Después de la intervención de Javier Milei en Davos, una palabra que volvió a recorrer las redes sociales fue “delirio” para calificar un discurso que, además de defender un capitalismo de libre empresa y alentar el desguase del sistema productivo, embistió contra todos los sectores y una vez más, contra el feminismo. “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”, dijo el mandatario en un acto de soberbia que, lejos de ser delirante, se está implementando en la práctica. De hecho, grupos de trabajadoras y gremios a lo largo del país vienen denunciando públicamente un “recorte en las políticas públicas de género”. Esto se traduce, por ejemplo, en la no renovación de contratos en la línea nacional 137 de asistencia por violencia familiar y sexual (que funciona en Buenos Aires pero brinda atención a todo el país) o en el despido de 24 trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad degradado a Secretaría en Santa Fe.

La Línea 137 de asistencia a violencia familiar y sexual depende del Ministerio de Justicia de la Nación. “La gestión actual despidió vía mail a siete personas que ingresaron en 2023. En cuanto a las 54 personas que trabajamos en la línea hace más tiempo (en muchos casos, hace más de una década) nos renovaron los contratos sólo por 90 días y esta medida está sujeta a revisión”, comentó Laura Boggon, psicóloga, trabajadora de la línea 137 y delegada de ATE, en diálogo con Página 12. “O sea, puede suceder que en marzo perdamos nuestro trabajo y sobre todo, peligra la continuidad de la Línea, una política pública de excelencia, con más de 15 años de trayectoria, lo cual dejaría sin respuesta a los sectores más vulnerables ante las violencias que padecen”, agregó.

La línea 137 brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Parte del dispositivo de la Línea incluye equipos móviles interdisciplinarios. La importancia de este entramado es la de poner a resguardo a la víctima en el momento mismo en la que se recibe el llamado que en muchos casos también es hecho desde comisarías, hospitales o escuelas. Además, brindamos información esencial a jueces, secretarios y fiscales. Es decir, somos el espacio de intervención en el momento de una emergencia”, explica Boggon y agrega: “Todo este trabajo corre el riesgo de ser desmantelado. Por eso no nos llama la atención lo que dijo Milei en un foro internacional. Su desdén es lo que padecemos día a día quienes trabajamos en espacios atravesados por una mirada de género y una sensibilidad social específica en articulación con la Justicia”.

Despidos como política de gobierno

En Santa Fe, el ex ministerio devenido en Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad despidió ayer a 24 trabajadores y trabajadoras que integran los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad según confirmó la delegada de ATE Lucrecia Di Paolo a Página 12. “En un contexto de recesión y ajuste, quedarse sin trabajo tiene un impacto subjetivo enorme. Pero también es un aviso, una forma de disciplinamiento para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, a quienes el gobierno nacional parece despreciar. Lo dijeron en campaña cada vez que pudieron y lo vuelven a repetir en Davos. El gobierno provincial santafesino está alineado con ciertas políticas de La Libertad Avanza y por eso decimos que el desmantelamiento de las áreas de género no es un problema local sino un problema nacional”, agregó Di Paolo.

Por estos días, se dieron tres bajas de contratos en la línea 144 que brinda atención a víctimas de violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires, dos en el Hogar Eva Duarte, tres en el refugio Mariquita Sánchez destinado a mujeres que están atravesando una situación de violencia de alto riesgo, dos en el subprograma de Asistencia a varones que han ejercido violencia y cinco en distintos Centros Integrales de la Mujer (CIM), según informó Télam.

La piedra de toque

“La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad”, dijo Milei en Davos. Esta declaración biologicista y vetusta explica claramente la decisión de que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación haya bajado su rango para convetirse en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano, que no da ninguna señal de simpatía hacia humanidad alguna.

 “Lo que dice Milei no es un delirio. Señalizar y estigmatizar al movimiento feminista está relacionado a un fenómeno global de articulación entre el neoliberalismo y el conservadurismo o autoritarismo, que elige determinados sectores como enemigos. Quienes defienden un modelo de concentración de la riqueza ven como una amenaza a los feminismo o los movimientos ambientalistas, que se meten en el corazón de las desigualdades”, explica Luci Cavallero, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la asamblea Ni Una Menos.

Justicia e igualdad

También advirte que es necesario observar el contexto del discurso. “Está hablando en el interior del poder económico mundial. O sea, les está hablando a quienes quiere como interlocutores. Y él sabe que debe entregar algo a cambio. Les habla a ellos y nos habla a nosotras y eso no tiene nada de delirio sino que es puro cálculo. Cuando apela a la igualdad ‘natural’ entre varones y mujeres, lo que hace es algo que podemos denominar ‘una pedadogía de renaturalización de las desigualdades de género’. A los despidos y las violencias que el gobierno actual ejerce contra los feminismo hay que leerlos en ese contexto”, agrega. ¿Esto qué significa? “No hay proyecto de justicia social sin igualdad de género. Entonces, La Libertad Avanza decide señalarnos, estigmatizarnos, porque es un modo en que el Estado a su cargo está diciendo que no va a abordar estas cuestiones o incluso, que va a silenciarlas”, explica Luci.

Cavallero observa la situación en términos históricos y apunta que muchas de las luchas feministas libradas a lo largo del tiempo se cristalizaron, aunque sea parcialmente, en conquistas, leyes y normativas que mejoraron la vida democrática. Es el caso de la legalización del aborto, la Ley de Identidad de Género (pionera en el mundo) o la Ley de Educación Sexual Integral. Es decir, el Estado tuvo que admitir el impacto de los feminismos a escala política, social y económica e incorporarlos en su agenda. Todo eso es lo que el gobierno actual se quiere llevar por delante. "A eso se responde participando del paro del 24 de enero, vitalizando las redes solidarias que supimos armar, sus tramas y conexiones con todos los sectores y luchas de nuestro campo popular", propone la cientista social.