Ante una oleada de leyes, enmiendas, decretos de necesidad y urgencia y Bases y puntos de partida, se extiende una oleada de respuesta. Abarca a municipios de la provincia de Buenos Aires y no frena ni siquiera en vísperas de Año Nuevo.

Los pronunciamientos de dan en paralelo a la decisión de la Federación Argentina de Municipios, presidida por el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, de elaborar un recurso de amparo con el pedido de una cautelar para frenar el DNU. "No podemos vender así nuestros recursos naturales, nuestro país", dijo Espinoza. "La Argentina no está en venta."

"Estamos en democracia pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90 por ciento de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio", dijo Espinoza en nombre de 500 intendentes de todo el país. Uno de ellos, Gustavo Barrera de Villa Gesell, dijo que "teníamos una temporada antes de las medidas económicas del DNU y tenemos otra después de estos anuncios".

Entre los alcaldes que participaron del encuentro en forma presencial figuraron Jorge Ferraresi de Avellaneda y Mario Secco de Ensenada. 

El Concejo Deliberante de Almirante Brown dice que el DNU 70/2023 “en virtud del cual se dispone la derogación de más de 300 leyes vigentes en nuestro país”, representa una “clara violación a los principios de división de poderes y a los preceptos contenidos en la Constitución nacional”.

Sostiene la declaración que el paquete de derogaciones y modificaciones “deja en la incertidumbre a ciudadanos, consumidores y Pymes” y acarrea “un deterioro significativo de la calidad de vida y derechos de los trabajadores y trabajadoras, que busca debilitar la organización de los trabajadores”. También produce “el ahogamiento productivo del país y la pérdida de soberanía en materias estratégicas”.

“El Presidente ha avanzado en un proceso de desregulación de tintes totalitarios”, dice la resolución de Almirante Brown. También constituye “un avasallamiento del Estado de Derecho”. Y, dado que “violenta los más elementales resortes del sistema republicano de gobierno” y afecta la división de poderes, “pone en crisis al sistema democrático mismo”. A tal punto llegaría la violación del principio de equilibrio de poderes que el paquete entraría en el supuesto que contempla el artículo 29 de la Constitución. Es el que prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias o la suma del poder público. También cita la resolución el final de ese artículo: “Actos de esa naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Los ejemplos son la derogación de la Ley de Alquileres, la desregulación de las obras sociales, la habilitación de privatizaciones, el cambio en las condiciones de la medicina prepaga y los servicios de comunicación audiovisual y el cambio en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Más corto pero no más complaciente con el gobierno nacional, el Concejo Deliberante de Lanús emitió una resolución en la que adjunta el texto del DNU “Bases”. Su artículo más taxativo dice que ese documento vulnera “derechos y obligaciones constitucionalmente consagrados en leyes y códigos nacionales, además de contener medidas preocupantes para el pueblo argentino que requieren análisis y consensos amplios de toda la sociedad en su conjunto”.

En La Matanza el cuerpo de concejales señala que "serán los trabajadores, los jubilados, las amas de casa, los que pagan alquiler, los clubes de barrio, la industria nacional y los sectores más vulnerables, los principales afectados".

En General Rodríguez el bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto en el que dice que "el fundamento de las medidas de emergencia es la superación de graves situaciones". Por ese motivo "su finalidad debe ser el logro del bienestar general pero siempre dentro de las fronteras de lo razonable a fin de no lesionar el Estado de Derecho".

En Tordillo, General Conesa, el Concejo también afirma que el DNU deroga leyes vigentes “en clara violación a los principios de división de poderes y a los preceptos contenidos en la Constitución Nacional. No solo cita el artículo 29 sino el 99, inciso 3: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

Para el Concejo, “cada una de las modificaciones y derogaciones implican un ataque al Estado de derecho y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los argentinos y argentinas”.

Por eso, “resulta imperioso que todas las instituciones democráticas se manifiesten enérgicamente ante este atropello en defensa del pueblo argentino”, y exhorta al Congreso nacional al rechazar el DNU.

También los concejales de Carlos Tejedor se sumaron a la ola. El avasallamiento a la división de poderes se produce “toda vez que el Poder Ejecutivo Nacional se arroga facultades legislativas vedadas”. Y citan el artículo 99, inciso 3.

Dice el Concejo de Carlos Tejedor que el DNU 70/23 “se da de bruces con los dos supuestos”. Por un lado no existe imposibilidad de seguir los trámites ordinarios en el Congreso. Por otro, el avance en las regulaciones es “una maniobra que a todas luces constituye una práctica paraconstitucional del Poder Ejecutivo”.

Además, "no reúne los requisitos mínimos para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia" porque "carece de la fundamentación suficiente, respaldo técnico y dictamen jurídico respaldatorio de la Secretaría Legal y Técnica, puntualizado y detallado en relación a cada una de las normas que se modifican o derogan, que sustente la necesidad y urgencia". Esos requisitos "no solo hacen a la transparencia y razonabilidad de los actos de gobierno sino que previenen hipótesis delictivas". Luego agrega, en aparente alusión a que hubieran participado estudios privados y no órganos estatales, que "no es posible conocer si la normativa ha sido confeccionada por particulares que podrían resultar beneficiarios de semejante cambio normativo, lo cual incrementa la gravedad del cuadro descripto".

Como en otros órganos legislativos, el pronunciamiento incluye una cita de jurisprudencia. Se trata de un fallo de la Corte Suprema en el caso "Consumidores Argentinos, Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores contra el Poder Ejecutivo". Dijo la Corte: "La admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país".

La resolución del Concejo Deliberante de Mar Chiquita está impresa en una hoja cuyo cabezal recuerda los 40 años de democracia. Mantiene el espíritu de las demás declaraciones pero agrega algunos matices. Uno, que la reforma constitucional de 1994 "tuvo com uno de us sfines atenuar el presidencialismo y, por otro lado, fortalecer el papel del Congreso y de los órganos de control". Otro, que teniendo en cuenta la división de poderes está claro que la funcioón de "emitir disposiciones legislativas" está otorgada por la Constitución al Congreso.

Sostiene en otra parte que en materia económica la consecuencia del DNU 70/2023 "será la destrucción del aparato productivo argentino, ya que está pensado solo para la economía primaria, priorizando las relaciones de mercado, sin intermediación del Estado como garante de la equidad entre partes". Y, además, "todo esto redunda en la destrucció o entrega del patrimonio nacional a empresas de capital extranjero, afectando nuestra soberanía".

El Concejo Deliberante de Carlos Casares añade que "resulta imperioso que todas las instituciones democráticas que se precien de tales se manifiesten enérgicamente en repudio a este atropello y en defensa irrestricta de la división de poderes y las instituciones".