La subsecretaria de Acceso a Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, informó que el Gobierno está trabajando en la redacción de los lineamientos para una ley modelo de atención integral a víctimas de violencia doméstica y sexual, que incluirá asistencia psicológica, médica, pericial y policial, para que cada provincia la implemente en su territorio. Además, detalló que el gobierno impulsará la unificación del fuero civil y penal, tal como funciona en otros países, entre ellos España. Y precisó que están trabajando en la puesta en marcha de un plan piloto para probar, en una jurisdicción de cuatro provincias, las pulseras electrónicas para controlar a los hombres denunciados por violencia machista contra su pareja o ex pareja, y en la reglamentación de la ley de patrocinio jurídico gratuito, aprobada a fin de 2015. Los anuncios fueron hechos en el marco de las V Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos y el V Encuentro de Fiscales de Género, que tuvieron lugar en la ciudad de La Rioja y en cuya apertura participaron el gobernador Sergio Casas, y el representante de la ONU en el país, René Mauricio Valdés, entre otros funcionarios.

Rodríguez trazó un diagnóstico de las políticas que encontró el macrismo al asumir el Gobierno en relación a las respuestas que el Estado ofrece a las mujeres. “Tenemos pocas políticas que les transfieren recursos económicos a las víctimas para poder tener autonomía económica cuando denuncian; existen pocos refugios en el país y algunos tiene barreras para su ingreso, por ejemplo, no dejan entrar a mujeres con hijos varones mayores de 16 años; los botones antipánico han puesto la responsabilidad (de protección) en las víctimas; hay una enorme inequidad geográfica: por ejemplo, el Programa de la Línea 137, que está bajo mi órbita, solo da cobertura en la ciudad de Buenos Aires. Un objetivo de nuestra gestión es ampliarlo al resto del país”, señaló la funcionaria. De todas formas, vale destacar que el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires se caracterizó por desmantelar la atención a las víctimas desde la Dirección de la Mujer.

Rodríguez aseguró que las reformas para mejorar la asistencia a víctimas en el sistema judicial tendrá “enfoque de género y derechos humanos”.

Sobre el uso del dispositivo electrónico dual o pulsera electrónica para los hombres denunciados, la subsecretaria indicó que se aplicará para asegurar una medida cautelar, es decir, que cumpla con las restricciones perimetrales o de exclusión del hogar. La funcionaria anunció que el Ministerio se encuentra en el proceso de compra de los dispositivos y que se usarán, a modo de prueba piloto, en una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y en las ciudades de Córdoba, Chubut y Salta. La idea es que “la víctima pueda recuperar su vida cotidiana y no esté en estado de alerta constante”, destacó. Además, informó que en la cartera de Justicia están preparando la reglamentación de la ley de patrocinio jurídico gratuito, aprobada por el Congreso a fin de 2015. “Seguramente haremos una prueba piloto en Tucumán. El problema no es presupuestario sino como garantizar un servicio de calidad”, añadió. “Nos preocupa el control de la calidad en los casos. Veremos si implementamos auditorías. Van a tener que hacer un curso on line teórico y otro práctico y presencial los abogados que se anoten”, señaló.