El juez federal Sebastián Casanello salió ayer al cruce de las insólitas versiones que se hicieron correr en la última semana y que, como es habitual, encontraron a algún abogado o legislador dispuesto a convertirlas en denuncia, con el simple agregado de un recorte o un video. “Nunca me reuní con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca estuve en la quinta presidencial de Olivos. Jamás recibí una contraprestación de ninguna especie para que tome una decisión jurisdiccional en uno u otro sentido”, señaló Casanello en un inhabitual comunicado, donde denunció “una operación calumniosa que busca afectar mi honor e interferir en mi labor como juez”. El magistrado integrará el grupo que se reunirá con el Papa Francisco mañana, de manera que partirá a Roma en la jornada de hoy.

Desde hace meses hay una ofensiva para sacar a Casanello de las causas delicadas que tiene a su cargo, en especial tres casos: el expediente en que se investiga a Lázaro Báez y su entorno; el escándalo de Panama Papers y la aparición de cuentas de funcionarios, entre ellos el Presidente, en paraísos fiscales; y la investigación por las muertes en Costa Salguero en la fiesta electrónica de Time Warp. Seguramente, a la administración macrista no le pasó inadvertido que ayer el juez fue más allá de la acusación del fiscal en Time Warp. Federico Delgado imputó a los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y Casanello se mostró equidistante: así como procesó a los organizadores por crear las condiciones para vender estupefacientes y por abandono de persona seguido de muerte, lo mismo hizo con los funcionarios porteños de Cambiemos. Semejantes resoluciones agudizan la voluntad del Gobierno de sacar a Casanello de la cancha, para lo cual opera al máximo nivel la escudería judicial del ex jefe de Operaciones de la SIDE Horacio “Jaime” Stiuso.

Las maniobras recrudecieron en la última semana. En primer lugar, se difundió que Casanello estuvo reunido en más de una oportunidad con la ex presidenta y con Báez en la quinta de Olivos. Desde Calafate, Cristina fue contundente. Aseguró que nunca se reunió ni con Casanello ni con ningún otro juez, menos aún en forma secreta, durante su mandato. A través de las redes sociales, la ex presidenta afirmó el domingo: “No conozco a Casanello. Nunca lo vi en mi vida”.

Esta primera operación derivó en una presentación de Leandro Báez que, entre otras razones, recusó a Casanello con el insólito argumento de que el juez estuvo con Cristina porque un columnista de La Nación lo publicó como versión. Luego se difundió un segundo capítulo de la misma operación asegurando que un entrecruzamiento de llamadas demostraría que el juez atendió su celular en Olivos en dos oportunidades. En las presentaciones judiciales no se acreditó nada de lo publicado. Tanto la ex mandataria como el juez desmintieron la versión en todos sus aspectos: afirman que nunca se vieron, que no se conocen, que no se reunieron en Olivos ni en ningún otro lado, que jamás hablaron siquiera por teléfono.

La otra operación fue protagonizada por el periodista Eduardo Feinman en el programa Animales Sueltos. Sin filtro, el columnista dijo que Báez le pagó a Casanello 3 millones de pesos para asegurarle impunidad y cerrar la causa antes del 10 de diciembre. Como es obvio, no aportó ninguna evidencia, pese a lo cual uno de los abogados que convierten versiones periodísticas en denuncias utilizó los dichos para abrir otra causa más en Comodoro Py. Los hechos en sí mismos parecen desmentir la versión: Casanello fue quien ordenó la detención de Báez, lo procesó y seguramente hará otra vez lo mismo respecto del ingreso de dinero proveniente de Helvetic Group. El segundo procesamiento es inminente. Por otra parte, no hay cierre posible de una causa sin que intervenga un fiscal y sin el visto bueno de una Cámara. Como en el caso anterior, la versión no tiene el objetivo de que se compruebe su veracidad sino sumar un elemento, aunque sea falso, para conseguir el apartamiento de Casanello.

El objetivo de estas operaciones es conseguir, de la manera que sea, que se incluya en la causa a Cristina Fernández de Kirchner. Tuvieron un primer obstáculo: en la guionada confesión de Leonardo Fariña, éste dijo que CFK no estaba al tanto de los supuestos acuerdos de Néstor Kirchner y Lázaro Báez. Después, por algún motivo cambió sus dichos y le sugirió a Báez que vaya contra la familia Kirchner. No por nada consiguió su libertad.

El propio fiscal Guillermo Marijuan aportó su granito de arena. Cuando los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) señalaron que en la causa también debía investigarse a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y socio de Báez en algunas obras, el fiscal dictaminó que en este expediente no se estaban investigando las obras públicas. Si Marijuan sostuvo esa óptica, el puente hacia CFK se hizo más difícil. El juez y el fiscal ratificaron que el expediente se centra en que Báez utilizó facturas falsas para no pagar impuestos y fue esa plata de la evasión la destinada al lavado de dinero.

Justamente en las 39 páginas del escrito presentado el lunes, Báez se defiende de esos dos delitos. El empresario destinó 38 páginas y media a decir que ninguna de las empresas con las que contrató fueron fantasmas, que todas intervinieron en la construcción de la parte de ripio de las rutas y que la acusación es falsa. También reivindicó al gobierno kirchnerista a lo largo de todo el escrito, señaló que ganó licitaciones –según él– estrictamente controladas por el Estado y, además, por las otras empresas oferentes. Reiteró que figura en el puesto 39 de las compañías en cuanto a la contratación de obra pública. En la última media página, Báez afirmó que si hubiera sospecha de sobreprecios no sólo debería investigárselo a él, sino también a los diputados y senadores de todas las bancadas que pusieron la base de las licitaciones, a los funcionarios que aprobaron y controlaron los proyectos y a todas las empresas que intervinieron en las licitaciones. En ninguna parte de esos ocho renglones se menciona a CFK, todo el escrito está destinado a decir que no hubo empresas fantasmas ni sobreprecios. Pese a ello, algún medio se despachó con el título de que Báez acusó a la ex presidenta.