Ayer en el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta se realizó una reunión del NOA con el fin de analizar la proliferación de las prácticas de intervención en problemas que son en realidad de salud mental. Entre esas salidas alternativas se mencionaron las terapias regresivas, biodecodificación, reiki, y tarot y los y las participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de realizar campañas de difusión para que quienes acudan a este tipo de prácticas lo hagan con toda la información necesaria.

Así lo adelantó la presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Irma Silva, al afirmar que integrantes de esta organización solicitaron una intervención ante algunas situaciones acontecidas con pacientes que tienen problemas de salud mental que solo podrían ser abordados por profesionales de la salud dado que en algunos casos prevén un tratamiento y hasta la provisión de medicación.

“Como Tribunal de Ética no tenemos potestad sobre esos casos”, afirmó Silva, precisó su Colegio que no alcanza a quienes realizan las terapias alternativas en tanto no son parte de la profesión.

Silva dijo a Salta/12 que ante el Colegio se expusieron al menos cuatro casos de intervenciones con terapias alternativas en cuadros de ideación suicida, bulimia, anorexia, y otras enfermedades mentales que podrían generar un desorden de personalidad. “Allí hubo intervenciones nefastas y son tratadas con prácticas terroríficas”, afirmó.

“No estamos en contra de estas prácticas, pero sí creemos que se debe informar y advertir. Por ahí cuando va, la gente se siente aliviada por un tiempo pero después vuelve peor”, dijo la profesional. Y es que muchas de estas terapias prometen curaciones inmediatas a problemas de salud mental que se agudizaron en la pandemia.

Pandemia y salud mental

En este punto, Silva afirmó que la pandemia "obligó a un retiro” de los profesionales, mientras que los aislamientos despertaron “muchas cosas, o agravamientos de otras como lo son la violencia intrafamiliar, de género, y hasta la automedicación. La gente buscó las cosas fáciles ante su ánimo porque se prometen mundos felices”, sostuvo. El inconveniente es que a muchas personas que atraviesan problemas de salud mental “les dicen lo que quieren oír”, y es entonces cuando la aflicción se agudiza, explicó.

Silva afirmó que uno de los fenómenos que se vio en la pandemia fue la agudización de los problemas de la salud mental además de la judicialización de muchos casos. Como ejemplo apuntó a los registros de judicialización en la zona oeste de la provincia, dado que sostuvo, llegan más oficios que lo normal a los profesionales para intervenir en distintos conflictos. 

Sumó que además se les está exigiendo que los psicólogos y psicólogas otorguen el apto para el carné de conducir en algunos casos. “Estas son exigencias externas que debemos empezar a resolver desde Salud”, con el fin de liberar las horas de servicios de los profesionales psicólogos, dijo Silva, quien también es la secretaria de Salud Mental de la provincia.

El presupuesto nacional es exiguo

Bajo el título “Invertir en salud mental es urgente”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó al Congreso de la Nación garantizar recursos suficientes y adecuados para las políticas destinadas a promover y apoyar la salud mental en Argentina durante 2022. 

La organización indicó que del análisis del proyecto de presupuesto, se desprende que el dinero que el Poder Ejecutivo prevé destinar el año próximo para la salud mental, será, una vez más, insuficiente.

La ACIJ explicó que la Ley 26.657 dispone que, como mínimo, el 10 por ciento del gasto total de salud debe destinarse a salud mental. Si bien esta obligación tenía que alcanzarse en el plazo de 3 años desde la sanción de la norma, hasta el momento este porcentaje nunca superó el 2,2 por ciento, y para el año próximo representará mayor parte de esos fondos se sigue destinando a los hospitales monovalentes nacionales, que para 2022 prevén continuar con la misma cantidad de personas internadas que este año.

Pero la organización señaló que preocupó más la situación presupuestaria de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Este organismo debe ejecutar la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, en el marco de la cual se prevé desarrollar acciones de capacitación, de fortalecimiento de los servicios de salud mental con base en la comunidad, de promoción de las externaciones, entre otras destinadas a cumplir la ley. A pesar de su trascendencia para transformar el modelo de atención, los recursos destinados a esta actividad registraron una drástica disminución a partir de 2016. En este sentido, entre 2015 y 2021 se redujeron un 78,06 por ciento, es decir que la Dirección perdió casi 600 millones de pesos en 6 años. A su vez, los recursos proyectados para 2022 caen un 12,13 por ciento en relación con los asignados para el año en curso.

“Este ajuste reviste particular gravedad si se considera el impacto que la pandemia del covid-19 y la crisis social y económica que atraviesa Argentina tienen en la salud mental de la población. En este sentido, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de atención debe ser una prioridad para los próximos años”, indicó la ACIJ. Solicitó entonces la garantía en un aumento de los recursos destinados al “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” para 2022. 

De esta forma, la Dirección Nacional de Salud Mental tendría más dinero para implementar acciones de prevención en salud mental, garantizar abordajes en el primer nivel de atención y en todos los hospitales generales, fortalecer la red de servicios y dispositivos con base en la comunidad, asistir a las personas con discapacidad psicosocial en sus procesos de externación, atender las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población, y asegurar la implementación del Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025.