La victoria que obtuvo el Gobierno en Diputados con la media sanción a la ley bases y el paquete fiscal, podría tropezar en el Senado la semana próxima por la resistencia que generan los mismos artículos que la Rosada sorteó en la Cámara baja con ayuda de los aliados y gobernadores ante la asfixia económica a la que están sometidas sus provincias. Los puntos en disputa son varios, pero hay uno en espacial que encendió la alarma en el oficialismo: la restauración del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores. 

La reversión de Ganancias es rechazada por los gobernadores patagónicos porque afecta –con pisos muy bajos para volver a tributar-- los ingresos de quienes trabajan en áreas importantes y muy sensibles en sus territorios, como el petróleo y actividad marítima. El debate que tendrá ahora como escenario la Cámara alta, donde el peso de las provincias –y en especial de los senadores que responden directamente a los gobernadores— podría cambiar la ecuación numérica e introducir la modificaciones, que impidan su transformación en leyes y devolver el proyecto a Diputados. Algo que el Gobierno busca evitar por todos los medios y con mayor presión sobre los gobernadores, en vísperas del tratamiento en el Senado.

Panorama

Los senadores volverán a manifestar sus divergencias sobre los puntos más conflictivos de los proyectos del Gobierno. La lista abarca las facultades delegadas, las privatizaciones, puntos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el blanqueo de capitales y la rebaja del impuesto a los Bienes Personales, al que además se sumó la controvertida ley del Tabaco, que divide opiniones transversalmente en el grueso del arco opositor. 

Pero todos los ojos están puestos en Ganancias. El punto más sensible. La media sanción aprobada en Diputados establece el regreso del tributo para los asalariados en relación de dependencia con un piso de 1,8 millón de pesos para los solteros y de 2,2 millones para los casados con dos hijos.

Aunque el universo alcanza a lo más alto de la pirámide salarial, no es un dato menor para las provincias patagónicas donde los trabajadores de las empresas petroleras tienen altos ingresos por las características de sus tareas, más los plus por zona desfavorable y horas extras. Ellos volverían a perder gran parte del salario al ser alcanzados por el regreso del tributo. Esto genera preocupación y resistencia en sus gobernadores con augurios de posibles conflictos en un sector de la producción que es además el que genera los mayores ingresos para las provincias. Aún así la moneda de cambio con que el Gobierno tienta a los gobernadores porque es un impuesto coparticipable con las provincias.

La lupa sobre Ganancias

El escenario en el Senado no es el mismo para el Gobierno que Diputados. Unión por la Patria tiene 33 senadores propios, cuatro menos de la mitad más uno del cuerpo integrado por 72 miembros. Si consigue sostener su homogeneidad, solo le bastaría sumar un puñado de voluntades para imponerse en una votación. Y en el caso de Ganancias, aparece como posible alcanzar ese número.

Por esa razón la mirada está puesta en quienes podrían aportar esos votos para el capítulo de Ganancias. Entre ellos, los patagónicos que responden a los gobernadores de la región: Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Lucila Crexell (con juego propio pero con buena relación con el gobernador neuquino Rolando Figueroa); así como la chubutense Marcela Cristina que reemplazó en su banca al actual gobernador Ignacio Torres y que pese a su pertenencia al PRO no integra el bloque macrista. Lo mismo que su coprovinciana, la radical Edith Elizabeth Terenzi, que también está por fuera del bloque partidario.

A ellos se suman los peronistas que emigraron del bloque de UP, el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider, ambos sin conexión con el poder de sus distritos, que respaldaron la eliminación del tributo el año pasado y que no estarían dispuestos a apoyar su reversión.

La visión se extiende sobre las y los senadores de otras provincias que podrían plegarse al rechazo o la corrección de pisos. Allí figuran los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aunque los diputados del oficialismo provincial votaron a favor del Gobierno en la Cámara baja. Tampoco escapa del radar oficialista la cordobesa Alejandra Vigo, en medio de los tironeos entre el gobernador Martín Llaryora y el poder central.

Por eso desde la Casa Rosada apuraron los aprestos para delinear una estrategia que evite sufrir una derrota en el Senado sobre uno de los puntos con el que el Gobierno intenta seducir a los gobernadores para incrementar sus alicaídas finanzas. En ese sentido, la secretaria General de la Presidencia (y “El Jefe”, según el propio presidente Javier Milei) se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado para coordinar la presión sobre gobernadores y senadores. Un movimiento de pinzas en el que también trabaja el ministro de Interior, Guillermo Francos.

La lupa del oficialismo está puesta sobre los gobernadores peronistas para quebrar a la principal bancada opositora. Los cañones apuntan, entre otros, al catamarqueño Raúl Jalil. El mandatario provincial ya afirmó que "es muy importante" que la ley Bases "se apruebe en el Senado" porque "es hora de ayudar" en este momento "tan delicado que está atravesando el país". Aún así, no todos los senadores de Catamarca que le responden se encolumnarían con la postura.

“Yo he sido gobernadora en la época de (Mauricio) Macri y tuve que hacer algunas reuniones y gestos con el Gobierno aún cuando no estaba de acuerdo. Creo que a este gobernador le pasa absolutamente lo mismo. Y nosotros, los legisladores, somos cuidadosos y respetamos la mirada del gobernador, pero algunas cosas no las compartimos”, aclaró la actual senadora Lucía Corpacci. “Seguramente no acompañe”, amplió en declaraciones a Radio10 y remarcó que Unión por la Patria y los diputados de su provincia “rechazaron la ley en general, no la apoyaron”, aunque reconoció que sus coprovincianos tuvieron votos diferenciados en el Régimen de Incentivo a as Grandes Inversiones y del impuesto a las Ganancias. Esta última la gran preocupación del Gobierno por la suerte que pueda correr en el Senado.