La Plaza Sobremonte es un paseo obligado para los turistas que visitan la pintoresca Villa de Merlo, en San Luis. Es curioso cómo al atardecer bandadas de pajaritos giran enloquecidos alrededor de la pirámide principal, convirtiéndose en toda una atracción, mientras los bares, tiendas y comercios de la zona vibran con el público que recorre y consume. Este año, sin embargo, esa postal de la ciudad puntana no existió. La paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional convirtió esa foto tradicional en un recuerdo de otros tiempos. "Es un tendal", se quejan los vecinos, con la plaza clausurada por una lona verde, en tanto los dueños de restaurantes y negocios afectados por la disminución de turistas pusieron el grito en el cielo. El intendente prometió terminar los trabajos abandonados hacia mitad de año, con recursos propios.

El caso es un ejemplo más de los múltiples impactos que está teniendo la decisión de Javier Milei de cortar en seco la inversión en infraestructura del Estado nacional en provincias y municipios de todo el país. Si el intendente de Merlo, Juan Alvarez Pinto, cumple su promesa y completa las obras antes de las vacaciones de invierno, los daños para el comercio quedarán acotados a esta pobre temporada veraniega y algunos meses más, pero el temor allí y en miles de localidades de la Argentina es que las imágenes del abandono y el atraso que instaló La Libertad Avanza se conviertan en una realidad de años y años.

Los elefantes blancos de la obra pública cancelada por gobiernos ajustadores son historia repetida en el país. El riesgo de revivir esas experiencias traumáticas se multiplica por la propia velocidad que le imprimió la gestión anterior, del Frente de Todos, a estas iniciativas. El gobierno de Alberto Fernández mantuvo un ritmo acelerado de inversiones en infraestructura, primero retomando 210 proyectos paralizados por la administración de Mauricio Macri -principalmente viviendas, rutas, escuelas y hospitales, que quedaron congelados tras el acuerdo con el FMI en 2018-, y luego desplegando un ambicioso programa que llegó a finalizar 4434 trabajos.

En ese listado figuran las obras de conectividad -rutas, autopistas, puentes, accesos a pueblos y ciudades-, las que pusieron en valor lugares históricos o turísticos -museos, plazas, centros culturales-, las que dieron soluciones habitacionales -programas de vivienda, establecimiento de lotes con servicios-, las que extendieron las redes de gas, agua y cloacas, las destinadas a educación -universidades, escuelas técnicas- y las de infraestructura rural, urbana y del cuidado -desde la ampliación de la cuenca del Río Salado hasta los centros de atención infantil-. Las obras en energía -como el gasoducto Néstor Kirchner- y las de transporte -ferroviarias o puertos- no están contabilizadas en aquel listado de 4434 trabajos terminados.

Menos desarrollo, menos empleo

La interrupción de la obra pública golpea de manera directa sobre la calidad de vida de la población, sobre el empleo y sobre el crecimiento económico. La Cámara Argentina de la Construcción y el sindicato del sector advirtieron que hay 150 mil puestos de trabajo en riesgo por la decisión de Milei. Incluso se interrumpieron trabajos que cuentan con financiamiento internacional, con créditos del Banco Mundial, el BID o la CAF. Por ejemplo, la construcción o remodelación de edificios para universidades. El gobierno anterior terminó 67 proyectos en ese rubro, pero hay cien que entraron al freezer desde que gobierna la extrema derecha. 

De acuerdo al relevamiento del ex ministro de Infraestructura nacional y actual ministro del área en la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada había 2308 obras públicas en ejecución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con una inversión en marcha de 310 mil millones de pesos. Casi la totalidad de esas iniciativas son las que ahora están frenadas. 

Aquel dinamismo de las inversiones en infraestructura fue clave para que el gremio de la construcción alcanzara en agosto del año pasado su marca máxima en cuanto a ocupación, con 479.856 operarios registrados. Ahora se observa el movimiento contrario.

Las obras se distribuían en diferentes tipologías: conectividad e infraestructura vial (514 proyectos), gestión integrada del recurso hídrico (1031), e infraestructura urbana, rural y del cuidado (763). Son las 2308 iniciativas cortadas por la motosierra de Milei.

Sin puente ni acueducto

La construcción de un nuevo puente de 772 metros entre las ciudades de Resistencia, Chaco, y Corrientes, sobre el río Paraná, con dos circunvalaciones que beneficiarían a unas 100 mil personas cayó en la volteada. Quedará el viejo puente de 1973, previsto para el tránsito de 5 mil vehículos diarios, aunque la saturación actual llega a 25 mil por día. 

Otra obra emblemática para Chaco que estaba a punto de finalizar y ahora entró en el limbo libertario era un segundo acueducto que daría cobertura de agua potable a 26 localidades, con 400 mil ciudadanos alcanzados. Además de reducir las brechas de acceso a este servicio indispensable, la iniciativa mejoraría las condiciones para la producción agraria. El proyecto fue diseñado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se fue a un cajón con Macri, se puso en marcha con Alberto Fernández y cuando faltaban cinco meses para terminarlo, Milei lo dio de baja.

Sin rutas ni autopistas

La mayoría de las provincias tenían en marcha proyectos de construcción de rutas y autopistas largamente esperados. En Buenos Aires se trata del tercer anillo de circunvalación del AMBA, desde el Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste hasta la ruta 2, beneficiando a 12 millones de personas. La autopista Presidente Perón tiene un trazado de 83 kilómetros, con 32 puentes y la conexión de 12 municipios. Hasta el final del mandato de Fernández se completaron 53 kilómetros y se habilitaron al tránsito 37. Con completar otros 5 kilómetros era posible sumar otro tramo de 15 kilómetros, pero Milei lo frenó.

En Chubut era la nueva autovía 3 entre Puerto Madryn y Trelew. El proyecto contempla la duplicación de la calzada en una extensión de 64 kilómetros, lo que permitiría mejorar la seguridad vial y la conexión entre estas ciudades, con beneficios para el turismo y el transporte de cargas. Pero ahora es víctima del "afuera" de La Libertad Avanza.

En Córdoba era la autopista entre San Francisco y Río Cuarto. Los 13 kilómetros de duplicación de la calzada eran esenciales para el corredor bioceánico centro, con un rol clave para la provincia y de conexión estratégica para el Mercosur. Pero ahora, afuera.

En Santa Fe era la autopista entre Angélica y Sunchales, con una extensión de 74 kilómetros que mejorarían la circulación vial en una de las zonas agro-industriales más importantes del país. También mejoraría la conexión con la provincia de Buenos Aires y el conglomerado portuario del Gran Rosario. La autopista ya cuenta con 45 kilómetros habilitados al tránsito, mientras lo que falta, afuera.

En Mendoza era la nueva autopista Sistema Cristo Redentor, con 39,5 kilómetros que formarían parte del corredor bioceánico y serían fundamentales para el enlace con Chile, brindando una nueva salida al Pacífico para la producción argentina.

El listado de obras, como se mencionó más arriba, incluía a todas las provincias. La decisión de cancelarlas es otro atentado contra el bien común.