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El gobierno de Uruguay se apresta a lanzar una campaña de “desarme voluntario y tenencia responsable” de armas de fuego. La Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de ley que postula penalizar con dos a seis años de prisión el tráfico de armas y municiones, y otorgar un plazo de seis meses para entregar o regularizar las armas que se posean ilegalmente, y se espera que el Senado lo sancione en abril.
“La campaña debe reforzar la ley; se necesita mucha información porque los ciudadanos contarán con seis meses para regularizar los registros o entregar las armas y eso debe ser bien explicado”, afirmó el jefe de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Ricardo Gil.
El funcionario agregó que “la campaña también apuntará a tratar de que los civiles no se armen, y si lo hacen, que sea en forma responsable”, reportó la agencia noticiosa alemana DPA.
En tanto, la diputada oficialista y ex ministra del Interior Daisy Tourné sostuvo que es “una locura” que el tráfico de armas y municiones no esté tipificado como delito en el país.
En Uruguay hay 584.112 armas de fuego registradas, pero se cree que en los últimos años aumentó la tenencia no registrada.
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