El observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" de la organización feminista Mumalá relevó que en 2023 se cometieron en la provincia de Santa Fe 37 femicidios en contexto de criminalidad organizada, y una decena de casos tipificados como "íntimos", consecuencia de la violencia machista. En ese contexto, pidieron "por un 2024 con políticas públicas efectivas para terminar con los femicidios”. Por su parte, el observatorio "Mercedes Pagnutti", que tiene como referente a la concejala Norma López, destacó que las cifras de Rosario están por encima de la media nacional en los hechos cuyas investigaciones están relacionadas con economías delictivas. Ese fenómeno tuvo su pico en 2022.
Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2023, Mumalá contabilizó 60 muertes violentas en la provincia, entre las cuales relevaron 10 femicidios íntimos; 2 femicidios vinculados y 37 muertes violentas vinculadas a economías delictivas. Además, indicaron que hay otras 11 muertes que están en investigación. En el mismo período, contabilizaron 20 intentos de femicidio.
"Exigimos que en Santa Fe fortalezcan las iniciativas para abordar con los recursos necesarios la modalidad más extrema de la violencia machista. También que dichas iniciativas atraviesen las políticas de seguridad, de prevención del delito y las violencias urbanas con mirada de género frente al crecimiento de las mujeres víctimas fatales de las economías delictivas", plantearon.
Ante ello, exigen al Estado provincial "la declaración de la Emergencia en violencias hacia las mujeres y travestis trans, la disposición de recursos provinciales y nacionales para atender la gravedad de la situación, la creación de dispositivos de investigación y abordaje de las violencias en territorios con perspectiva de género y DDHH; la articulación entre los tres poderes y niveles del Estado para la prevención de las violencias y el delito; políticas de seguridad pública y ciudadana con perspectiva de género; políticas activas para el desarme de la ciudadanía; y acompañamiento a organizaciones que trabajan en territorio".
Por su parte, desde el observatorio "Mercedes Pagnutti" relevaron entre enero y diciembre del año pasado 344 femicidios, feminicidios y trans/travesticidios en el país. 43 tuvieron lugar en el departamento Rosario. Además, el informe coincide con los datos de Mumalá, en relación a que se contabilizaron 37 muertes violentas de mujeres en contexto de economías delictivas en toda la provincia, de los cuales 34 fueron cometidas en Rosario, donde hubo además una decena de femicidios íntimos. En el mismo período, 40 niñes y adolescentes quedaron sin madre en Santa Fe.
Desde 2018, el observatorio "Mercedes Pagnutti" releva los femicidios en contextos de criminalidad, y en los últimos años viene siendo un dato preocupante. En 2022, de 307 femicidios y trans/travesticidios en el país, 67 fueron en contexto de criminalidad, de los cuales 54 se ejecutaron en la provincia de Santa Fe, donde el departamento Rosario picó en punta con 52 casos.
El informe plantea que al detenerse en los tipos de femicidio, se observa que el comportamiento en Santa Fe es inverso a lo que ocurre en el país, ya que registra mayor cantidad de casos en contexto de criminalidad que íntimos.
Desde el observatorio plantearon que "las mujeres son quienes llevan adelante las tareas de cuidados de la población desde organizaciones comunitarias y son quienes más denuncian las situaciones de violencias territoriales e injusticias sociales. El crimen organizado disciplina con sus herramientas a quienes alzan sus voces por sectores más vulnerables –incluso cooptando personas para sus negocios ilícitos- y el Estado está en falta en combatir las mafias con políticas transversales y de inclusión".
Además, expresaron que las cifras de 2023, "dan cuenta de los vínculos violentos que atraviesan mujeres y diversidades en su vida cotidiana, no sólo en el contexto íntimo e intrafamiliar, sino también en instituciones, espacios de trabajo, barrio, y comunidades a las que pertenecen". Y sostuvieron: "La conquista de derechos en materia de políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, desde la tipificación del femicidio hasta las medidas punitivas, programas de acompañamiento y de reparación, han demostrado la necesidad de continuar profundizando a lo largo y ancho del país, políticas transversales para su abordaje multidisciplinario. Esto implica una contundente y necesaria articulación del estado nacional, provincial y municipal junto al Poder Judicial y las organizaciones que trabajan la temática y realizan acompañamientos".
Ahora bien, "el ajuste que propone el gobierno nacional sobre el Ministerio de las mujeres, género y diversidad convirtiéndolo en una 'Subsecretaría de protección contra la violencia de género', significa un cambio de enfoque y la pérdida de autonomía en las decisiones que se plasman en derechos para toda la ciudadanía, de la mano de una reducción presupuestaria, de personal idóneo representados por equipos interdisciplinarios para la atención y abordaje integral, y prevención de femicidios y trans/travesticidios", señala el informe.
Además, agrega que "el gobierno de ultraderecha de Javier Milei abre un sinfín de incertidumbres, en relación a las políticas de género e igualdad y abre una crisis política e institucional que arroja una única certeza: contempla sólo a la mujer como persona en situación de Violencia por Motivos de género, dejando de lado a las disidencias, las niñeces y adolescencias. Este retroceso, no sólo impacta en las redes de cuidados -tanto institucionales, de la sociedad civil y como las de la comunidad-, sino también en la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de violencia de género. Sabemos que la dependencia económica y habitacional, es una de las variables más contundentes a la hora de realizar una denuncia cuando una mujer o disidencia se encuentra en riesgo".
