Después de recibir a la ministra Patricia Bullrich y su "Plan Bandera" sobre seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió en la sede local del Ejecutivo con los legisladores nacionales por Santa Fe, como un gesto aperturista, de diálogo político entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso. Y el entusiasmo por comentar el dispositivo de seguridad se diluyó pronto. Los diputados y senadores quisieron enfocarse en asuntos de números, cuentas fiscales, obras públicas, subsidios, tarifas y demás: salieron más preocupados de lo que habían entrado. Pullaro y sus ministros asumieron y confirmaron que poco y nada se puede esperar desde el gobierno central. Quedaron en seguir reuniéndose y procurando acordar "una agenda santafesina" para plantar en el Congreso.

La reunión transcurrió ayer por la tarde en el Salón Blanco de la delegación Rosario de Gobernación. Asistieron los 3 senadores nacionales y 17 de los 19 diputados.  Faltaron Romina Diez (La Libertad Avanza) y Germana Figueroa Casas (PRO). Junto a Pullaro, los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y los secretarios Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, primeros operadores del Ejecutivo. 

De la consulta con algunos de los concurrentes, el gobernador quiso establecer un canal de diálogo con el mosaico parlamentario santafesino, y propuso trabajar en esa sintonía con la perspectiva provincial más allá de la pertenencia política de cada uno. Como cuando se promovió la creación de cargos y juzgados federales para Santa Fe. 

A priori, todos estuvieron de acuerdo y se pusieron a disposición. Pero en el decir quedó expuesto el lugar distinto desde donde mira, piensa y opina cada uno.

En el caso del peronista Eduardo Toniolli, ponerse a disposición de la Casa Gris debe implicar "enfrentar el ajuste que (el presidente Javier) Milei va a desatar sobre Santa Fe con la eliminación de las transferencias no automáticas a las provincias y la paralización de la obra pública nacional".

El ministro Olivares reconoció que sí, que la poda de recursos nacionales golpeará duro a esta y a todas las provincias. Enrico puso sobre la mesa una lista de obradores nacionales en ejecución que caerían con la motosierra libertaria. De esas, una docena quedarían en pie, solo porque su fuente de financiamiento es internacional. Entre todas, suman apenas $1.600 millones, y tienen la envergadura de, por ejemplo, construir un jardín de infantes.

"Dentro de las transferencias no automáticas de Nación a las provincias (que el ministro Caputo llama discrecionales, aún cuando muchas de ellas están establecidas por Ley), hay fondos para educación, salud, obra pública, producción, y también se remiten por este mecanismo los recursos de Anses para financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, y los que corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente", comentó Toniolli a este diario luego de la reunión. "Aún si esos fondos no son eliminados, pero se mantienen en los valores establecidos en el presupuesto 2023, el impacto sobre las arcas provinciales va a ser muy fuerte", agregó.

Algo que se comentó fue la demora de Milei en llamar a Extraordinarias. "No es casual, quiere gobernar todo lo posible con DNU (decretos de necesidad y urgencia) sin pasar por el Congreso de la Nación, sobre todo en la faz tributaria y prorrogarse facultades delegadas hasta terminar el presupuesto 2023", tradujo el socialista Esteban Paulón en diálogo con Rosario/12.

La misma lectura ofreció Toniolli. "El gobierno no manda proyecto de ley de Presupuesto 2024 y van a seguir con el Presupuesto 2023 reconducido, porque hay ítems que no puede suprimir porque están creados por ley; pero de esta manera, con el presupuesto reconducido, los fondos previstos para tal política o programa quedan devaluados en términos del Presupuesto elaborado hace más de un año. Y los recursos nuevos quedan en uso discrecional del Ejecutivo. Esa es la maniobra", develó el diputado del PJ. 

Hablaron varios. Además de Toniolli, Germán Martínez, Roberto Mirabella y Diego Giuliano, por el justicialismo. Mónica Fein y Mario Barletta también. 

"El panorama pinta muy complejo, sobre todo en lo que refiere a la interrupción de la obra pública y su impacto en el empleo local. Otra preocupación es la quita de subsidios que contienen las tarifas de energía. Complementado con la liberación de precios del combustible, se verá afectada la generación de energía, el transporte y la distribución, por lo que se descuenta que el impacto será mucho peor que ese 35% que supone el gobierno", dedujo Paulón.

Giuliano planteó lo que sabe de su reciente tarea como ministro de Transporte: Nación subsidió el transporte de pasajeros el año pasado a razón de $1.200 millones mensuales a Santa Fe. Si eso cae, todo se trasladará al boleto que paga el usuario.

Se ventiló la lista de 189 proyectos de obras nacionales en peligro, que Rosario/12 publicó la semana pasada. De eso dependen unos 20.000 empleos, sin contar los puestos indirectos, según la Cámara Argentina de la Construcción. "Entre las obras más importantes que quedarían inconclusas, el legislador nacional nombró “el acueducto Gran Rosario, cuatro rutas nacionales, tres gasoductos, el tercer carril de la autopista a Buenos Aires, la planta potabilizadora de agua de Santa Fe, la contención de las cascadas del Saladillo y la urgente reparación de la barranca del complejo Parque de España", enumeró Toniolli.

Para el final, el diputado propuso volver con el proyecto de reponer el Fondo Federal Solidario, que hasta 2018 distribuyó a provincias y municipios el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja, y el que crea un Fondo Federal Devolutivo, que propone distribuir un 10% extra entre las provincias productoras de soja. "Eso permitiría consolidar la posición fiscal de nuestra provincia de cara a lo que viene", dijo.