Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, firmó este martes un acta compromiso para la solución amistosa del litigio denominado “incendio de Magdalena”, una causa internacional abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que investiga los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2005 la Unidad 28 de esa ciudad. En el pabellón 16 de ese predio, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), murieron 33 personas privadas de la libertad como consecuencia de un incendio.

“Por instrucción del gobernador Axel Kicillof hemos podido avanzar con este acta acuerdo de solución amistosa, que tiene como objetivo asumir una serie de compromisos por parte de la Provincia para iniciar el proceso de reparación de derechos y arbitrar las medidas necesarias para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro”, dijo Mena y detalló que entre las acciones acordadas se destaca la confección de un protocolo de investigación de muertes en contexto de encierro y la capacitación a agentes judiciales en materia de revisión de medidas cautelares y evaluación de medidas de ejecución de pena. Además, se propone la consolidación e institucionalización de los protocolos contra incendios y la incorporación del caso “Magdalena” a la currícula de la escuela de cadetes del SPB.

Además del ministro, participaron de la firma del documento los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y de Derechos Humanos, Matías Moreno;  el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, el Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Carral y el subsecretario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Leandro Gáspari. Además, estuvieron representados el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de su directora ejecutiva, Paula Litvachky y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), con la presencia de Sofía Caravelos.

Los hechos

Según consta en la investigación, todo comenzó durante la noche del 15 de octubre de 2005 cuando lo que comenzó como una discusión entre dos internos se transformó en una pelea. La intervención del personal penitenciario de la unidad terminó en represión dentro del pabellón y, de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes, la violencia fue "desmedida y desproporcionada" e incluyó disparos con balas de goma direccionadas a la cabeza de los internos y a un metro y medio de distancia. Para protegerse, los hombres utilizaron colchones a modo de escudo y, como último recurso, los prendieron fuego. La reacción de los los penitenciarios fue salir del pabellón, cerrar los accesos con candado y dejaron que las llamas avanzaran hasta cobrarse la vida de 33 personas.