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La ex presidenta María Estela Martínez de Perón sigue sumando acusaciones en su contra en la causa por la Triple A que lleva el juez federal Norberto Oyarbide y por la que pidió su extradición desde España. Un grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes de la banda parapolicial de ultraderecha presentó ayer ante el magistrado el escrito correspondiente para que los acepte como querellantes. Una de las víctimas que sobrevivió tenía 15 años al momento de su secuestro. La semana que viene podrían presentarse dos más.
Son seis los nuevos casos que Oyarbide tiene en su escritorio para decidir si los tendrá en cuenta como acusadores de Isabel. La abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) Liliana Mazea, quien los está representando, afirmó a Página/12 que “estamos ratificando las querellas y ampliándolas. Se acercaron seis, de las cuales una es sobreviviente. Nuestra idea es mantener y sostener todo lo que se está haciendo, porque hay gran cantidad de víctimas que están empezando a acercarse”.
Pascual Manganiello tiene 46 años. El 5 de febrero de 1975, cuando tenía 15, militaba en la Federación Juvenil Comunista (FJC), la agrupación que reunía a los jóvenes estudiantes del Partido Comunista (PC). Aquel día viajaba en un colectivo de la línea 97 junto a su compañero Alberto González, de 21, cuando una requisa hizo parar el bus en la intersección de Ricchieri y Camino de Cintura. “Nos encontraron volantes y propaganda partidaria. Todavía estábamos bajo un gobierno democrático y nosotros pertenecíamos a un partido que era legal y tenía representación en la Cámara de Diputados. Aun así nos bajaron a patadas, gritos y golpes, y nos trasladaron ilegalmente hasta la sede de la Gendarmería, que después llamaron ‘El Vesubio’.”
Manganiello cuenta que los llevaron hasta “un galpón donde nos interrogaron sobre el partido. Nos torturaron con picana eléctrica y con el ‘submarino seco’. En el lugar se podían escuchar los gritos de otros detenidos por la tortura”. Después de casi cincuenta horas de estar desaparecido “me dejan con la capucha puesta en medio de un descampado y me dicen que camine y no vuelva para atrás. Doy unos pasos y escucho el tableteo de una ametralladora. Pensé que me estaban fusilando. Después de un rato, cuando me saqué la capucha, vi que era una funda de almohada que decía Gendarmería Nacional. Eso quedó en manos del PC, para presentarlo en un juicio, pero vino el golpe (militar) y se perdió con los años. No hay duda de que existe responsabilidad directa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era la presidenta Isabel Perón”.
A Carlos Alberto Banylis lo fueron a buscar el 10 de junio de 1975 a su casa en Ituzaingó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sus hijos, Valentina y Leonel, en el escrito que presentaron ante el juzgado describieron minuciosamente que su padre era “delegado sindical de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y miembro del Partido Comunista” y que esa tarde irrumpieron “4 o 5 automotores de marca Torino o Falcon con gente en su interior” con los rostros cubiertos de “medias de nylon femeninas y armas de grueso calibre, buscando a nuestro padre”. Cuando lo encontraron lo sacaron al jardín y le “disparan con una ametralladora uzzi 60 disparos sobre su cabeza”. A la presentación adjuntaron un ejemplar del semanario Nuestra Palabra de la época, en donde se adjudicaba el atentado a la Triple A.
También se presentaron los casos de Aníbal Martínez Durán, secuestrado el 7 de abril de 1975 en Ciudadela; Graciela Pane, levantada en su casa el 2 de octubre de 1975, encontrada muerta 48 horas más tarde con signos de tortura en el cuerpo, y Ricardo Perillo y Aníbal Puggione, secuestrados antes del golpe militar de marzo de 1976.
Informe: Julián Bruschtein.
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