Un día antes de que se trate en el Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento, las cámaras patronales que integran el autodenominado Grupo de los Seis (G-6) definieron avanzar en una presentación judicial para invalidar los alcances de la iniciativa. En un nuevo intento por sumar presión para evitar que se sancionen las modificaciones a la norma que busca proteger a los consumidores de abusos por posición dominante, las asociaciones empresarias con mayor poder de lobby se reunieron ayer para analizar los pasos a seguir en su cruzada contra la reforma. Los titulares de las cámaras de la Construcción, de Comercio, de Industria, bancos de capital local, la Bolsa porteña y la Sociedad Rural se encontraron en las instalaciones de la Unión Industrial. El presidente de la UIA, Héctor Méndez, sostuvo que este año no habrá festejos por el Día de la Industria (cuyo aniversario fue ayer), porque “no hay motivos para festejar”.

“Es un Día de la Industria con enorme tristeza. De hecho, la UIA no festeja nada, y vamos a pasar todo para fin de año. Hoy no están dadas las condiciones para festejar nada”, aseguró el anfitrión del encuentro patronal. Si bien la industria en los últimos meses evidencia dificultades en sintonía con la situación regional, los términos con los que se refirió Méndez no se condicen con el desarrollo de la actividad manufacturera de los últimos años. En la última década la industria acumuló un crecimiento de 106 por ciento, con lo que duplicó el desempeño del resto de los países de la región. Según un relevamiento realizado por el Geenap, entre 2003 y 2013 la industria argentina creció cinco veces más que la brasileña. El Gobierno realizará una cena en Tecnópolis el 10 de septiembre para conmemorar el Día de la Industria.

La pelea de fondo del G-6 pasa por evitar que se controlen las abultadas ganancias del sector empresario. De los tres proyectos enviados al Senado el que mayor rechazo genera es el de Relaciones de la Producción y el Consumo, que establece márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios. Es la iniciativa que reemplaza la Ley de Abastecimiento.

Las cámaras empresarias insisten en que el proyecto es inconstitucional, a pesar de los cambios introducidos por el Senado en línea con sus reclamos. Los empresarios ratificaron que recurrirán a la Justicia si la iniciativa es aprobada por el Congreso. “Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley”, señaló el dirigente massista José Ignacio de Mendiguren. El empresario textil reconoció que en las discusiones de comisión en el Senado se limaron algunas asperezas, pero dijo que “el fondo del problema sigue, que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores”. Mendiguren confirmó la presentación judicial a través del Estudio Casagne, el mismo bufete que representa al diario La Nación en la deuda que mantiene con la AFIP por unos 280 millones de pesos, y a la Sociedad Rural, en el caso de nulidad del contrato por el cual esta corporación agropecuaria obtuvo la propiedad del predio ferial de Palermo.

“En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como ésta van en sentido contrario”, expresó el diputado por el Frente Renovador, quien sostuvo que el G-6 está a favor de “la defensa del consumidor”. El titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, coincidió en que “se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada”. En un comunicado difundido tras el encuentro, los empresarios reclamaron al Poder Legislativo “tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento”.