La calificadora de riesgo Moody’s afirmó ayer que el proyecto de ley para el cambio de domicilio de pago de los bonos reestructurados “tiene perspectiva negativa para la deuda soberana, de los bancos y de las empresas”. En un duro comunicado contra el país, la agencia –que junto a Fitch y Standard & Poor’s son cuestionadas por su ineptitud al prever la última crisis global– afirmó que “la intención de eludir la justicia de los Estados Unidos pone de relieve el débil marco institucional del país”. La agencia no hace referencia al marco de leyes locales que impiden pagarles a los buitres por encima del resto de los bonistas. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que éste no es un gobierno genuflexo que se vaya a arrodillar ante los intereses de un grupo de fondos buitre.

El funcionario sostuvo en su habitual conferencia de prensa que a los buitres no les importa cobrar la sentencia. “Lo que a ellos les importa es ser un ariete para cuestionar permanentemente a este gobierno”, aseguró Capitanich. Reiteró que el Gobierno “tampoco convalidará una sentencia de imposible ejecución”, en referencia al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa que implica el pago en efectivo de 1330 millones más intereses a un grupo de fondos especulativos con tenencias en bonos argentinos en default.

Con el objetivo de mantener la cadena de pagos con los bonos performing y evitar un nuevo episodio de cesación de pagos, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para cambiar el lugar de pagos de la deuda. La calificadora Moody’s alertó –con tono de amenaza– que la participación de los bancos argentinos en un canje de ese tipo los llevaría a un mayor aislamiento de la comunidad financiera internacional, que podría traer perturbaciones significativas a la economía y sería perjudicial para las corporaciones. Pese a la alerta, la agencia puntualizó que “un enfoque más beligerante por parte de la Argentina alejará al país de los mercados financieros internacionales y colocará a las reservas bajo presión”. El informe no hace alusión a la ilegalidad de trabar el giro de los fondos para el cumplimiento de los compromisos del país con sus acreedores. Por el contrario, enuncia como posibilidad o recomendación que Griesa se interponga en el canje.