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@Un nuevo obstáculo amenaza el normal desarrollo de los juicios contra represores acusados por su actuación en la última dictadura. La estrategia en boga que despliegan los abogados defensores consiste en cuestionar a los fiscales que actúan como ad hoc (auxiliares) con el argumento de que estarían designados en forma ilegal. La intención evidente es sacar de la cancha a fiscales que por lo general son especializados, que han sido el motor de muchos procesos, y directamente anular sus nombramientos. Para eso, los letrados invocan una resolución de la Corte Suprema de mediados de agosto, que está provocando un efecto dominó. Ya hay una decena de casos donde se formuló este planteo. En su mayoría son casos de crímenes de lesa humanidad, aunque también se está empezando a utilizar para entorpecer casos de violencia de género y narcocriminalidad.
Los fiscales ad hoc son aquellos que conforman un equipo de trabajo con un fiscal titular y actúan siempre bajo sus directivas. Han sido claves en los procesos por crímenes contra la humanidad en algunas provincias como colaboradores de investigaciones de gran envergadura, a veces muy demoradas por constantes excusaciones de funcionarios judiciales vinculados con los imputados. Distinto es el papel de los subrogantes, que ocupan en forma interina un cargo que está vacante. Hasta ahora, en los casos en que hubo abogados defensores que pidieron invalidar el nombramiento de fiscales ad hoc, los tribunales orales o de primera instancia rechazaron esos planteos, pero la mayoría serán revisados por la Cámara de Casación Penal, es decir que no están firmes. Los fiscales siguen actuando, aunque aún no hay una definición, y estos cuestionamientos producen demoras.
La Cámara de Apelaciones de Salta anuló la semana pasada el nombramiento de Pablo Pelazzo como fiscal ad hoc a pedido del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier.
En Tucumán, en medio del megajuicio por los centros clandestinos Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía, fueron cuestionados los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira. La denuncia la hizo el defensor oficial Cirnio Lo Pinto, quien paradójicamente trabaja con varios defensores ad hoc.
En Bahía Blanca el defensor de tres de los siete represores acusados por un centenar de secuestros, torturas y homicidios cuestionó a los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Palazzini.
En Rosario fue cuestionado el fiscal ad hoc Gonzalo Stara, en un juicio donde están imputados, entre otros, los ex agentes de inteligencia Pascual Guerrieri y Eduardo Constanzo y el ex teniente Juan Amelong.
En Mar del Plata, el ex fiscal Gustavo De Marchi, acusado por los crímenes de la ultraderechista Concentración Universitaria Nacional (CNU) y extraditado desde Colombia, cuestionó al fiscal Pablo Larriera, que es subrogante.
Por su actuación como ad hoc en el juicio sobre el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, el fiscal Carlos Gonella también fue objetado. En este caso fue condenado a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez. Es posible que esta causa sea la primera que defina Casación.
En todos los casos los abogados defensores invocan la resolución de la Corte Suprema de agosto, que se refiere al caso de una secretaria de la Procuración que actuaba como fiscal subrogante ante el propio máximo tribunal. Los jueces supremos declararon ilegal ese nombramiento porque, dijeron, para cubrir una vacante de fiscal, según la Ley del Ministerio Público, primero hay que buscar entre otros fiscales, y si eso no es posible, se puede designar a alguien proveniente de una lista de funcionarios del Ministerio Público o de abogados. Según el fallo, esas condiciones no se cumplieron. Las resoluciones previas no fueron anuladas. Como el caso que analizó la Corte era de una subrogante, por eso en la Procuración dicen que está mal citado para cuestionar a los fiscales ad hoc. “Lo grave de estas presentaciones es que hay un gran riesgo de que se paguen con una moneda de impunidad tremenda. Los procesos por crímenes de lesa humanidad ya sortearon muchas dificultades, ésta es una nueva traba. Son procesos con imputados y testigos de avanzada edad, cualquier freno en el tiempo puede tener un costo altísimo”, dijo Jorge Auat, titular de la Procuraduría contra los Crímenes de Lesa Humanidad. Ante este escenario, prevé una reunión para este miércoles con organismos de derechos humanos.
El mismo tipo de escollo se presentó también en dos casos de violencia de género. Los cuestionamientos a los ad hoc fueron realizados por las defensorías oficiales para intentar conseguir la suspensión del juicio a prueba y obtener una pena alternativa para los acusados. Es más, en uno de los casos había intervenido una defensora ad hoc. En Santa Fe, el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli denunció a Juan Murray, fiscal subrogante, y a Federico Reynares Solari, ad hoc. La cámara hizo lugar al planteo contra este último y lo definirá Casación.
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