Desde Rosario 

Tras la difusión de imágenes de una requisa en la cárcel de Piñero, que fue relacionada en redes sociales con las medidas carcelarias aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador, la defensora provincial penal Estrella Moreno Robinson indicó que desde ese organismo presentaron acciones judiciales para pedir informes sobre la misma. "No es el modelo que esperamos", dijo la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; al tiempo que apuntó a cuestiones como la resociabilización y reinserción de personas privadas de la libertad, y al trato digno. También dio su opinión al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, quien tras el acto de apertura del año judicial, el jueves pasado, apuntó a la "prudencia" y planteó que la difusión de fotos al estilo Bukele "no es conveniente ni suma".

Las imágenes que se pudieron ver esta semana de personas detenidas con el torso desnudo, esposados y sentados en el piso, custodiados por personal armado, difundidas por el gobierno provincial en la red social Instagram fueron comparadas con el estilo Bukele, y generaron polémica en los últimos días.

La titular de la Defensoría --organismo que realiza visitas periódicas y monitoreo en penales provinciales, entre otras actuaciones relacionadas con normativa internacional de derechos humanos-- se refirió al tema e indicó que se realizó una presentación de habeas corpus para que se informe en relación a las imágenes difundidas y así tomar conocimiento sobre detalles como cuándo se llevó a cabo, en qué pabellones y si hay un protocolo en relación a requisas, entre otros datos solicitados. En tanto, se acompañó una presentación de habeas corpus en relación los pabellones 7 y 8, que estuvieron cerrados durante unos días y luego hubo planteos de familiares que llevaron a hacer un pedido de revisación médica de los internos; además, mencionó que se acompañaron otras presentaciones al MPA relacionadas con situaciones en requisas.

En cuanto a la situación en las cárceles provinciales, la funcionaria judicial también sostuvo que "el hacinamiento es un tema recurrente". En ese contexto, detalló que "a diez años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio creció exponencialmente el número de personas privadas de libertad": de tener "una tasa de 135 personas cada 100 mil habitantes; a fines de 2023, la misma era de 291 personas cada 100 mil habitantes".

También apuntó a "repensar las alternativas a la prisión preventiva y en cómo será la vuelta a la sociedad" de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En ese sentido apuntó al diálogo y el trabajo conjunto. Además, consciente de la compleja situación actual, apuntó a que se piensa en relación a personas sospechadas de cometer delitos de violencia altamente lesiva, pero que "el colectivo de personas alojadas en cárceles es muy amplio". Y agregó: "Queda en la sociedad como que todos cometen delitos gravísimos". También habló de las personas detenidas como aquellas que "tienen privada su libertad ambulatoria, pero todos los demás derechos los conservan", planteó.

Al tema de la difusión de imágenes también se refirió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, quien el jueves fue consultado tras la apertura del año judicial. “Hay que ser prudentes”, manifestó. “Entiendo los problemas de seguridad en la provincia; el problema de las cárceles es algo muy grave y complicado, algunos errores se pueden cometer. Esa difusión no suma”, planteó. Y recordó en relación al tema de las bandas organizadas que “cuando cometieron delitos fueron sancionados y sentenciadas por la justicia de la provincia”.