En su momento, varios jueces se mostraron reacios a la implementación total o parcial de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26522). Hay, al menos, un fallo que teniendo un concepto bastante laxo de lo que es una “medida cautelar”, decidió mantener en suspenso un artículo clave para el desmantelamiento del oligopolio de medios y la consiguiente puesta en marcha de una distribución democrática de las ondas (art. 161). La Corte Suprema había dado el visto bueno a la ley, pero se pronunció en forma muy esquiva sobre el tema, indicando que las medidas cautelares debieran durar un plazo razonable, sin mencionar su duración. Antes de su aprobación Joaquín Morales Solá ya pronosticaba en La Nación que: “A la futura ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la cambiará o hará una nueva”. Y Adrián Ventura extremó el dramatismo: “La democracia se suicidó” afirmó, para luego agregar que “en 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, en 2009, el Gobierno y el Congreso, alegremente, construyeron el muro de la censura.”
Todas estas predicciones, que fueron acompañadas por reiteradas acciones contra la ley, fueron demorando su plena implementación por parte de lo que fue la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sus resoluciones reglamentarias enfrentaron un fuerte rechazo o simplemente fueron ignoradas.
Todavía sigue llamando la atención que una ley de comunicaciones de la dictadura haya sobrevivido en la era democrática. Pasaron más de veinticinco años y varios gobiernos elegidos por el pueblo. En esos años se introdujeron algunas modificaciones que no hicieron más que incrementar la concentración de los medios y limitar o impedir participación de multitud de voces de la sociedad. En el mismo tiempo se elaboraron más de 75 proyectos de ley que nunca fueron tratados por el Congreso. Todo parece indicar que la voluntad política estuvo sometida a los poderes empresariales empecinados en seguir marcando el paso del país.
Con la ley se trató de rescatar muchas de las iniciativas elaboradas mayormente a partir de los aportes de muy variados grupos sociales y políticos. Cuando la comunidad se reúne, reflexiona y piensa como tal, surgen aportes y se abren caminos para que su voz sea escuchada en los lugares de decisión.
Las declamaciones de muchos medios en defensa de la manoseada “libertad de prensa” podrían resumirse a “los negocios no se tocan”. A pesar de este repiqueteo descalificador no pudieron impedir que muchas otras voces comenzaran hacerse oír. Lejos se está de negar el carácter comercial de buena parte de los emprendimientos de medios. Pero hay dos cosas que no se pueden obviar. Una, que la comunicación de la comunidad no puede reducirse a un negocio. El reduccionismo mercantilista de la comunicación es una forma de establecer el poder totalitario del negocio. Dos, la posibilidad del negocio de los medios tiene que tener un límite y una orientación. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y debe ser regulado. Este es el camino para una verdadera democracia. No es posible que en democracia un oligopolio se niegue a cumplir con la ley. El halo de infalibilidad y autoridad que muchos medios y periodistas ejercen por muchos años debe ir desmembrándose.
¿De dónde ha venido esa arrogancia de los medios para considerarse dueños indiscutibles de la verdad? El poder que provee tener la información pone una distancia y un grado de superioridad en la relación que inhibe toda crítica. Pero los tiempos de la autoridad impositiva tienen que terminar, la verdad no les pertenece. La verdad se va creando en la verdadera comunicación sin ataduras de la comunidad toda.
Nuestro país ha vivido muchos períodos de oscuridad y opresión que han costado muchas vidas, impedido mucha creatividad y producido mucho dolor. No se pueden plegar las banderas de la ciudadanía responsable por el atropello de unos pocos que solo tiene el argumento de su fuerza y su poder económico. Hoy tenemos que bregar por un marco legal que permita una comunicación democrática para crear la comunidad solidaria.
* Comunicador social
