El fiscal federal Gerardo Pollicita propuso que se extienda la prohibición de acercamiento de los referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal a la expresidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a las "personas de su círculo íntimo".

La medida solicitada por el fiscal es adicional a la dispuesta la semana pasada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que consiste en "la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio" de la expresidenta.

La restricción fue propuesta "teniendo en consideración el resultado obtenido a raíz de las tareas de vigilancia virtual desplegadas en los perfiles en redes sociales" de los principales referentes de Revolución Federal, Leonardo Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra. 

Hasta ahora, los tres tenían prohibido acercarse a los edificios citados, pero esa medida dejaba abierta la posibilidad de que asediaran a alguno de los integrantes de la familia Kirchner cuando desarrollaran actividades fuera de esos tres lugares.

El escrito del fiscal advierte sobre la necesidad de "garantizar la eficacia" de la prohibición de acercamiento "y, por ende, la seguridad de los destinatarios de las conductas desplegadas por parte de los nombrados, virtualmente en algunos casos y personalmente en otros".

"Resultaría pertinente que la prohibición de concurrir a ciertos lugares ya dispuesta se extienda a 'acercarse a determinadas personas', puntualmente a aquellas que manifestaron un temor originado en la actividad constatada" en las redes sociales por expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La prohibición de acercamiento, requirió el fiscal, deberá realizarse "bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada" a los dirigentes de Revolución Federal. La medida busca proteger "a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y a las personas de su círculo íntimo que eventualmente sean identificadas por ellos", subraya el escrito.

Puerta forzada

Uno de los abogados de CFK, Marcos Aldazabal, denunció que intrusos forzaron la puerta blindada de su estudio jurídico, compartido con la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, el actual ministro bonaerense Juan Martín Mena (de licencia en el estudio) y el experto en derecho a la información Damián Loreti.

"Las cerraduras fueron destruidas, pero los intrusos no pudieron entrar. El estudio está en un edificio de tres pisos de departamentos, pero nuestra puerta fue la única violentada", informó el estudio a través de un comunicado. Allí se recordó que esta fue la segunda vez en que sufrieron un episodio así: en 2018 desconocidos entraron violentamente al estudio, revolvieron papeles y se llevaron computadoras, dejando intactos otros objetos de valor.