Viernes, 5 de junio de 2015

Por Luciana Peker

Una mujer puede ir a las tres de la mañana a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), frente a Tribunales, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin esperar los lentos, burocráticos y penosos tiempos de la Justicia conseguir que le vean el cuerpo golpeado y una trabajadora social y un psicólogo evalúen si está en alto riesgo para pedir medidas de protección y que el agresor no se pueda acercar a ella. En la Ciudad de Buenos Aires también puede contar con refugios de la Dirección de la Mujer del gobierno porteño, llamar al 137 para que la asista una brigada móvil después de una violación o una agresión para que concurra un/a psicólogo/a del Programa Las Víctimas contra las Violencias. Y contar con una abogada de la Defensoría General de la Nación para que la denuncia no quede inmóvil y pueda avanzar.

Sin embargo, el reparto masivo y federal de botones antipánico podría ayudar a proteger a las víctimas que ya no quieren quedarse rezagadas en el miedo sino empezar una nueva vida. O la compra de pulseras para vigilar a los agresores y no encarcelar de susto a las que ya recibieron suficientes golpes. Los manuales de educación sexual integral creados por el Ministerio de Educación de la Nación previenen la violencia de género y dan recursos para que las chicas puedan detectar noviazgos violentos. Pero tendría que implementarse sin falta en todas las escuelas, públicas y privadas, de todo el país. La articulación de políticas efectivas contra la violencia machista no permite descuidar la letra chica de una trama compleja que necesita de la voluntad individual, política y social para construir un nuevo contrato que no acepte el maltrato y permita salidas reales y efectivas. Por eso es clave graficar las deudas pendientes:

l Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: “No hay un Plan Nacional contra la Violencia, aprobado, con amplia difusión pública y cuyo monitoreo y evaluación pueda hacerse a través de la verificación de información pública. En diversas oportunidades, Argentina ha indicado que el plan fue elaborado y validado durante 2011 y 2012, con la participación y aporte de más de 38.000 mujeres en talleres organizados por el Consejo Nacional de las Mujeres. Sin embargo, su contenido no se ha hecho público hasta el momento y por lo tanto se desconoce su alcance, propuestas de implementación, monitoreo y evaluación”, señala la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), a partir del informe, de su organización, “Claroscuros en las políticas contra la violencia”.

l Acceso de las víctimas a la Justicia: “La ley obliga a que se ofrezcan a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos. El acceso a la Justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial, que tiene que ser gratuito, independientemente de la condición económica de las mujeres, no siendo necesario acreditar situación de pobreza”, detalla Monique Altschul, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad.

l Patrocinio Jurídico Gratuito: El Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Nacional de las Mujeres firmaron un convenio por el cual las mujeres puedan lograr que un abogado/a lleve sus causas sin tener que pagar. Sólo en el 2014 dieron patrocinio jurídico gratuito a 763 personas víctimas de violencia de género, lo que implica que llevaron adelante 64 nuevos casos por mes. Sin embargo, no es suficiente y funciona sólo en la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también cuenta con los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de todo el país y los Centros de Acceso a la Justicia del Programa Justicia para Todos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero una cosa es dar asistencia legal y otra cosa llevar la causa judicial para que avance y logre su finalidad: cobrar alimentos para los hijos o que un abusador vaya preso.

l Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) en todo el país: La OVD de Capital Federal depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Se puede ir un domingo a las tres de la mañana o un 25 de diciembre y, fundamentalmente, a la mujer agredida –por violencia física, sexual, psicológica o económica– la atienden una trabajadora social y un psicólogo (o un equipo interdisciplinario) que miden el nivel de riesgo y pueden disponer, sin esperar a la indiferencia y burocracia de otros niveles judiciales, medidas de protección en el momento, para que la mujer pueda volver a su casa sin miedo. Ya hay OVD funcionando en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa. Están creadas formalmente en Jujuy y Río Negro y comenzarán a funcionar en Misiones y Entre Ríos a partir de iniciativa de las cortes provinciales. Tendrían que extenderse a todo el país y funcionar con un modelo similar de atención full life y sin dilaciones.

l Capacitación a magistrados/as e integrantes del Poder Judicial en perspectiva de género: La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue una creación de la ya fallecida (y no reemplazada) Carmen Argibay. Sin presupuesto y con mucho voluntariado lograron realizar talleres sobre cómo actuar en casos de violencia doméstica para treinta mil personas y capacitar a trescientas altas autoridades. Sin embargo, falta demasiado. El Poder Judicial lo integran 100.000 profesionales que deberían tener en cuenta la singularidad de la violencia sexual, la trata, el abuso sexual y la violencia machista, no revictimizar a las víctimas y no culpabilizar a las madres que denuncian para proteger a sus hijos e hijas de agresiones en el seno de la familia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sólo está capacitado el tres por ciento del personal judicial. Hay que capacitar al 97 por ciento de la Justicia bonaerense.

l Registro oficial único de víctimas de violencia contra las mujeres: Hasta ahora las cifras de femicidios son de la ONG La Casa del Encuentro a partir del recuento en medios de comunicación. Las/12 pudo saber que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dispuso un registro oficial de muertes de mujeres y se preparan otros proyectos en ámbitos gubernamentales.

l Desigualdad entre las mujeres según la clase social y la zona en la que viven: “Todavía existe un bache muy grande entre Capital y provincia de Buenos Aires y ni qué hablar otras provincias. Además, si bien se crearon algunos dispositivos, no se ha logrado una verdadera articulación entre los mismos, son sólo islas que no se conectan entre sí. Las diferentes propuestas tanto gubernamentales como no gubernamentales están pensadas para las clases burguesas; lxs nadie, donde las opresiones son múltiples, no cuentan para las esferas de decisiones”, critica Myriam Noemí Machaca, integrante del colectivo de mujeres Mariposas de Villa París.

“La Línea 144 funciona las 24 horas, los 365 días del año y trabaja con una Guía Nacional de Recursos que se ha puesto a disposición en la página web del Consejo Nacional de las Mujeres, dando muestras de una política auspiciosa de acceso a la información. A partir del análisis de los datos publicados en la Guía, se concluye una gran disparidad de recursos disponibles en las provincias”, marca el informe de ELA.

• Profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país: El Manual de Educación Sexual Integral para nivel secundario II del Ministerio de Educación de la Nación contempla la prevención de violencia familiar y de noviazgos violentos. Por eso, tiene que repartirse masivamente e implementarse, efectivamente, en todas las escuelas públicas y privadas, de todo el país. Es un derecho de las chicas poder recurrir, aprender y pedir ayuda en la escuela cuando en sus familias o en sus parejas son agredidas.

• Protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios: “En el control del cumplimiento de las medidas de protección tenemos todavía fallas en el sistema”, admite una alta funcionaria judicial que prefiere reservar su identidad. Ella propone la colocación de pulseras en los agresores para poder monitorear su lugar de ubicación y que no se acerquen a la casa de la víctima o a su lugar de trabajo, violando las órdenes de impedimento de contacto. El beneficio de este sistema es que el control se ejerce sobre el victimario y no sobre la víctima. Este sistema se utiliza en otros países, como en España. Pero no fue implementado ni adquirido en Argentina.

• Reparto de botones antipánico en todo el país: El principal problema de las mujeres es que después de denunciar a su agresor la violencia puede aumentar. Y, si no están protegidas, corren riesgo. En muchos casos, las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) o la Justicia prohíben a los agresores acercarse a la víctima, a su casa, la escuela de sus hijos, su trabajo o en la calle. Pero, en la práctica, los agresores violan las prohibiciones y las insultan al oído, les gritan en el subte, las amenazan frente a sus hijas o provocan incendios intencionales en la madrugada en sus casas. Por eso, aunque no son una solución mágica, se necesita un plan nacional de reparto de botones antipánico. En la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Lanús, Morón y Tigre los reparten las jurisdicciones locales, según sistemas de monitoreo y fondos locales. Los sistemas tienen que estar operativamente controlados con las fuerzas de seguridad para que la asistencia sea eficaz y no apenas un placebo contra el miedo. También el Ministerio de Seguridad de la Nación distribuyó más de cien botones antipánico, pero que se colocan dentro de los hogares, ya que, explican, no podían confiar en que la policía fuera a poder responder a la víctima si viajaba en subte –por afuera de la señal– o pasaba a la provincia de Buenos Aires, entre otros obstáculos. Aunque en casos de riesgo se pueden alternar el sistema móvil (como un telefonito portátil) y el fijo. Una deuda pendiente es que el sistema sea distribuido a nivel nacional y otra que sólo se otorgan a partir de la orden judicial. El problema llega, en muchos casos, porque la víctima no tiene abogado/a ni patrocinio jurídico gratuito y la Justicia no dispone la protección de la mujer que camina con la zozobra sobre sus hombros y el aliento cortado por la venganza que le juró su ex pareja por echarlo de su casa o iniciarle una causa penal. Por eso, también, habría que crear métodos alternativos directos para cuando la Justicia falla y no protege a las que más que víctimas son valientes.

• Custodia de víctimas en casos graves: “No podemos poner un policía a cada víctima de violencia de género”, afirman en el Ministerio de Seguridad. Por eso, los botones antipánico son la primera barrera de protección. Pero en casos de alto riesgo sí hay que otorgar custodias, que se pueden combinar con dispositivos electrónicos. En la Ciudad de Buenos Aires la calificación de peligro se coordina entre la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y el Ministerio de Seguridad. La policía tiene que cumplir con el manual de “Buenas prácticas para la intervención policial en casos de violencia intrafamiliar”, del Ministerio de Seguridad, y cumplir la custodia veinticuatro horas taxativamente, sin ningún relajo.

• Refugios para agresores: “Los refugios castigan a las mujeres y aligeran la vida de los violentos. Por eso, mientras están en juicio, los refugios tendrían que ser para ellos”, dispara una idea para no aislar a las mujeres la psicóloga y periodista Liliana Hendel.

• l Creación de un Observatorio de Violencia de Género: “La Argentina tiene un marco legal de avanzada en materia de derechos de la mujer, pero hay provincias que aún no han adherido a la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y muchas que han decidido no reglamentar normativa específica. No se ha hecho operativo el observatorio de la violencia contra las mujeres que prevé la norma, ni contamos con los recursos necesarios para atender a las mujeres que deciden tomar la decisión de denunciar a los victimarios”, critica la diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda.

• Protocolos de actuación policial: “En la provincia de Buenos Aires la primera causa de llamados al 911 es por casos de violencia contra las mujeres y la policía es la primera institución que acude al conflicto, por lo que es muy importante la capacitación que reciban las y los agentes. Y debe protocolizarse el accionar policial”, propone la diputada bonaerense de Nuevo Encuentro Graciela Romanelli.

• Sanción inmediata para los tribunales que usan SAP: “En muchos tribunales de familia se castiga a las madres protectoras que se animaron a denunciar a varones, en general poderosos, diciendo que ellas usaron el Síndrome de Alienación Parental (SAP) con sus hijos. No deberíamos admitir una Justicia que castiga a niñas y niños”, resalta Hendel.

• Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género: “Reclamamos con carácter de urgencia que se declare la emergencia nacional en materia de violencia de género y que se destinen recursos para esta lucha”, demanda Donda. En Salta, por ejemplo, ya fue declarada la Emergencia.

• Sentencias específicas por violencia de género: “Necesitamos que se establezcan penas claras, porque hoy la ley no las plantea y sin sanciones no hay forma de controlar la violencia”, afirma Mabel Bianco, presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

• Grupos para varones violentos: “Tiene que haber grupos de recuperación para hombres violentos obligatorios, como cuando tienen que hacer tareas comunitarias. Junto a Graciela Ferreira vamos a ofrecer cursos interdisciplinarios de formación y recuperación para hombres violentos”, anuncia Corina Fernández, sobreviviente de una tentativa de femicidio y creadora de la ONG “Hay una salida”.

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