La caída de la Ley Ómnibus significó un fuerte fracaso político para el oficialismo. La lógica del “todo o nada” culminó de la peor forma, a pesar de que algunos cortesanos quieran maquillarla de estrategia de Javier Milei para desnudar los intereses espurios de la “casta”.

Más allá del relato, la destemplada reacción oficial poco contribuye a dar vuelta la página y apuntalar la gobernabilidad. La acumulación de improperios (delincuentes, traidores) lanzados contra gobernadores y diputados rompen puentes con la denominada oposición “amigable” u “oficialismo no correspondido”, como los definió el periodista Gabriel Sued.

En el recinto de la Cámara de Diputados, el experimentado Miguel Angel Pichetto advirtió a sus pares oficialistas: "Les pedimos alguna flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no perder". El amigable consejo del presidente del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) fue desoído. Los resultados: conocidos.

La búsqueda de acuerdos políticos mínimos está fuera del radar oficial a pesar de la debilidad legislativa de la Libertad Avanza. La fuerza libertaria apenas cuenta con 38 diputados y 7 senadores. Javier Milei es el presidente con menor cantidad de legisladores desde el regreso de la democracia y, además, no tiene ningún gobernador propio.

El problema no es sólo numérico, sino también el amateurismo que campea en las huestes libertarias. La conformación de un interbloque PRO-libertario en la Cámara de Diputados reforzaría el músculo político del gobierno, pero aún así estaría muy lejos de alcanzar las mayorías necesarias para sancionar las leyes.

Una alternativa peligrosa es que se pretenda gobernar vulnerando las reglas de juego del sistema democrático.

Reacciones ante el fracaso 

El virtual archivo de la Ley Ómnibus provocó diferentes reacciones en el ecosistema libertario, además de los tradicionales pases de factura que buscaron culpables internos. Los dardos alcanzaron, entre otros, a Martin Menem, Oscar Zago y Guillermo Francos.

Más allá de eso, las redes oficiales dispararon munición gruesa contra la “casta” que pone palos en la rueda, mientras que el Ministro de Economía quitó importancia al traspié legislativo. Luis Caputo sostuvo que “la no aprobación de la ley no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico [...] la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la ley”.

Lo cierto es que, antes de la vuelta a Comisión del proyecto, el gobierno ya había retirado el capítulo fiscal ( que incluía el blanqueo, moratoria, adelanto de bienes personales, reintroducción de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aumento de retenciones, modificación de la formula jubilatoria) para facilitar el tratamiento de la ley.

Haciendo un breve repaso cronológico, Caputo había anunciado un ajuste fiscal del 5,2 por ciento del PBI en su primer mensaje como flamante titular de la cartera de Economía. Ese recorte combinaba una fuerte contracción del gasto público (3 por ciento) con una mayor recaudación tributaria (2,2 por ciento).

Por el lado del gasto, los recortes se concentraban en los subsidios a la energía/ transporte (0,7 por ciento del PBI), obras públicas (0,7 por ciento), transferencias a las provincias (0,5 por ciento), eliminación de programas sociales (0,4 por ciento), jubilaciones y pensiones (0,4 por ciento) y reducción de gastos de funcionamiento (0,5 por ciento).

El refuerzo de los ingresos proyectados incluía el aumento del Impuesto País (0,8 por ciento), incremento de retenciones (0,5 por ciento), reversión reforma de Ganancias (0,4 por ciento) y anticipo de Bienes Personales, Moratoria y Blanqueo (0,5 por ciento). De todo ello, lo único que pudo concretarse fue el aumento del Impuesto País a las importaciones.

A pesar de que Caputo minimizó el impacto del fracaso de la ley ómnibus, el gobierno advirtió/amenazó que aplicaría medidas de ajuste más drásticas ante la falta de aprobación del proyecto. La supresión del Fondo Compensador del Interior, que subsidia el servicio de autotransporte de pasajeros prestado fuera del AMBA, se inscribe dentro de ese sendero de mayor rigor fiscal, además de ser un mensaje para los gobernadores “traidores”. Según los técnicos de Hacienda, el impuestazo a los combustibles y la licuación de salarios y jubilaciones permitirían alcanzar la tan ansiada “consolidación” fiscal.

Como se sabe, el ancla fiscal constituye el corazón del programa económico de La Libertad Avanza. Sin embargo, el cierre de los números sólo resulta sencillo en los cálculos de una planilla de excel. El equilibro financiero alcanzado en enero fue a costa de una brutal caída en el gasto real interanual correspondiente a jubilaciones (- 32,5 por ciento), programas sociales (- 59,6 por ciento), gastos de capital (-75,6 por ciento), transferencias a provincias (-53,3 por ciento), asignaciones familiares (-17,7 por ciento), entre otros recortes.

La incógnita central es cuánto más resistirá una sociedad agotada luego de, por lo menos, ocho años de estancamiento económico y caída de los ingresos.

En su último staff report del FMI, el organismo señala que para equilibrar las cuentas públicas se requiere un nivel de ajuste “de aproximadamente 5 puntos del PIB, magnitud sumamente ambiciosa no solo desde el punto de vista de la historia argentina, sino a nivel global. El FMI advierte que en la gran mayoría de los procesos de consolidación fiscal el equilibrio se logró de una manera mucho más gradual (los países tardaron entre 3 y 5 años), pero que hubo algunos pocos casos exitosos donde el ajuste fue tan drástico, como Turquía en los 2000 y Brasil en los ’90”, según explica el economista Juan Manuel Telechea en su newsletter del sitio Cenital. En otras palabras, el propio FMI deja en claro sus dudas sobre la viabilidad política de un ajuste tan duro.

La delicada coyuntura económica

Los últimos datos económicos interanuales revelan un escenario muy delicado. En enero, la caída de ventas minoristas alcanzó el 28,5 por ciento, las ventas en supermercados registraron un retroceso histórico del 10 por ciento (enero) y el despacho de cemento cayó el 20 por ciento. Por su parte, los últimos datos de actividad (relativos a diciembre de 2023) revelan una caída interanual del 12,2 por ciento en la construcción y del 12,8 por ciento en la industria. En su último informe, el FMI proyectó un retroceso en el PIB del 2,8 por ciento en el corriente año.

El panorama puede ser bastante más oscuro. Dejando a un lado al agro, petróleo y minería, el resto de los sectores productivos sufrirán caídas muy pronunciadas. La consultora Audemus, conducida por Matías Kulfas, estima un retroceso industrial del 9 por ciento en su escenario optimista y un 11,5 en el pesimista. En el caso de la construcción, la caída sería del 14 y 17 por ciento, respectivamente. En el Comercio, los números en rojo variarían entre el 9 y el 11,5 por ciento. Exceptuando al agro, el PBI sectorial total culminaría con un derrumbe de 5,4 en el escenario optimista y de 7,1 por ciento en el pesimista. Por su lado, el FMI proyecta una caída del 5,2 por ciento del PIB-no agrícola.

Un párrafo aparte merece el retroceso del poder adquisitivo de los salarios formales registrado en diciembre: - 13,7 por ciento. Es la mayor caída en términos reales desde que la serie, que utiliza el índice RIPTE, comenzó a publicarse en 1994. La contracción es incluso superior al critico mes de abril de 2002 tras el estallido de la convertibilidad (-9,4 por ciento).

El informe de coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), conducido por el economista rosarino Sergio Arelovich, precisa que “comparado con el mes de julio, antes de la ofensiva de los grupos de poder que buscó generar una hiperinflación para justificar el programa que quieren aplicar, la caída es del 24 por ciento: se perdió un cuarto del salario en cinco meses”.

El informe de MATE agrega que “la caída del salario entre 2002 y 2003 abarcó 14 meses y fue del 29 por ciento. Ahora, sólo en diciembre de 2023, el salario perdió 13,7 por ciento. Récord de caída para un mes. El poder adquisitivo quedó a muy poco del mínimo histórico alcanzado en abril de 2003”. Al mes siguiente, el santacruceño Néstor Kirchner asumía la primera magistratura. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Kirchner planteó “El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental”.

Algún lector desprevenido puede encontrar coincidencias con el discurso “fiscalista” de Milei. Sin embargo, las diferencias emergen cuando se focaliza el análisis en dos cuestiones centrales: 1) El déficit cero puede ser alcanzado de distintas maneras. El reparto de cargas, tanto en el rubro impositivo como en el de los gastos, puede hacerse de manera progresiva o regresiva y 2) la política fiscal no es otra cosa que un instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la política económica. Los ajustes fiscales, por si sólo, no solucionan ningún problema.

La falta de distinción entre instrumentos y objetivos, determinan que el árbol tape el bosque. En los noventa, Alfredo Calcagno explicaba que “a los instrumentos tales como el régimen de convertibilidad, el tipo de cambio, la tasa de interés, el equilibrio fiscal y el grado de apertura externa se les ha dado el carácter de objetivos. Con ello se obtienen dos resultados: primero, que no se discutan los instrumentos, porque ahora son los objetivos que deben cumplirse y no cuestionarse; segundo, que los verdaderos objetivos (desde nuestro punto de vista, homogeneidad social, distribución más justa del ingreso, mejoramiento de la educación y la salud, industrialización, defensa del interés nacional) desaparecen del debate. De tal modo, no hay nada que discutir”.

Volviendo al discurso de Kirchner, el entonces recién asumido presidente anunciaba que “el objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante [...]. El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años, y una distribución tal que asegure una mayor distribución del ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas”.

La hoja de ruta kirchnerista fue crecimiento económico, más generación de empleo, más distribución del ingreso. La mirada puesta en la recuperación productiva, junto con la reparación de un dañado tejido social, fue una salida virtuosa a la crisis 2001-2002.Por el contrario, Milei entiende que la “justicia social“ y la distribución del ingreso” son ideas aberrantes. Queda claro entonces que son enfoques antagónicos para encarar una emergencia económica-social.

*[email protected] @diegorubinzal