La justicia porteña ordenó al ministerio de Educación de la Ciudad que mantenga la vigencia y garantice la continuidad de los Proyectos Pedagógicos Complementarios que desde hace más de diez años se llevan adelante en ocho escuelas de nivel medio ubicadas en villas y barrios vulnerables, para brindar a los alumnos ese espacio, que en muchos casos “constituye una medida de acción positiva con el objetivo de lograr inclusión y calidad educativa”.

La resolución fue la respuesta al pedido de amparo impulsado por la Asesoría Tutelar N° 1 a cargo de Mabel López Oliva; la cautelar regirá hasta tanto exista sentencia definitiva y firme, aunque la Justicia sí aceptó la apelación presentada por la administración porteña pero sin efectos suspensivos. El ministerio había previsto suspender esos proyectos desde ayer, como parte del plan de la “Nueva Escuela Secundaria”.

El juez Roberto Gallardo, que fue titular del juzgado de feria N° 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, habilitó la feria para dar lugar al amparo solicitado por la Asesora Tutelar Oliva, para garantizar el derecho a la educación de chicas y chicos de las escuelas de Educación Media N° 2 del Distrito Escolar (D.E.) 20°, N° 2 del D.E. 16°; N° 4 del D.E. 19°; N° 6 del D.E. 1°; N° 2 del D.E. 13°; N° 2 del D.E. 14°; N° 3 del D.E. 10° y N° 6° del D.E. 5°. Además, le indicó que “garantice su continuidad mediante las medidas de acción positiva que pudieran resultar necesarias”.

En su pedido al juez, la Asesora Tutelar había detallado que, “en muchas de las escuelas con población descendiente de pueblos originarios argentinos o de países limítrofes” los Proyectos Pedagógicos Complementarios constituyen “una medida de acción positiva con el objetivo de lograr inclusión y calidad educativa”. Ese proyecto, repasó el juez Gallardo, “integró docentes bilingües que trabajaron en la multiculturalidad de la comunidad educativa, permitiendo la permanencia de los adolescentes en la misma y un acercamiento de la familia a la institución educativa”.

El juez Gallardo señaló en su resolución que la Constitución porteña “señala el norte al que deben dirigirse las políticas públicas: priorizar a los más vulnerables, a los pobres, a los excluidos. Beneficiar a las zonas más necesitadas. Y ejecutar prácticas de nivelación que superen las asimetrías territoriales y eviten la conformación de una sociedad dual en donde unos disfrutan de sus derechos y otros esperan”.