El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó, por intermedio del Fiscal del Estado, Hernán Rodolfo Gómez, dos escritos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno en reclamo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otro por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del País, que el gobierno que encabeza Javier Milei primero se negó a transferir a las provincias y luego eliminó, en el primer caso, por decreto.

En el caso del FONID, que constituye el aporte de Nación para complementar los sueldos docentes de las distintas provincias, la demanda es por un monto, a la fecha, de 42 mil millones de pesos. 

En materia de compensación de transporte, lo adeudado asciende a 5 mil millones de pesos. Ambos escritos destacan la competencia de la Corte en esta clase de dierendos, invocando los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

Se trata, en realidad, de sendas acciones declarativas de certezas, acompañadas de respectivas medidas cautelares. La acción declarativa de certeza, según la definición jurídica, “es aquella que tiene por finalidad eliminar un estado real de falta de certeza o de inseguridad que amenace la condición jurídica del actor y justifique la necesidad de una inmediata aclaración, ya que este estado de incertidumbre con relación a la existencia o no del derecho en cabeza del actor, le provoca un perjuicio o lesión actual".

Los pedidos

El primer pedido se desarrolla en un texto de 54 páginas que tiene por objeto solicitar al Máximo Tribunal "la plena vigencia y eficacia" del FONID y la inconstitucionalidad del decreto que definió su eliminación. Además, también exige que la administración libertaria "se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan la ejecución" del fondo.

La presentación va acompañada de una medida cautelar en que se solicita que la Justicia le ordene a la Nación la transferencia efectiva de los montos devengados a favor de la Provincia de Buenos Aires. No sólo hace referencia al FONID sino también en lo que refiere al material didáctico y los fondos destinados a los programas de conectividad, ambos conceptos contemplados en Presupuesto nacional 2023.  

La segunda presentación pide a la Corte que se "declare la invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica" del comunicado que oficializó el fin del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI). 

A la hora de argumentar, los fundamentos considera que, en ambos casos, se trata de derechos adquiridos, por la continuidad en el tiempo en el envío de ambos fondos. En el caso del FONID, se trata de un fondo que, sin solución de continuidad, se envió desde el año 1999 hasta 2023. Es decir, por 24 años.

Otro argumento de peso es que el propio Gobierno nacional, al prorrogar el presupuesto 2023, se autoimpone la continuidad del FONID.  "Al no haberse sancionado la ley del presupuesto general de la administración pública para el año 2024, por Decreto Nacional Nº 88/23, se dispuso que, a partir del 1° de enero de este año rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias”, dice una de las presentaciones. 

Finalmente, asegura la Provincia, la decisión que distribuyó el Presupuesto prorrogado de 2023, "incluyó en las Planillas Anexas el art. 1°, el monto total de $347.350.608.785", que debería haber sido distribuido por la Secretaría de Educación. 

"De ese modo, ha sido el propio Poder Ejecutivo Nacional que le dio principio de ejecución y reconoció para el año 2024, la vigencia del FONID, con la prórroga de la Ley Nº 27.701 y la asignación de recursos efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros en el ejercicio de la administración general del país (art. 100 inc. 1º de la Constitución Nacional)", se concluye. 

Antecedentes

Ya en marzo pasado, el gobernador había hecho una presentación similar, ante la decisión del gobierno central de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), que había establecido en 2020 el entonces presidente Alberto Fernández.

Aquel conflicto había comenzado cuando el antecesor de Fernández, Mauricio Macri, le aumentó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del traspaso de la policía federal a la órbita municipal, de 1,4 a 3,75. Esa medida, unilateral y excesiva respecto del gasto policial, generó protestas de los gobernadores.

La decisión de Fernández, que pretendía compensar la pérdida, especialmente en el caso bonaerense, recibió como respuesta una presentación del entonces alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la Corte Suprema.

El otro gobernador que realizó una presentación ante la Corte Suprema, casi en simultáneo con Kicillof, fue el pampeano Sergio Ziliotto. En su caso, reclamando la restitución de los fondos de Anses que complementan los haberes jubilatorios. “Nos quiere fundir a todos”, declaró sin eufemismos el mandatario, acerca de las intenciones del presidente.

En febrero pasado recurrió a la Justicia para recuperar fondos coparticipables deliberada e indebidamente retenidos el gobernador chubutense, Ignacio Torres. Durante el verano, Torres fue uno de los más activos opositores a la ley de bases, porque entre otras cosas, incluía la licitación internacional de permisos de pesca, que de aprobarse hubiera significado el fin de la actividad local.

En ese caso, la vendetta de Milei consistió en retenerle 13500 millones de pesos, acusando una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Torres acudió a la Justicia Federal y obtuvo una rápida respuesta favorable.

En los casos de Kicillof y Ziliotto, la decisión de acudir al tribunal superior directamente, y no a la Justicia Federal, tiene la finalidad política de involucrarlos en la coyuntura y mostrar firmeza, en un momento en que muchos mandatarios, económicamente ahogados, prefieren esperar a ver cómo evolucionan las cosas. 

La semana pasada, el bonaerense sostuvo que le corresponde a la Corte resolver los conflictos entre nación y provincias, además de pronunciarse sobre el DNU 70/2023, que a pesar de ser rechazado en el Senado, pronto cumplirá cuatro meses.