Los argentinos concurrirán a las urnas en un escenario de fuerte incertidumbre. El mayor abstencionismo electoral registrado en los comicios provinciales y los sondeos de opinión cualitativos, reflejan un estado de ánimo muy particular. Los precandidatos saben que deberán surfear una atmósfera de escepticismo y descontento popular.
El politólogo Facundo Cruz explica en la publicación “voto bronca: ¿está pasando o la flasheamos?” en Cenital que “de las quince elecciones celebradas, la media de la participación electoral interprovincial bajó un 4,55 por ciento respecto de hace cuatro años. A eso se suma que los votos blancos y nulos aumentaron un 2,34 por ciento, lo cual deja una caída de la participación positiva en casi 7 puntos”, y compara: “Actualmente estaríamos en un proceso de retracción en el compromiso cívico del electorado, pero sin llegar al punto de la crisis del 2001-2003”.
La falta de recuperación de los ingresos populares es una de las principales razones del malestar ciudadano. El derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones que se produjo en el macrismo, no pudo ser revertido por el gobierno del Frente de Todos. La máxima que siempre se cumple es que la sociedad evalúa al oficialismo por los resultados.
En el primer trimestre de 2023, el PBI se ubicó en un nivel 5,8 por ciento superior al cuarto trimestre de 2019, desmintiendo los pronósticos de algunos organismos internacionales que sostenían que la economía argentina recién alcanzaría los valores prepandemia en 2026. Sin embargo, el aceptable desempeño de la economía real queda opacado por la altísima inflación que dificulta la recuperación de los ingresos. El contexto adverso que atravesó esta gestión (pandemia, guerra, megaendeudamiento heredado, sequía histórica) es un atenuante que no alcanza a contrarrestar el mayoritario descontento de la gente de a pie.
La coalición opositora tampoco las tiene todas consigo. La marca Juntos por el Cambio arrastra el pesado lastre del pésimo gobierno de Mauricio Macri. El recuerdo de ese fracaso todavía está muy fresco. Esta suerte de crisis de representación política abonó el terreno para el crecimiento del ultraderechista Javier Milei. Las últimas encuestas muestran un debilitamiento del líder de La Libertad Avanza (LLA) pero, más allá de los números finales, su irrupción ya cumplió con el objetivo de correr la agenda política para la derecha.
La economía, protagonista
El resultado de las PASO permitirá tomar con mayor claridad el pulso ciudadano. La foto del 13 de agosto confirmará (o no) el pronóstico referido a que el escenario electoral está partido en tercios. Lo que está claro es que la cuestión económica será eje del debate político. Las debilidades macroeconómicas generan un ambiente propicio para la formulación de recetas mágicas que incorporan la pócima del ajuste permanente.
La utilización del miedo como técnica de control ciudadano no es novedosa. La ensayista norteamericana Naomi Klein sostuvo que las elites económicas aprovechan los estados de conmoción para suprimir conquistas sociales. El famoso dibujante español El Roto resume esa idea con una viñeta donde un hombre vestido con traje y corbata sentencia “tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados”. Es la reactualización de la sentencia trotskista “cuanto peor, mejor”, en clave neoliberal.
El candidato oficialista enfrenta un doble desafío: por un lado, elaborar una narrativa que proponga un rumbo viable de mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías populares y, por el otro, defender una propuesta convincente y viable que vaya a contrapelo del discurso mediático dominante.
Desde hace años, los medios de comunicación hegemónicos han sido plataforma privilegiada para la difusión de visiones económicas ortodoxas. La consultora Ejes de Comunicación realiza un relevamiento periódico de los economistas con mayor presencia en medios. En 2018, el ranking fue encabezado ampliamente por Javier Milei, escoltado por Fausto Spotorno, Damián Di Pace, Martín Redrado, Guillermo Nielsen y Claudio Zuchovicki. El candidato presidencial de LLA acumuló 193.547 segundos de aire en las 235 entrevistas que concedió entre el 28 de diciembre de 2017 y el 7 de septiembre de 2018. El ascenso del libertario no es fruto de la casualidad sino que fue aupado por los grandes medios.
El recuento realizado en 2021, en donde se excluyó a Javier Milei por considerarlo ya como dirigente político, fue liderado por Juan Carlos de Pablo, Fausto Spotorno, Roberto Cachanosky, Carlos Melconian, Enrique Szewach, Daniel Artana, Gustavo Lazzari y Diana Mondino. El simple repaso de los nombres revela dos datos importantes: un abrumador predominio de la logia ortodoxa como fuente de autoridad del discurso económico y una casi nula presencia femenina.
La estrategia discursiva de la ortodoxia económica es traficar ideología disfrazada de conocimiento. En otras palabras, los economistas “serios” son los que proponen determinadas recetas que ocultan los ganadores y perdedores que se esconden detrás de las medidas “técnicas” propuestas.
En Logia Ortodoxa, un artículo publicado en 2018 en este diario, Alfredo Zaiat explica que “si el desconcierto predomina acerca de cómo funciona la economía, la respuesta social previsible es subordinarse a quienes se ofrecen como los que saben del tema. El dispositivo se encadena en el inicio con la formación conservadora en la universidad, luego esos profesionales pasan a representar los intereses del poder económico o de grupos sociales acomodados, para finalmente popularizar la concepción convencional de la economía a través de los medios de comunicación, difusión que postula el ajuste sanador para las mayorías a la vez que permite preservar los privilegios de unos pocos”.
Los superministros de Economía
El empoderamiento de los economistas como fuente de la verdad tiene larga tradición en Argentina. En muchas ocasiones, los ministros de la cartera económica fueron tanto o más importantes que el propio presidente. En la última dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz encarnó como nadie el símbolo del “superministro” hasta su salida en 1981. Más acá en el tiempo, el empoderamiento de Domingo Cavallo derivó en un enfrentamiento con Carlos Menem atravesado por la disputa sobre la paternidad de la Convertibilidad.
El fetichismo de los economistas llegó a su clímax con el radical Fernando De la Rúa. El presidente de la Alianza nombró a cuatro economistas para manejar las carteras de Hacienda (José Luis Machinea), Relaciones Exteriores (Adalberto Rodríguez Giavarini), Educación (Juan José Llach) y Defensa (Ricardo López Murphy). Esa decisión había sido evaluada como una señal positiva para los “mercados”. Como se sabe, el “superministro” Domingo Cavallo desembarcó más tarde para tratar de evitar el inevitable naufragio de la convertibilidad.
Esa lógica fue dejada de lado en el presidencia de Néstor Kirchner. En numerosas entrevistas, el santacruceño sostuvo que "el ministro de Economía voy a ser yo". Esa declaración de principios puso las cosas en su lugar: la política volvió a conducir a la economía. Eso no implica desmerecer la innegable importancia de los cuadros técnicos, sino subrayar que el aporte de los especialistas debe estar encuadrado en un proyecto político.
La correcta idea de que “la política debe conducir a la economía” no debe dar lugar a peligrosos equívocos tales como que se puede hacer cualquier cosa, que todo es cuestión de voluntad o que las restricciones no existen. Por caso, la restricción externa (la faltante de dólares) ha sido uno de los más fuertes condicionantes para la consolidación de un modelo económico inclusivo en los gobiernos nacional-populares. La restricción presupuestaria tampoco puede soslayarse en el marco de una economía bimonetaria.
En determinadas situaciones, el déficit fiscal puede ser una herramienta para apuntalar la economía local. Por ejemplo, la inyección de recursos vía emisión monetaria impidió que la debacle económica fuera aún más pronunciada en la pandemia. Por otro lado, la sentencia monetarista que establece una relación causal unívoca entre inflación y emisión monetaria está floja de papeles.
El economista Fabián Amico sostiene en “Finanzas funcionales, bancos centrales e inflación en Argentina” que “la relación empírica entre déficit fiscal e inflación dista mucho de estar sólidamente establecida. Por ejemplo, en el caso argentino, entre 1961 y 2004 se registraron 35 años con déficit fiscal primario y solo nueve años con superávit primario (seis en la convertibilidad y tres después del 2002). La correlación entre déficit fiscal e inflación, sin embargo, es prácticamente inexistente”.
Eso no quiere decir que el saldo negativo de las cuentas públicas sea inocuo en el caso de una economía periférica, bimonetaria y con desequilibrios macroeconómicos. Eso se debe a que la dolarización de las carteras impacta en los precios vía las presiones sobre los tipos de cambio.
Ahora bien, las cuentas fiscales pueden “cerrar” de diferentes formas. No existe un único camino. La ortodoxia siempre propone el recorte del gasto público. El balance fiscal también puede mejorarse con mayores ingresos. Es más, el fortalecimiento de los recursos puede acompañarse de una reingeniería progresiva del gasto (por ejemplo: recorte de subsidios a sectores de alto poder adquisitivo). Una sintonía fina que analice ambos rubros presupuestarios (ingresos y egresos) supone una alternativa superadora a la mirada miope ortodoxa.
El gasto tributario
En su disertación en el Teatro Argentino de La Plata la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que "si revisáramos el gasto tributario que está en el Presupuesto de la Nación, promociones fiscales, eximiciones de impuestos, alícuotas quebradas, no tendríamos déficit fiscal".
El gasto tributario representa los ingresos que el fisco deja de recaudar porque existe un tratamiento impositivo especial como es el caso de exenciones, deducciones de la base imponible y alícuotas reducidas para determinadas actividades o zonas geográficas específicas. El concepto se origina en Estados Unidos y Alemania en la década del sesenta. El entonces secretario adjunto del Tesoro norteamericano, Stanley Surrey, incluyó por primera vez en 1968 un capítulo sobre gastos tributarios en el presupuesto de su país. La medición se generalizó en la mayoría de las naciones desarrolladas a partir de la década del ochenta.
El cálculo del gasto tributario no comprende aquellos beneficios que implican un diferimiento en el pago de impuestos porque, en ese caso, la pérdida recaudatoria es compensada con mayores pagos en años posteriores. Tampoco toma en cuenta las deducciones generales del Impuesto a las Ganancias (mínimo no imponible, cargas de familia, aportes jubilatorios y a obras sociales).
En Argentina, el monto del Gasto Tributario estimado para el 2023 alcanza a 3.700.000 millones de pesos, que equivale a 2,49 por ciento del PBI. Desglosado por impuesto, el Impuesto al Valor Agregado carga con el 54,75 por ciento del total, seguido por el impuesto a las Ganancias, con el 20,64 por ciento.
En el IVA, las principales pérdidas recaudatorias se producen por las menores alícuotas que tienen las carnes vacunas, frutas, legumbres y hortalizas (445.675 millones anuales), construcción de viviendas (275.646), productos de panadería (136.385) y por las exenciones de los servicios médicos a obras sociales (307.978), medicamentos (123.426) y servicios educativos (158.588 millones de pesos). En el Impuesto a las Ganancias, el rubro más importante es la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (237.850 millones de pesos).
¿El nivel de gasto tributario de la Argentina está en línea con lo que ocurre en otros países latinoamericanos? La Dirección de Estudios e Investigaciones Tributarias del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) elaboró una base de datos regional sobre este tema. El primer dato que arroja un análisis comparativo es que el porcentaje de la Argentina (2,49 por ciento del PBI) es inferior al promedio regional (3,6 por ciento). El segundo es que el panorama es muy heterogéneo: países que superan el 6 por ciento del PIB (Colombia, Uruguay), entre el 4 y 6 por ciento (Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, entre el 2 y 4 por ciento (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú).
Las exenciones o alícuotas reducidas de muchos productos o servicios tienen justificación económica-social. Sin perjuicio de eso, “la identificación, cuantificación y publicación de los reportes de gastos tributarios reviste enorme importancia, en la medida que permite conocer la dimensión del fenómeno, los sujetos, sectores, regiones o actividades beneficiadas; y es uno de los componentes de la ecuación costo-beneficio que el responsable de política deberá analizar para conocer si el beneficio otorgado mediante este mecanismo surtió el efecto deseado y si este último justifica el sacrificio fiscal asociado”, concluye Fernando Peláez Longinotti en Panorama de los Gastos Tributarios en América Latina (Documento de Trabajo 01/2023 – CIAT).
@diegorubinzal
