasaron más de dos meses desde que el fiscal Walter Rodriguez y sus colegas Carlos Gonella y Pedro Biscay de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron la indagatoria de 49 operadores financieros. "Todavía no ha declarado ninguno", se quejó una de las damnificadas, María Gabás. "La investigación es muy lenta. Hay una serie de incidentes que plantearon las defensas que sólo logran entorpecer la marcha de la causa. Y mientras tanto, el juez no ha tomado ningún tipo de medidas para resguardar las acreencias de las víctimas porque corremos el riesgo de que los imputados se declaren insolventes", advirtió Gabás.

Un rato antes, el Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) apeló el fallo del juez Eduardo Sodero (Civil y Comercial 10), que convalidó la construcción de 300 cocheras semisoterradas en el parque Alberdi. Un negocio privado que adjudicó intendente Corral y tiene entre sus más fervientes defensores a su secretario de la Producción, Pablo Tabares.