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Desde Madrid.
Aunque faltan seis meses para los comicios municipales de 2007, uno de los primeros asuntos que ya es promesa electoral es la lucha contra el “descontrol urbanístico” en España, donde la construcción se ha convertido en motor de su economía. “No vamos a presentar ante los ciudadanos a nadie cuya conducta pública plantee alguna duda”, afirmó el secretario de organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, al presentar un “decálogo” de medidas para luchar contra la “impunidad urbanística”.
El decálogo presentado por los socialistas para “recuperar la función social de la vivienda”, considera “fundamental preservar el patrimonio natural para garantizar un crecimiento ordenado”, lo que implica “perseguir las recalificaciones (de tierras) indiscriminadas”. “Transparencia informativa y cumplimiento escrupuloso de la legalidad” regirán la política propuesta por los socialistas, dijo Blanco. “Lo que antes se ocultaba, ahora se investiga”, sostuvo en alusión a los años de gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2004.
Tras el escándalo urbanístico de proporciones millonarias destapado en marzo pasado en el balneario de Marbella, que provocó la detención de la plana mayor de la alcaldía marbellí, otros casos de corrupción inmobiliaria fueron saliendo a la luz, involucrando a funcionarios del PP y del PSOE. Villanueva de la Cañada y Ciempozuelos son algunos de los municipios madrileños donde saltaron escándalos de corrupción.
En el primero estaría envuelto el director general de Urbanismo de la comunidad de Madrid –gobernada por el PP–, Enrique Porto, que dimitió semanas atrás después de conocerse que favoreció a constructoras en una operación urbanística bastante frecuente: comprar una parcela por 87.000 euros y venderla (tras recalificación) por 4,3 millones de euros.
En el segundo, un ex alcalde socialista habría recibido 40 millones de euros para autorizar la recalificación de unos terrenos.
Denuncias sobre proyectos urbanísticos de miles de viviendas –incluyendo campos de golf– en zonas donde no hay garantías para el suministro de agua se escuchan cada semana en este país, donde en 2005 las superficies construidas aumentaron en 41 por ciento respecto de 1987 y donde el precio de la vivienda se disparó en 150 por ciento desde 1997, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España.
“Con este gobierno se ha acabado la impunidad urbanística”, afirmó Blanco, después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, recordara maliciosamente los escándalos de corrupción que empañaron el último mandato del socialista Felipe González (1982-1996). “Llevan dos años y medio en el gobierno y ya han conseguido que se vuelva a hablar de corrupción”, dijo el jefe conservador. Todos los funcionarios públicos y militantes del PSOE sobre quienes existan “indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas” vinculadas con delitos urbanísticos deberán “abandonar su cargo” y serán “separados del PSOE”, anunció Blanco, que “emplazó” al PP a asumir el mismo compromiso.
Los socialistas quieren que el Estado vuelva a intervenir en el ordenamiento urbanístico, que ahora es competencia de los municipios y los gobiernos regionales y por eso impulsan una reforma de la Ley del Suelo que data de 1998, cuando gobernaba el PP, y que declaraba urbanizable todo el suelo. La futura norma quiere distinguir entre suelo rural y urbanizado y atribuir al suelo su valor actual y no en función de la expectativa de su desarrollo. La gravedad de la situación creada por la rampante corrupción en el sector urbanístico reside en que, ante la mirada indiferente de todos, la construcción se ha convertido en motor de la economía española. Es decir, el polizón se ha hecho con el barco.
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