Las reformas que está impulsando el gobierno de Cambiemos, en sintonía con las medidas implementadas desde su primer día al mando del Poder Ejecutivo Nacional, siguen fielmente la lógica de un Estado Neoliberal. En la base de sus argumentos está la creencia de que el crecimiento económico y el desarrollo social vendrán luego de que las empresas hayan resuelto sus expectativas de ganancia y tengan incentivos suficientes para invertir en la economía real.
Aunque el discurso presidencial pareciera socavar aún más la imagen de un Estado debilitado, tildado de ineficaz y acusado de “pesada mochila”, la ideología neoliberal le asigna al sector público una función relevante en la economía nacional (de lo contrario no se explicaría la pretensión de sus adherente por tomar el gobierno del Estado).
A diferencia de la propaganda “anti-Estado” que vienen desarrollando algunas organizaciones pertenecientes a la ortodoxia liberal, para los neoliberales el Estado resulta necesario para propiciar y facilitar un ambiente de negocios rentable, estable y seguro que les permita a las empresas cumplir con su propósito de ganar más dinero.
En el resguardo de las leyes de mercado, el Estado Neoliberal retira su intervención de toda aquella actividad económica de la que algún privado pueda participar y obtener una ganancia, suponiendo que de esta forma se logrará una mayor riqueza a nivel agregado. Esta premisa no puede prescindir del supuesto de que los perdedores del sistema podrían ser compensados por los ganadores, aunque en la práctica eso nunca se realice. Se entiende así el motivo por el cual el Estado Neoliberal rechaza toda función redistributiva y la reemplaza por el improbado “efecto derrame”, aunque ya son pocos los que se atreven a esgrimir este denostado concepto.
Además de utilizar el poder del estado para garantizar el imperio de las fuerzas de mercado, el Estado Neoliberal también tiene que hacerse cargo de la provisión de bienes y servicios públicos en los que por diversos motivos el sector privado se niega a participar. Se verá así un Estado preocupado por desarrollar ambiciosas obras de infraestructura ligadas a mejorar la logística, reducir el costo de la energía y generar las condiciones para la radicación de grandes emprendimientos, dejando una menor proporción del presupuesto para obras de impacto educativo, social y cultural, caracterizadas por tener una mayor valoración social y aportar numerosos beneficios intangibles.
Respecto a la política fiscal y monetaria, principales herramientas para afectar la dirección macroeconomía y definir la inserción de la economía nacional en el contexto internacional, el Estado Neoliberal evita plantear la independencia económica del país y soberanía nacional de los recursos, ya que ello colisiona fuertemente con la pretensión de los inversores, que no cobran dividendos cuando prevalece el interés de la patria.
En este sentido, el objetivo supremo del Estado Neoliberal es la estabilidad de precios, por la cual acepta padecer recurrentes déficits fiscales y comerciales, efectos colaterales que desnudan las debilidades del modelo. Por eso, la política cambiaria no responde a una estrategia comercial (superávit de Cuenta Corriente) sino al objetivo de eliminar las variaciones del tipo de cambio, que en economías fuertemente dependientes del sector externo, como la Argentina, tienen fuerte incidencia sobre el nivel general de precios.
Dado que la sociedad argentina todavía le exige al Estado la provisión de bienes y servicios acordes con su expectativa de vida, los defensores del Estado Neoliberal omiten deliberadamente explicar los costos del proceso y los riesgos de una propuesta que ya tiene en su haber más fracasos que éxitos demostrables. Esto sirve a explicar la conveniencia de recurrir a la mentira en el marco de una campaña electoral, como ocurrió en 1989 y 2015.
Al analizar las características de un Estado Neoliberal se llega a la conclusión de que el gobierno de Cambiemos está gobernando con una ideología ya conocida y probada en Argentina. Esto ayuda a interpretar mejor las declaraciones y a comprender la verdadera direccionalidad de sus medidas.
Así también podrá comprenderse el doble discurso sobre el déficit fiscal: aunque se lo planteó como un gran problema heredado por el gobierno anterior, se destinaron 12.500 millones de dólares para pagar a los fondos buitre, el equivalente a 6000 millones de dólares para devoluciones de impuestos, a 5000 millones para operaciones de dólar futuro, a 5000 millones a los agroexportadores por la quita de retenciones y más de 4000 millones a condonar deudas de empresas amigas, entre otras concesiones de gran sacrificio fiscal hechas a sectores favorecidos por este plan económico.
También se comprende mejor la propuesta de reforma previsional y tributaria, el ajuste en determinadas áreas del Estado, y el apoyo total que el Presidente Macri le está dando a la autoridad monetaria, a pesar de que en dos años de gestión todavía no logró cumplir con las metas que se autoimpuso.
Por último, este abordaje teórico también ayuda a entender algunas críticas que recibe el gabinete económico, provenientes de la ortodoxia liberal. Comprobada la obsesión del gobierno por consolidar un Estado Neoliberal, el riesgo de insolvencia y caída amenaza con repetir un desenlace indeseado por los sectores conservadores de la Argentina. Basar la estrategia de crecimiento en la respuesta de las empresas a las prebendas del Estado es negar la historia y subestimar el conflicto de intereses en el que se encuentra la Ceocracia
