En ciertos círculos de análisis político- económico, tanto del arco conservador como del denominado progresismo, existe el convencimiento de que “el relato” oficial es el dominante. La mayoría de la población ha quedado atrapada entonces de esa historia que la engaña sobre su verdadero estado de situación. Consideran que todo se trata de una ilusión colectiva construida por un eficiente manejo de la información que ha podido influir y adormecer conciencias. Afirman que esa farsa no permite observar que no han mejorado las condiciones laborales, ni ha disminuido la pobreza; que la inflación ha destruido el poder adquisitivo; que no se crece tanto como reflejan los indicadores oficiales; que el consumo popular se ha deteriorado y que la clase media no está mejor; que no ha habido una política de desendeudamiento ni de reindustrialización, o que el tipo de cambio está atrasado. Si fuese una cuestión de definir influencias sobre la sociedad, “el relato” liderado por economistas del establishment y sus tradicionales voceros es el hegemónico en el debate público con tono negativo, anunciando la inminencia de una crisis. Se debería evaluar con más detalle cuál es el grado de amplificación de cada uno de los relatos. El análisis adquiriría mayor densidad y se obtendrían respuestas más elaboradas si en lugar de enredarse en disputas por “relatos” se observaran las políticas efectivas y sus resultados. Por ese sendero se comprendería un poco más el comportamiento mayoritario de la población, tanto en las urnas como lo que expresan en encuestas sobre los temas de preocupación.

Una colaboración en ese sentido se encuentra estudiando el Presupuesto nacional, marco global de la organización económica sobre el destino del gasto público y las fuentes de los ingresos recaudados. Después de un año sin contar con esa herramienta fundamental por el bloqueo aplicado por la oposición en el debate parlamentario, esta semana el Congreso aprobó el Presupuesto 2012. Si se recorren las críticas principales a esa iniciativa, casi todas se concentraron en que se trata de un dibujo por las proyecciones de las diferentes variables. El relato dominante sólo habla de esas estimaciones. Detenerse exclusivamente en los números más que en la orientación y el impacto en la economía del Presupuesto es un típico abordaje conservador. Este puede ser uno de los motivos de la escasa relevancia de esas observaciones en la consideración social. Más importante es la discusión sobre la concepción económica que expresa ese plan de gobierno, puesto que a través de la política de impuestos y de gastos se altera la distribución del bienestar social.

En un reciente trabajo publicado por el Cefid-Ar, Jorge Gaggero y Darío Rossignolo definieron el objeto de su investigación desde el mismo título del documento: “Impacto del Presupuesto sobre la equidad”. Esta es una cuestión más sustancial que unos puntos porcentuales más o menos en la proyección de la inflación. Esos economistas señalan que el primer paso para medir ese impacto es determinar cuál es el indicador de distribución del bienestar. Esto significa definir la incidencia conjunta de la política tributaria y la del gasto público social por comparación antes y después de la acción de la política fiscal. Se determina así si resulta regresiva o progresiva esa política y, por lo tanto, su impacto redistributivo. Explican que este tipo de estudios tiene por objetivo estimar los efectos de la acción estatal sobre la sociedad, y en particular conocer cómo, mediante la recaudación de impuestos y otras contribuciones y la provisión de bienes y servicios sociales, el Estado puede corregir la distribución del ingreso.

La complejidad de esa investigación como su rigurosidad quedan en evidencia en que más de un tercio del documento de 118 páginas se dedica a precisar el origen de la información, la metodología empleada y las restricciones encontradas. Es notable la cantidad de cuadros explicativos con cifras y la variedad de fuentes empleadas, además de realizar una detallada enumeración de los conceptos que forman parte del “ingreso disponible” y de aquellos que deben excluirse en su estimación.

Gaggero y Rossignolo mencionan que un estudio de incidencia del gasto público permite conocer el grado de focalización de los gastos e identificar las características socioeconómicas de los beneficiarios. Y precisan que “es interesante analizar el cambio en el nivel y la composición del gasto público de 1997 a 2010”. En 1997 el gasto total alcanzaba el 30,3 por ciento del PBI, reduciéndose a 29,2 en 2002, mientras que en 2010 fue de 45,5 por ciento. En cuanto a su estructura, el gasto público social aumentó alrededor de 10 puntos del PBI entre 1997 y 2010, mientras que el gasto en servicios económicos también evidenció un fuerte incremento, de 2,2 a 6,4 por ciento del PBI. El gasto en servicios de la deuda fue el único rubro que registró una reducción de su importancia en relación con el PBI.

En esa investigación se presentaron los resultados del gasto con relación al ingreso disponible por decil poblacional (el total de las personas divididas cada 10 por ciento según su nivel de ingresos). “Puede advertirse que los gastos totales benefician en una magnitud varias veces superior a su propio ingreso a los tramos de ingresos más bajos, mientras que esta proporción decrece a lo largo de los deciles”, apuntan. Para agregar que al considerar los distintos rubros del gasto público, puede advertirse que el que más beneficia a los tramos de ingresos inferiores resulta ser el gasto público social, que explica más del 75 por ciento del total de la mejora en el ingreso del primer decil.

El efecto redistributivo neto fiscal se pone de relieve también al comparar, para cada estrato (decil), el monto de los impuestos que inciden sobre el mismo con los beneficios que recibe del Estado. “En la búsqueda de un efecto neto progresivo sobre el ingreso debe tenerse presente el papel que juegan tanto los ingresos obtenidos por la vía tributaria como el destino dado a estos fondos. Del resultado conjunto de ambos, tributos y gastos, se obtendrá el impacto sobre cada uno de los deciles de familias. Ello implica que si se logra un efecto muy progresivo a través de la acción del gasto, pero simultáneamente se produce un efecto muy regresivo por la acción de los impuestos sobre el mismo grupo de familias, se estará atenuando (o, llegado el caso, anulando) la acción redistributiva del presupuesto público”, indican Gaggero y Rossignolo. Para señalar que, como sucede en la mayoría de países, el efecto neto presupuestario es mucho más progresivo en su distribución que la incidencia de los impuestos. El gasto con mayor fuerza redistributiva es el social.

Luego de desarrollar ese esquema analítico acompañado de las correspondientes cifras, la investigación concluye que ha habido una disminución proporcionalmente mayor en el índice de Gini después del gasto público en 2010, respecto de la estimada para 1997/98. El índice de Gini es un indicador de desigualdad, vale decir que cuanto más cercano a uno sea el valor, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso. En números: el Gini retrocede de 0,479 a 0,227 pre y post-acción fiscal del gasto público y recursos necesarios para financiarlo. Este resultado se explica por el mayor peso relativo de los gastos sociales en 2010 (promoción y asistencia social, asignaciones familiares) en comparación con los del período 1997-1998, y que la presión tributaria que soportan los deciles más bajos (los pobres) resulta menor a la presión promedio, siendo mayor la de los deciles más altos. “Este resultado se explica por varias razones: en primer lugar, por la ligera mejora en la medición de la desi-gualdad preacción fiscal; en segundo término, debido a la mayor participación de los tributos directos y progresivos (ganancias, derechos de exportación, y otros) con relación a los tributos sobre los consumos, lo que mejora la progresividad y el impacto redistributivo del sistema tributario”, afirman. Para sentenciar que la desigualdad entre extremos se incrementa en la década de 1990 y se reduce en los años 2000. “El efecto neto de la política presupuestaria resulta moderador de la distancia entre los extremos y este efecto positivo ha sido mayor, proporcionalmente, durante la última década”, sentencian Gaggero y Rossignolo. El relato dominante oculta que, según se detalla en esta esmerada investigación, en 1998 la desi-gualdad entre extremos era de 43 veces, que cae a 13 veces una vez considerando el efecto de las políticas públicas.

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