“Hay varias causas en trámite, que incluyen delitos como amenazas con armas, robo y usurpación violenta de casas”, dijo una fuente judicial, en relación con las denuncias efectuadas por inmigrantes bolivianos que viven en la Villa 1.11.14. “La maniobra consiste en el ingreso veloz y violento a la casa: además de robar dinero y objetos, la ocupan e inmediatamente después la venden, o concretan una ‘venta’ pactada con anterioridad. Se efectuaron allanamientos, con participación de personal de Gendarmería, pero no dieron los resultaron buscados, ya que no fue posible encontrar a los actuales ocupantes de las viviendas, pese a que los procedimientos tuvieron lugar en diversos horarios. No se pudo encontrar a nadie en las casas, que sin embargo tenían signos de estar habitadas”, contó la fuente.

–Es gente ya conocida a partir de causas anteriores, y ellos no desconocen el movimiento judicial; conocen la villa más que nadie, saben cómo moverse y qué esperar luego de haber cometido un delito de esta naturaleza –contestó la fuente judicial–. Luego de esos allanamientos, el juez volvió a remitir la causa a la fiscalía para que la investigación continúe.

–La prueba se dificulta porque es difícil que alguien pueda acreditar la propiedad: los denunciantes presentan papeles privados, como si se tratara de un teléfono o una licuadora. Por otra parte, los fiscales se han reunido varias veces con Gendarmería y Policía Federal para tratar de prevenir estos hechos, pero son manzanas muy complicadas.

Intervienen la fiscalía de Nueva Pompeya y Parque Patricios, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, y el juzgado de instrucción 22, a cargo de Guillermo Rongo.