La ciudad de Tartagal, en el norteño departamento San Martín, es nuevamente noticia por el escándalo que desencadenó Sandra Díaz al denunciar mediáticamente y penalmente a sus hermanas, la concejala Paola Díaz y la defensora oficial civil de Tartagal, Rosa Díaz. La mayor las acusó de vender donaciones recibidas hace un año con destino a comunidades del Pueblo Wichí de la zona.
En medio de las novedades sobre la investigación penal que se lleva adelante, ayer autoridades indígenas de distintas comunidades se movilizaron al Concejo Deliberante de Tartagal para pedir la entrega de los donativos o al menos, saber en qué estado está la mercadería. El domingo último se produjo un allanamiento en el domicilio de las acusadas y efectivos de la Comisaría 45 secuestraron ropa, alimentos no perecederos, pañales y agua embotellada que estaban repartidos en una cocina, un salón de fiestas, un depósito y una cámara frigorífica.
Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) e integrante de la comunidad wichí Santa Victoria 2, contó a Salta/12 que decidieron movilizarse a Tartagal para reclamar que las donaciones sean entregadas a las comunidades destinatarias. Hasta las últimas horas de ayer, unas 60 personas se habían apostado fuera del Concejo Deliberante esperando que alguna autoridad les dé una respuesta.
"Acá hay mujeres, niños y ancianos y todavía no tenemos una respuesta favorable", sostuvo Mendoza. Aseguró que la concejala Díaz "se aprovechó y lucró con la palabra pobreza y la palabra indígena, con lo cual vemos una política irresponsable como funcionaria pública".
Ayer la edil fue detenida por orden del juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo. Al igual que su hermana, Paola Díaz fue imputada por el fiscal penal Rafael Medina por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos.
En el caso de la defensora civil, se le inició un sumario administrativo, según dispuso la Defensoría General de la Provincia y además, fue suspendida preventivamente en sus funciones como defensora por 30 días, mediante la resolución 1223/21.
Las autoridades indígenas que fueron a Tartagal ayer sólo pudieron dialogar durante la jornada de protesta con el fiscal Medina, quien inició una investigación de oficio el jueves pasado al enterarse por publicaciones periodísticas de las acusaciones que hacía Sandra Díaz. El letrado les informó que la edil había trabajado muchos años en la zona con la supuesta ayuda a las comunidades.
"Nosotros nunca conocimos las donaciones de parte de ella", sostuvo Mendoza. Aseguró que se sienten "indignados y decepcionados" con Díaz y que su llegada al munipio tartagalense como representantes indígenas simplemente era para visibilizar la necesidad que tienen como pueblo.
Además, aseguró que se presentaron para "demostrar ante la sociedad cómo el pueblo indígena está buscando una salida para que seamos integrados verdaderamente en las políticas nacionales". En ese sentido, dijo que deben trabajar para que "la política se cambie para que no haya más este tipo de atropellos contra nuestras necesidades".
Recordó que a fines de noviembre del año pasado, desde la UACOP realizaron una marcha a la Capital de Salta para reclamar políticas públicas tendientes al bienestar de las comunidades y que todavía no las ven ejecutadas, y adelantaron en este sentido que ya están proyectando una segunda marcha.
Lo encontrado
Sandra Díaz radicó la denuncia contra sus hermanas en la Comisaría 45 y luego la amplió el viernes en la sede de la Fiscalía de Tartagal. En diálogo con Salta/12, dijo que la mercadería provenía de donaciones que sus hermanas recibieron desde que se conoció públicamente la muerte de los niños wichí por causas vinculadas a la desnutrición.
En la denuncia ante la Fiscalía, Díaz precisó que guardaron por un año la mercadería, con el objetivo de comercializarlas en la zona y también, para que sean utilizadas en una futura campaña electoral de Paola Díaz, quien supuestamente iba a postularse como candidata a diputada provincial.
El decreto de imputación sostiene que las mujeres estuvieron "lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio, ya que tenían a su cargo la administración y cuidados de los bienes provenientes de las Fundaciones". En consecuencia, realizaron "una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel, ya que la mercadería tenía un fin específico, el de ser donada entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia Wichí”.
Durante el allanamiento del domingo se secuestraron en la cocina del inmueble dos cajas con mercadería variada. De una habitación sacaron 10 bultos en bolsas de consorcio, más 25 bolsas de arpillera blanca, una bolsa de cartón, dos bolsos, cinco cajas de cartón blanco, seis bolsas de plástico y dos de tela ecológica, todas con ropa y calzados usados.
En la casa allanada también hay un depósito del cual secuestraron diez bultos en bolsas de consorcio negras, otra transparente y una de arpillera, todas con ropa nueva y usada. De la planta baja y del interior de una cámara frigorífica en desuso, se secuestraron 38 bultos contenidos en bolsas de consorcio negras, 14 cajas de cartón, 10 bolsas plásticas, una bolsa de tela y otra de arpillera, todas con ropa nueva y usada.
Y de un salón de eventos cuya requisa domiciliaria fue autorizada por Rosa Díaz, se secuestraron 39 bidones de 5 litros de agua; seis botellas de 2 litros; tres de 1,5 litros y dos fardos de seis unidades de medio litro cada una.
