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Fallo a medida, envuelto en servilleta

 Por Mario Wainfeld

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro y diputado Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre una lista de ex funcionarios. Cero sorpresa en la causa sobre “dólar futuro” porque lo vino filtrando a medios amicales desde hace meses.

Se cuidó de ordenar la prisión preventiva de Cristina, para la que allanó el terreno. Había lanzado globos de ensayo en la prensa afín. Algo lo disuadió y lo indujo a escribir los únicos párrafos sensatos de una decisión lamentable. Cristina Kirchner, confesó Bonadío, no obstruye la causa y ha estado a derecho permanentemente. Apresarla constituiría un atropello institucional, el juez pisó el freno. Se ignora si leyó por sí solo el contexto político o si lo aconsejaron los operadores judiciales macristas o su personal trainer, a la sazón presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti.

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Los fundamentos de la decisión son largos y forzados. Ya se irán conociendo las críticas de los procesados y el debate académico y periodístico. A cuenta señalemos algunas de sus fallas, a título de primera lectura y sin afán de agotar el debate.

El primer escollo, abundantemente expuesto, es que Bonadío judicializa una decisión política. En principio, muy extensivo, es impropio considerar delitos a medidas de gobierno, así resultaran equivocadas o perjudiciales. La regla reconoce excepciones, muy contadas. No da la impresión que este caso lo sea.

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El juez, sin asumirlo, parece adscribir a las corrientes (de derecha) que describen a la economía como una rama de las ciencias naturales. La devaluación, entonces, no fue un hecho futuro e incierto sino algo así como un fenómeno gravitatorio. “Tenía” que suceder, incluso en su magnitud. Para arribar a una conclusión tan forzada Bonadío rehúye notar dos decisiones posteriores a las medidas de los procesados y ajenas a su voluntad. La del pueblo soberano que votó mayoritariamente por el presidente Mauricio Macri prefiriéndolo al ex gobernador Daniel Scioli. Y la del gobierno macrista que devaluó a su modo: de manera brutal, apresurada, a favor de los sectores concentrados de la economía. Si Scioli hubiese vencido o si el macrismo hubiera honrado sus promesas, otro sería el cuadro.

Tan enfática es la fe de Bonadío en las leyes exactas de la economía y tanta su afinidad con el gobierno que en un tramo escribe “devaluación” así, con comillas. Recuérdese que el relato macrista adujo que se levantó el cepo y jamás franqueó que había devaluado.

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Otro punto flaco es la responsabilidad atribuida a Cristina Kirchner pese a que no tomó las medidas, ni firmó las normas respectivas.

Bonadio acude a la fantasía como base de una acusación criminal. Explica que por su cargo es seguro que dio la orden.

Las evidencias elegidas por Su Señoría para sustentar la corazonada son asombrosas. Acumula citas de diarios de negocios o de gurúes económicos como pruebas de cargo. Los chismes de quincho sobre intrigas, designaciones o eyecciones de funcionarios se toman como verdad revelada.

Cualquier persona inteligente, y Bonadío lo es, sabe que no se trata de hechos comprobados sino de sanata, proferida por voceros interesados.

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Cristina tenía, alega el juez-fiscal, el dominio de los hechos. En cuestión de medidas administrativas no alcanza la sola jerarquía política superior para comprobarla.

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Si Comodoro Py funcionara en serio (no se ría, por favor) la decisión sería revocada por la Cámara. En el contexto real nada es seguro.

Las partes apelarán. Deberá dictaminar la Fiscalía, que jamás imputó a la ex presidenta. La presión de los palcos VIP y las tribunas de doctrina entra en tensión con el sentido del deber y la seriedad. El trámite a seguir incluye elevación de la causa, papeleo y una audiencia como pasos previos a la sentencia.

La Cámara manejará los tiempos y todo indica que lo hará visteando el escenario político. De cualquier forma, no tiene margen para dilatar mucho un asunto tan candente.

Seguramente estará en condiciones de resolver a fines del mes que viene. O a principios de julio, justo cuando la inflación descenderá al subsuelo.

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Un jurista radical redactó la denuncia presentada por su correligionario diputado Mario Negri y por el senador de PRO Federico Pinedo. En homenaje al abogado y ex juez, que ha escrito piezas más recordables y nobles, cabe aclarar que no acusaba a Cristina. Y, por lo que chimentan baqueanos de Tribunales, no estaba al tanto de las operaciones con dólar futuro que realizaron funcionarios de Cambiemos, cuando estaban en la sociedad civil. Diz que cuando se enteró puso el grito en el cielo.

Los funcionarios M están acusados por haber sacado partido del delito que denuncian. Su línea de defensa es separar la esfera privada de la pública. Alegar que compraron como particulares, después llegaron al estado. Tiene alguna lógica… para casi todos.

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana,

está en apuros. Era director de Farmacity y CEO del Fondo Pegasus que compraron más de once millones de dólares. Hasta ahí sería un pícaro de la City, como sus pares. Pero Quintana se pasó al otro lado del mostrador después del 10 de diciembre. Tomó parte en decisiones que fijaron el valor de las divisas que sus empresas iban a cobrar…. Lo público y lo privado se entreveran demasiado.

Quintana es un grano en la estrategia judicial de Bonadío y de Cambiemos. Ralentar los trámites que le conciernen es una tentación grande. Habrá que ver.

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Bonadío divulgó anteayer el fallo que tenía en su compu desde hace semanas. Buen día para difundir: tapa de diarios ayer y buenas perspectivas para hoy. Para que tomen nota quienes se quejan porque el oficialismo no comunica bien.

Su aparato mediático es no convencional: lo componen los medios dominantes, lo fogonean jueces repudiables y algunos comunicadores estatales o privados hacen el resto.

En una semana esquiva, con agenda fijada por los adversarios, el macrismo pudo brindar por el fallo de Bonadío y por el neo golpe en Brasil (ver notas aparte). Dos hechos construidos por coaliciones de tres patas: la derecha política, la corporativa con vanguardia mediática y la judicial. Son de temer, no solo por el apellido del presidente de Brasil.

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