La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá intervenir, como querellante, en una causa contra los propietarios de talleres textiles ilegales ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, en los barrios porteños de Parque Chas y Floresta, respectivamente. Así lo decidió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que revocó dos fallos en contrario del juzgado de Instrucción y de la Cámara de Apelaciones. En la causa, que fue abierta el 20 de diciembre de 2012, el fiscal federal Federico Delgado había pedido, en 2013, la declaración indagatoria del titular de la conocida cadena de tiendas comerciales Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, en una causa por el delito de “trata de personas” a través de la explotación laboral de inmigrantes en talleres textiles ilegales que trabajaban para su firma.

El planteo fue formulado por el fiscal Delgado en la causa que tramita ante el juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó, además, la indagatoria de los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, “los responsables de la firma que ofició de proveedora” de indumentaria para Fallabella, así como la de Robert Egber Tupino Yncacutipa, el responsable de haber “montado un taller ilegal”.

La causa se inició el 20 de diciembre de 2012, cuando un funcionario de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP denunció ante la Cámara Federal “el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, ambos de esta ciudad”.

Según el dictamen de la fiscalía, allí trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente 2500 pesos, de los cuales 1000 eran retenidos para abonar comida y vivienda. En el informe de la Fiscalía federal se dijo que “las condiciones de higiene del lugar eran deplorables”.

La investigación dispuesta por Delgado “confirmó el efectivo funcionamiento de ambos talleres textiles”, mediante allanamientos ordenados por Bonadio que “se realizaron, en forma simultánea, el 12 de marzo de 2013”. El fiscal puntualizó que “los operadores judiciales vemos todos los días en tribunales montones de causas que giran en derredor de talleres textiles clandestinos”.

Destacó que “son procesos que tienen matices propios, pero rasgos comunes. Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables. A su vez, son regenteados por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones. No obstante, siempre hay un amo”. Entre la ropa que allí se confeccionaba se encontraron “bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino”, todas vinculadas con la misma firma.