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Viernes, 3 de noviembre de 2006

VIOLENCIAS

Morir en aguas mansas

En la puerta de la Puna salteña, en un pueblo atravesado por el mítico Tren de las Nubes y por el ímpetu del turismo, tres mujeres fueron violadas y asesinadas y una cuarta sobrevivió a la agresión. Sin embargo, ese guión que se cumple en estos casos y que habla de víctimas pobres atacadas por patotas de jóvenes relacionados con el poder es visto por el gobierno como “una fatalidad”. Mientras, el pueblo murmura pero no llega a agitar un clima demasiado manso.

 Por Roxana Sandá

Campo Quijano es un pueblo tradicional de Salta al que se lo conoce como El Portal de los Andes, por ser puerta de acceso a la ruta nacional 51, que sube hacia la Puna. Lo atraviesan las vías del Tren de las Nubes, el turismo y los festejos de la primavera, que convocan a unos 4000 jóvenes de la provincia. La pastora Lidia Beliza Quipildor, de 18 años, fue asesinada en ese paraíso natural, violada con saña y en reiteradas oportunidades por un grupo de hombres quienes, para el intendente de ese municipio, Manuel Cornejo, sólo “son el producto de la fatalidad”.

Es preciso decir que la joven pertenecía a una familia humilde de pastores residentes en la montaña del paraje Pascha, a 4100 metros de altura, que cuando no volvió a dormir a la casa de la hermana, su padre, Julián Quipildor, bajó al pueblo para denunciar en la comisaría la desaparición de su hija, y que los policías registraron el hecho –como suele suceder en cada rincón de la Argentina– como “fuga de hogar”.

El cadáver de Lidia apareció el 30 de septiembre en un canal de riego sobre el kilómetro 2 de la ruta 51, frente a la casa de su hermana América. Había sufrido un ataque sexual por vía vaginal y anal que además las pericias calificaron de violento. El juez Pablo Farah no dudó en caratular el caso como “violación seguida de muerte” luego de que un adolescente que también participó de la agresión junto con otras siete personas declarara que la noche del 21 de septiembre la joven y una amiga se reunieron con ellos en el camping –donde este año se resolvió prohibir la venta de alcohol– y se subieron a la camioneta 4x4 que manejaba uno de los hombres, para dirigirse al dique Las Lomitas. El chico confesó que cuando la borrachera mareó al grupo, al menos tres hombres forzaron a Lidia a subir al vehículo y la desnudaron para después violarla por la vagina, aunque su muerte habría ocurrido mientras era penetrada por vía anal. Ninguno de los detenidos confesó aún qué sucedió en las horas siguientes con el cuerpo de la joven, aunque declararon que su amiga también mantuvo relaciones con ellos, pero “consentidas”.

“Como si pudiera hablarse en estos casos de relaciones sexuales consentidas”, lamenta la periodista Marta César, que investiga la muerte de la productora rural Liliana Ledesma. La mujer apareció muerta a puntazos a fines de septiembre, diez días después de haber denunciado al diputado provincial justicialista José Aparicio, un referente del gobernador Juan Carlos Romero, por cerrar caminos vecinales para crear una zona liberada para contrabando de droga en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. La boca de Ledesma fue tajeada de arriba abajo, como amenaza de silencio hacia otros productores.

“En Salta, las mujeres que se resisten, las que luchan por sus derechos y denuncian, son silenciadas con la muerte –revela César–. Toda la provincia está sumida en un ambiente de violencia, pero los asesinatos y los ataques sexuales en particular se suceden con una frecuencia que asusta.” Desde su trabajo en la radio local Noticias y en la Comisión de Mujeres de la Universidad Nacional de Salta, la periodista viene denunciando “estas muertes sobre las que no hay estadísticas oficiales. Son forzosamente invisibles por la conciencia machista de la sociedad salteña, que por supuesto anida en el gobierno provincial. La idea de autoridad social del hombre está tan arraigada como el principio de que puede disponer del cuerpo de la mujer. Mientras tanto, organismos que deberían ocuparse de estas urgencias de género, como el Consejo Provincial de la Mujer, son meros sellos de goma.”

En Campo Quijano, los hechos delatan aberraciones que para el cura párroco del municipio, Fernando Campero, “son la punta de un iceberg que nos puede traer graves consecuencias”. Sólo en los dos últimos meses una patota violó a una joven hasta destrozarle los genitales con un palo, otra fue violada y asesinada, y su cuerpo arrojado a la vera de la ruta nacional 51, como ocurrió con Lidia Quipildor, y una cuarta –contando a Lidia– sufrió un intento de asesinato en su lugar de trabajo cuando un chico de 15 años quiso degollarla. Campero, que llegó a Campo Quijano hace tres años, encabezó el miércoles 25 de octubre una marcha de silencio y acusó al poder político local de sembrar el miedo. “El turismo es importante aquí, pero estos hechos y los otros no denunciados se deben conocer. El poder ejerce mucha presión sobre esta situación. Muchos casos no han sido denunciados por miedo. Señor, líbrame de las aguas mansas, que de las turbulentas me cuido yo. Quijano es una agua mansa, los vecinos sólo hablan por lo bajo.”

En la provincia del gobernador Romero, “las chinitas”, como alguna vez las llamó el empresario tabacalero Simón Hoyos (condenado a prisión por las violaciones que perpetró durante décadas contra mujeres y niñas en la plantación de su propiedad), sufren la desigualdades de fuerza que impone el patriarcado. Algunas se convierten en casos paradigmáticos, como Roxana Alderete, que antes de morir a trompada limpia a manos de su pareja, había peregrinado por la misma comisaría en cinco oportunidades sin suerte alguna, para denunciar esos actos de violencia. En el último Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Jujuy, la otra franja norteña donde los paradigmas se realimentan de casos como el de Romina Tejerina, las salteñas participantes alzaron sus voces contra ese relativismo cultural que logra atravesarlas a puertas cerradas o bajo el disfraz de los festejos populares.

“Qué va a andar el diablo matando gente; son los hombres los que matan mujeres”, advierte la abogada Mónica Menini, a cargo del área de Niñez y Familia provincial, que desarrolla el Programa de Coordinación de Problemáticas de Violencia Familiar. “No es fácil desterrar un yunque tan pesado, sobre todo si el Estado no advierte que sin una perspectiva integral de género el abordaje a estas problemáticas resulta ineficaz.”

En los últimos días, la violencia sistematizada volvió a hacerse carne en las muertes de la adolescente catamarqueña Rocío Ubilla y de la niña Evelyn Ferreira, del Gran Buenos Aires. Son casos que definen una tensión brutal hacia las mujeres –remarca Menini–. Y aquí se hace muy presente esta cuestión de que la cultura nos viene a trasmano respecto de lo que plantean los movimientos feministas. Es necesario, entonces, fortalecer las redes sociales, para que las mujeres dejen de estar paradas en un lugar del que pareciera que no van a poder salir.”

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LA CAMIONETA -ARRIBA- DONDE LA PASTORA PUÑEÑA LIDIA QUIPILDOR –DEBAJO– FUE VIOLADA Y ASESINADA POR TRES JOVENES DE CLASE ALTA.
 
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