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Somos varios los que pensamos que seguridad rima con democrática. Así surgen propuestas vinculadas con lo que no queremos; con lo que no creemos. No queremos, en apretada síntesis, más violencia (idea seguramente compartida por una gran mayoría), pero tampoco queremos discursos facilistas, respuestas de ocasión, propuestas conformistas del tipo más cámaras de vigilancia y patrulleros para resolver el asunto, medios de comunicación que amplifican pero no codifican; no queremos cortoplacismo y no queremos recetas selladas y firmadas que históricamente fracasaron.

Todas éstas son cuestiones que no queremos ni creemos, habitualmente utilizadas en marcos provinciales, vendidas en las mesas de saldo de lucro electoral.

Algunas pinceladas para compartir acerca de las primeras propuestas. La primera motivación, que da marco a la tarea, es que entendemos la seguridad pública como la situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente el goce pleno de sus derechos. Esta contextualización de seguridad democrática claramente supera el tradicional planteo acerca de seguridad sólo como expectativa de no verse expuesto a hechos de violencia física.

Desde esta perspectiva, intentamos relacionar indisolublemente las ideas y las acciones. Este ejercicio de praxis busca vincular las ideas con el trabajo diario. Propone en el ámbito político y social pero busca horizontalizar en los barrios. Empoderar a los sin voz, pero sin traducciones ni mediaciones. Posiblemente el proceso que se pretende democrático tenga siempre este gran desafío, escuchar, generar, recrear, volver a escucharnos y así sucesivamente.

Un buen comienzo es interpelar e interpelarnos en torno a la violencia y el conflicto.

Así irán surgiendo las ideas matrices que se irán constituyendo en áreas de trabajo.

Esencialmente intentar el cambio de paradigma acerca de la seguridad; una seguridad democrática con sustento político profundo. En este sentido, la seguridad está enmarcada en el contexto de la Gestión de la Conflictividad, como política esencial, con un horizonte reductor de violencia en todas sus manifestaciones.

Si éstas fueran las líneas conductoras –nosotros así lo creemos–, deberá trabajarse con líneas rectoras de política criminal y refundar las capacitaciones y sentidos políticos de la policía. Policía que generalmente es presentada como el actor principal en la política de la seguridad. Funcionales a los proyectos políticos de turno y garantes de la tranquilidad; pantalla de lo que se hace mal y lo que se hace bien, y forma velada también de evitar compromisos y decisiones de los políticos del Estado.

Pensamos la cárcel y todo lo vinculado con el sistema penitenciario. Obligación será trabajar con los medios de comunicación en sentido amplio, sus cuotas de responsabilidad e irresponsabilidad.

El Poder Judicial debe pensarse de igual modo, en tanto existe para y por los conflictos, y no tiene en general un abordaje sistémico de su labor y objetivos en relación con ellos.

En medio, algunos pensamos que las buenas políticas de gestión son a mediano y largo plazo; que los tiempos complejos que vivimos exigen necesaria interdisciplinariedad y abordajes también complejos, y que en definitiva de lo que se trata, lo que subyace y sobrevuela es el paradigma cultural –en tanto estado mental de un pueblo–, que lo que no venda sea la violencia; porque los conflictos jamás terminan, se gestionan mejor o peor o no se gestionan, pero siempre existirán.

Reducir la violencia es una tarea de todas y todos, en la escuela, en la calle, en las legislaturas y juzgados; pero es desde ya una política, sostenida; así lo entendemos, por ahí vamos.

* Miembro de la organización civil Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad. Abogado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Neuquén.