Por fin de leyeron los fundamentos del veredicto que ya conocíamos, condenando y proscribiendo a Cristina. Nada nuevo, a la vista. Su técnica es la que se usa desde que la computadora permite el corte y pegue. Son 1.700 fojas, cuando usábamos máquina de escribir no hacíamos sentencias tan largas. Ahora las sentencias se miden por kilo, y un kilo permite dar la sensación de sentencia meditada y seria, que no lo es.
No podemos menos que explicar que esto responde a la vieja adivinanza: ¿cómo ocultar un elefante en la 9 de Julio? Pues llenando la 9 de Julio de elefantes.
Ni siquiera los jueces firmantes leyeron las 1.700 fojas que firmaron. La mayor parte se dedican a enumerar y contabilizar los pasos de la causa, los testigos, los peritos, sin contar que a eso se le suman los nombres y datos personales de los procesados. Es una tarea que cumplen empleados administrativos, que luego quizás revisa un secretario, pero no los jueces.
Le buscan dar un toque científico citando doctrina, sobre todo porque muchos de los lectores no tienen idea a quiénes citan.
Lo medular son unas pocas líneas, como máximo unos dos párrafos. Llegar al núcleo es un trabajo fatigoso. Lo importante: no hay prueba concreta de cada hecho atribuido a cada procesado. Tampoco que la presidenta era quien tenía cargo y era responsable de la tramitación, sino que era su jefe de Gabinete. Se apela a la necesidad de combatir al monstruo de la corrupción, y se omite la prueba, después de una mención agotadora, se dice que las pruebas son abrumadoras, pero no hay hechos, sino indicios.
No hay nada, pero igual se condena. Como ya condenaron los medios monopólicos. Basta compararla sentencia de algún juez jugador de fútbol en la quinta de Mauricio Macri con la que en Ecuador condenó a Correa.
Los jueces que dieron los fundamentos en esta ocasión fueron creativos. Hay algo que no se les puede negar, fueron originales, nos sorprendieron con algo nuevo que no sucedía de los tiempos de la inquisición. Pidieron sanciones para los abogados defensores en razón de los argumentos usaron en las defensas. Durante la audiencia nada parece raro, todo es normal, ninguna sanción. Pero en los fundamentos, cuando se remiten los antecedentes al Colegio de Abogados, ahora los denuncia.
Hubo una decisión que no está en el veredicto opero que se tomó en los fundamentos. Se acusó a los abogados de mencionar el lawfare. Se prohíbe mencionarlo. El Tribunal sobreactúa y le dice al abogado que nunca más hable de confabulación.
¿Por qué tan enojados por algo que, se supone, les es ajeno? Es una clara violación del principio acusatorio. Se debe respetar lo que diga la defensa, su libertad. Para los jueces, decir que hubo lawfare es una “coartada”. ¿Si se faltó el respeto al tribunal por qué no lo mencionaron en la audiencia?
Nuestra Justicia federal porteña no parece preocuparse por el derecho a la defensa. Antes de este insólito episodio, porque nunca pasó algo parecido, cabe recordar que para nada se inmutó la justicia federal porque entre el Servicio Penitenciario Federal y los servicios de inteligencia macrista se grababa de forma ilegal las conversaciones de los detenidos con sus abogados. Ahí no parecen ser celosos custodios del secreto profesional de los abogados.
En la inquisición sucedía algo parecido. En la dictadura los hábeas corpus no se presentaban con firma letrada porque hacían desaparecer al abogado. Ahora si los abogados consideran que el proceso fue resultado de una conspiración no deben alegarlo ante los jueces, porque para los jueces es una simple coartada, una deslealtad. Ante los inquisidores para ser leales al tribunal debían decir que su defendida era bruja. Ahora el abogado defensor debe decir: “Mi defendido es corrupto, me atengo a la clemencia del tribunal”.
