Desde Rosario

Las denuncias por torturas en la cárcel de Piñero en la Unidad Penitenciaria 16 de Pérez fueron relativizadas hoy por la titular del Servicio Penitenciario provincial, Lucía Masneri, quien atribuyó las presentaciones a que "desde diciembre se retiraron los privilegios y eso generó resistencia, son quienes impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”. Ante estas declaraciones, la titular del organismo que hizo las presentaciones, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, enfatizó: "De ninguna manera se están defendiendo privilegios de nadie. Nosotros solamente defendemos que las personas que están en encierro sean tratados como su dignidad humana lo requiere y de acuerdo a las normas provinciales, nacionales, constitucionales, convencionales. Es eso, nada más y nada menos". 

Masneri dijo no conocer los pormenores de las presentaciones ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez. Sin embargo, las relacionó con las acciones impulsadas por el gobierno de Pullaro para combatir el delito extramuros que se ordenaba desde las cárceles. Más allá de que todas y cada una de las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con dignidad, sin distinción de "perfiles", lo cierto es que en los pabellones 7 y 8 hay integrantes de las terceras líneas de las bandas, y otras que no forman parte de esos entramados delictivos. No son los llamados "peces gordos", que suelen tener abogados particulares. Y además, la mitad de los detenidos que denunciaron torturas son personas procesadas, sin condena. Es decir que están amparados por el principio de inocencia. 

Masneri aclaró en Radio 2 que todavía no recibieron ninguna notificación o requerimiento judicial sobre las denuncias, aunque advirtió que ese tipo de acusaciones ocurren. Sin embargo, en esta oportunidad “tienen otra raigambre que son las requisas que venimos realizando desde diciembre”. Y volvió sobre el discurso del propio gobernador Maximiliano Pullaro. “Tuvieron 4 años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”.  Mañana a las 15, habrá una audiencia por un habeas corpus colectivos que también presentó el Servicio Público de la Defensa. 

Moreno Robinson recordó que las torturas están prohibidas en la legislación nacional, y también por los tratados internacionales que forman parte de la Constitución. "Nuestro país puede incurrir en responsabilidades internacionales si no investiga y si no sanciona. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que la tortura y los malos tratos son injustificables, y no hay justificación alguna para su aplicación. Hay que investigar, ese es el deber del Ministerio Público de la Acusación", aseguró. 

La funcionaria judicial hizo una alegoría. "A las víctimas de violencia institucional muchas veces se las trata como se las trataba a las víctimas de violencia de género. No se les cree. Nuestra obligación es tomar las denuncias y transmitirlas al Ministerio Público de la Acusación. Nosotros tomamos material fotográfico, se han acompañado certificados médicos que corroboran las lesiones. Entonces, no me parece correcto descreer de las víctimas sin investigar", expresó la titular de la Defensa y aseguró que su dependencia tiene "un compromiso de erradicar la violencia institucional". 

Incluso, dijo que los empleados del organismo que tomaron los testimonios "son personas muy experimentadas, y quedaron muy conmocionados con las cuestiones que escucharon. No es nuestro objetivo decir que ya está comprobado, sino pedir que el Estado cumpla con la obligación de hacer una investigación rápida, imparcial, independiente, en un plazo razonable".