La Legislatura provincial sancionó ayer la reforma del Código Procesal Penal que propuso el Poder Ejecutivo y que era parte del paquete de leyes que envió en diciembre. Obtuvo media sanción del Senado y de inmediato pasó a la Cámara de Diputados donde se trató sobre tablas y consiguió aprobación definitiva.

El gobierno provincial venía apurando los tiempos, ya que era una de las leyes pendientes de aquel paquete. La consideraba una reforma esencial para atender la emergencia de seguridad, en especial en Rosario, porque habilita herramientas procesales que a su entender permitirán agilizar tiempos y hacer más efectivas las políticas de persecusión del delito.

Sin embargo, el proyecto se demoró en su tratamiento estos meses porque introducía reformas que para distintos sectores políticos y judiciales impicaban un retroceso en lo que fue la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal de Santa Fe a partir de febrero de 2014. Incluso propuestas que se consideraban inconstitucionales y que no pasarían el análisis de un juez.

Hubo planteos desde la oposición y dentro de Unidos, donde el socialismo, que es el bloque mayoritario, empujó cambios. 

Los puntos más polémicos eran la extensión de plazos de detención sin imputación, el alcance de los allanamientos más allá del domicilio especificado cuando se sospecha que hay armas de por medio para evitar que las mismas sean sacadas por terrenos linderos, y la opcionalidad de la realización de audiencias públicas bajo determinadas condiciones.

La reforma había sumado objeciones en algunos puntos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), palabra mayor en reformas procesales en el país y América latina y asesor en la normativa e implementación del Código Procesal Penal de la provincia.

Esas modificaciones incluyen la creación en el ámbito provincial de técnicas especiales de investigación como el agente encubierto, agente revelador, informante y la entrega vigilada, además de regular la figura del arrepentido. Estas figuras están previstas en la ley nacional, pero no en Santa Fe, lo que motivó un uso sui generis en la Fiscalía Regional Rosario, en especial de parte de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que derivó en reproches contra los fiscales que echaron mano a ella y a la fiscal regional María Eugenia Iribarren que era su jefa inmediata. Puntualmente en el caso de fiscal Matías Edery motivó denuncias, una imputación penal y la suspensión de sus funciones.

La emergencia como justificativo

Después de semanas de análisis y debate, con la incorporación de propuestas de senadores del peronismo y de sectores internos de Unidos, ayer se aprobó la modificación de más de 40 artículos, la incorporación de siete y la derogación de otros cinco en la ley 12734 que contiene el Código Procesal Penal de la Provincia. El Senado la votó por unanimidad –el peronismo se abstuvo en el artículo 20– y en Diputados salió por 33 a 2, con abstenciones de peronistas y socialistas en el artículo 20.

El gobierno provincial afirma que las medidas que solicitó en diciembre, y otras que sumó la semana pasada, son imprescindibles para combatir a las bandas criminales que tienen a mal traer a Rosario.

Con esa justificación basada en la emergencia, es que Santa Fe tendrá una "suerte de Código de dos velocidades", que habilita determinados procedimientos para un grupo de delitos vinculados a estas bandas.

"Presenta aspectos manifiestamente inconstitucionales que, lejos de resolver los problemas de la justicia penal santafesina y de inseguridad, sólo los agravarán" apuntó el Inecip para el que "la propuesta tiende a potenciar la burocratización e ineficiencia del sistema, prácticas que siempre han dado paso a distintas formas de abuso y de corrupción".

Par el Instituto "el mismo Gobierno Provincial que reclama la implementación en la Justicia Federal de Rosario de un Código Procesal Penal Federal que establece la oralidad plena y plazos breves para agilizar la justicia; impulsa a nivel provincial una reforma en un sentido exactamente opuesto".

Para el INECIP "uno de los puntos más problemáticos del proyecto del Gobierno provincial es la escrituración de la investigación, eliminando audiencias y la extensión de los plazos para el control judicial de las detenciones. No es casual que ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación se haya mostrado favorable a un proyecto que, supuestamente, viene a facilitar su actividad".

La segunda crítica apunta a la extensión de los plazos de revisión judicial de las detenciones, "lo que promoverá la ineficiencia" Es que "la cantidad de personas privadas de la libertad en Santa Fe se duplicó en la última década. De más está decir que la inseguridad, lejos de resolverse, sólo se agravó. El problema no es la 'cantidad' de detenidos, sino la 'calidad'. No es 'cuántos', sino 'quiénes'".