Al igual que la Fiscalía, esta semana las querellas solicitaron penas de prisión perpetua para los acusados en la causa de lesa humanidad Guerrieri IV, que tiene en el banquillo a 16 acusados entre exmilitares del Batallón 121 y expolicías federales. Se los juzga por delitos cometidos durante la última dictadura militar en perjuicio de 81 víctimas. Aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios, retención y ocultamiento de menores, son algunos de los hechos que se les atribuye, en el marco del delito internacional de genocidio. Tras los alegatos de la parte acusadora, las audiencias retomarán el 7 de agosto, cuando será turno de las defensas para que luego el tribunal disponga fecha de veredicto.

Esta semana comenzaron los alegatos de las querellas con el tribunal vía zoom, decisión que generó malestar desde la previa. El lunes abrió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que pidió penas de perpetua a cumplir en cárcel común, por el delito internacional de genocidio. “Las conductas delictivas a las que hemos hecho referencia, no fueron delitos aislados, sino que formaron parte de un plan sistemático de exterminio que tuvo un claro objetivo: eliminar a un sector determinado del grupo nacional argentino a los efectos de poder implantar un proyecto económico, social y político que perseguía cambiar la estructura del país, disciplinar al pueblo y permitir la explotación de la clase trabajadora en beneficio de los intereses capitalistas", expresó la querella a cargo de Gabriela Durruty y Julia Giordano.

"Los querellantes que representamos en esta causa, eran trabajadores y militantes, como quedó acreditado. No puede haber dudas: el plan sistemático de exterminio se dirigió contra una parte de la población civil, no fue generalizado, no fue contra cualquier persona indistintamente, se dirigió a un grupo determinado, atacando a individuos por ser miembros de ese grupo. Negarlo, es desconocer a una generación de hombres y mujeres que organizados de distintas formas lucharon por un país mejor, y que fueron perseguidos desde el Estado precisamente por eso”, alegaron.

Para APDH, el debate estableció "la importancia troncal de la inteligencia coordinada desde el destacamento 121 y los aportes trascendentes realizados por la policía federal para el despliegue del plan sistemático de represión y exterminio, es decir, la implementación del genocidio como política pública".

En la jornada del martes, ya con la presidenta del tribunal, Mariela Rojas, en la sala, comenzó la segunda parte de los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para luego dar lugar al alegato de la abogada de HIJOS, Nadia Schujman, quien además de pedir las penas a perpetua por el delito de genocidio, habló de los casos que representó en el debate y de una constante en los testimonios que hablaron del "silencio" como una de las consecuencias que vivieron por esos años. Tras repasar caso por caso, la querellante también se refirió al rol de los hijos e hijas de las víctimas, al "efecto que el Terrorismo de Estado tuvo a lo largo de estos 45 años y sostiene en el presente", en consonancia con e pedido que se hizo en mayo pasado para ampliar la acusación por la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños víctimas del juicio. También planteó que lo ocurrido fue "un plan sistemático de reorganización del tejido social que buscó privilegiar las individualidades. Queremos reivindicar el carácter inherentemente colectivo de las consecuencias políticas, económicas y sociales que sufrimos como país".

Schujman apuntó además a la necesidad de que se establezcan reparaciones simbólicas, más allá de la sanción punitiva. "Forman parte de la reparación integral, que junto a la verdad, justicia y garantías de no repetición, son consideradas derechos indiscutibles de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Estas medidas no excluyen el juicio y condena a los culpables, sino que resultan complementarias". En ese sentido, pidió "que se fije un día y horario para que las víctimas puedan ingresar al ex CCD La Calamita, ya que al día de hoy algunos de ellos no han podido hacerlo y tienen esa necesidad de recorrer por ejemplo el lugar donde estuvo su padre o madre. Es una medida reparatoria que luego de 46 años puedan entrar ahí". También planteó "que en el relato de los hechos de cada caso, pueda especialmente visibilizarse, nombrarse, a los niños y niñas cuyas infancias han sido arrasadas y vulneradas".

Las querellas completaron la etapa de alegatos de la parte acusadora que hasta el viernes realizó el fiscal Adolfo Villatte y el fiscal ad-hoc Álvaro Baella, quienes en su exposición, hablaron de la figura de genocidio, al sostener que “hubo un proyecto de reorganización social y nacional que buscó la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación, y de la identidad de una sociedad, para lo que se eliminó una fracción relevante de la misma, haciéndose uso del terror como bandera para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”. En ese sentido, consideran que los hechos deben ser encuadrados en el delito internacional de genocidio.

Además, Fiscalía pidió la revocación de prisiones domiciliarias que vienen gozando varios de los acusados por haber cesado las circunstancias por las cuales fueron otorgadas, y de ceses de prisión dispuestos sobre exfederales Oscar Giai, Juan Carlos Faccendini, Juan Retamozo y Osvaldo Tébez. La solicitud se fundó en una resolución del 7 de julio, de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que respondió a una orden de la Corte Suprema de la Nación -que intervino por una queja del MPF-, en la que resolvió que debía dictarse una nueva resolución respecto de los ceses de prisión dado que la situación procesal de los acusados había “variado significativamente”.

El juicio comenzó en agosto de 2022 por hechos cometidos en el marco del "plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 con epicentro en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, así como en la Fábrica Militar". En ese sentido se trató por primera vez la existencia del CCD que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente. Ellas fueron Eduardo Garat, quien continúa desaparecido, Santiago Mac Guire, que fue liberado y murió en 2001 y Roberto Pistachia, quien declaró en el juicio. 

Imputados. Los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército acusados son Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, y Ariel Antonio López, Walter Pagano. Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, se desempeñaron como personal civil de inteligencia (PCI) del destacamento. También estaba imputado el PCI José Luis Troncoso, pero en agosto de 2022 el tribunal suspendió su intervención en el debate por incapacidad sobreviniente. La lista se completa con los expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: Federico Almeder, Faccendini, Retamozo, Enrique Andrés López, Tebez, Giai y Roberto Squiro. Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegaron al juicio sin una condena previa.