Las 4040 cuentas de argentinos ocultadas en el HSBC Private Bank de Ginebra revelan la existencia de un sector importante del empresariado nacional que estructuralmente fuga capitales del país, en complicidad con parte del sector bancario que facilita el camino para la salida de los fondos provenientes de la evasión fiscal y otros ilícitos. La creación de una comisión bicameral parlamentaria para investigar el fenómeno me retrotraen doce años, cuando a la luz de la debacle del 2001 y como respuesta a una iniciativa de mi parte, en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación se creó una Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas.

En 1970 el stock de capitales locales acumulados en el exterior ascendía a 921 millones de dólares. Para 1989 ese importe había crecido a 43.078 millones de dólares. El período comprendido entre 1975 y 1983 fue durante el cual se produjo el crecimiento exponencial: de 3566 millones de dólares acumulados por argentinos en el exterior la cifra saltó a 32.214 millones de dólares. Esa fue la etapa de la última dictadura militar, que con el argumento de generar condiciones para las inversiones contó con el apoyo del empresariado y las grandes corporaciones económicas de la industria, el campo y las finanzas. Sin embargo, no sólo no invirtieron, sino que además fueron los protagonistas excluyentes de la fuga de divisas.

En etapas de crisis, la volatilidad y la incertidumbre incentivan la fuga de capitales en cualquier país. En Argentina, corresponde adicionar la existencia de un fenómeno estructural relacionado fundamentalmente con el comportamiento de los sectores concentrados del capital local y multinacional. Así, durante los años de la convertibilidad la fuga asumió montos exageradamente elevados. El incremento de los activos externos registrada entre 1992 y 2001 se situó entre 60.412 y 73.332 millones de dólares. De esa forna, el total de los activos externos en el año 2001 oscilaba entre 114.154 y 127.074 millones de dólares, dependiendo de la forma de estimación.

Con esos datos podemos afirmar que por cada dólar invertido por empresas extranjeras hubo 90 centavos de dólar pertenecientes a residentes que se fugaron de la economía. Es decir, el proceso de “inversión” se pareció más a un mero canje de activos que a una verdadera expansión del horizonte productivo del país.

El sector privado no financiero fue el agente más dinámico de la fuga de divisas, mientras los bancos operaron como autopista que posibilitaron la salida de capitales. Del total del monto transferido, el 16,6 por ciento lo hizo a través de la banca privada nacional. En tanto, la banca extranjera explicó nada menos que el 75,2 por ciento. El Citibank, Banco Río de la Plata, Galicia y HSBC fueron los más utilizados por las empresas y las personas físicas para sus transferencias al exterior.

Como puede apreciarse, la actitud del HSBC no es nueva ni original. Debe observarse que, de acuerdo con la legislación, los bancos locales no pueden abrir cuentas en el exterior desde nuestro país. A su vez, el banco que otorga el préstamo con garantía de depósitos del solicitante en el exterior estaba obligado a informar al BCRA cuando esos depósitos eran sospechosos. Indudablemente que no hubo información significativa por parte de las entidades financieras. En una clara actitud de ocultamiento determinamos que las omisiones en la información dada al Banco Central llegaron al extremo de no declarar entidades controladas en paraísos fiscales. Ni siquiera cumplían con los regímenes informativos con fines estadísticos. Así nos encontramos que las transferencias efectuadas al exterior no tuvieran un motivo declarado o lo hicieron en forma ambigua en más del 76 por ciento de los casos. Así fue como “otros movimientos de capitales”, “otros giros al exterior”, “movimientos de capitales varios” y similares eran los conceptos con que definían el campo, llegando al extremo que en una inusual muestra de solidaridad el promedio de giro al exterior por el concepto “ayuda familiar” fue de 28.000 millones de dólares.

El informe final de la comisión fue enviado a fines de octubre del 2003 a la AFIP, a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributario y Contrabando (Ufitco) y a la Procuración General de la Nación, donde formaron el expte. interno nro. 5424/03, remitiéndolo al fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones y lo Criminal y Correccional Federal. La historia se repite y la investigación puesta en marcha en el Congreso tiene, en la tarea que realizamos hace una docena de años, un formidable antecedente para demostrar conductas sistémicas.

* Ex diputado nacional, presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados en 2001.