21:01 › A EXPLICAR LAS ABSOLUCIONES

Jury para los jueces del caso Marita Verón

La Legislatura de Tucumán aprobó el juicio político para los magistrados Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero, integrantes del tribunal que absolvió a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. El tercer miembro de ese cuerpo, Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso porque tiene una cautelar a su favor debido a su reciente renuncia y jubilación.

La medida se tomó con el voto favorable de once legisladores y la negativa del opositor Ricardo Bussi (Fuerza República), según confirmó el titular de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Sisto Terán. Los jueces absolvieron a los 13 imputados en el juicio por el secuestro de Marita Verón y a raíz de la resolución fueron denunciados por Susana Trimarco, madre de Marita.

Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano serán sometidos al Jury de Enjuiciamiento, que analizará su destitución. El otro integrante del tribunal, Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso legislativo a raíz de una cautelar en su favor dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Herrera Molina presentó la renuncia para acogerse a la jubilación, pedido que fue rechazado por el Poder Ejecutivo pero debe ser analizado nuevamente por una orden judicial debido a su delicado estado de salud.

La acusación se realiza según el artículo 124, inciso 5° de la Constitución Provincial, por considerarlos incursos "en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo", cargo que obra como causal de destitución en el artículo 47 de la Carta Magna. La acusación también menciona los artículos 4 y 5 de la Ley 8.199, expresado como "ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones, reiteración de irregularidades en el procedimiento", entre otros puntos.

Terán leyó los fundamentos de la resolución y justificó la medida al sostener que los magistrados no tomaron los recaudos necesarios para proteger a las testigos. "Estamos convencidos de que habrá un antes y un después de este proceso en relación con la forma en la que deben ser tratadas las víctimas de explotación sexual cuando ofician de testigos o como víctimas", indicó el titular de la comisión de Juicio Político.

"Las testigos vulnerables tuvieron una vida infernal, dramática, espantosa, algunas de ellas iniciadas en la prostitución por los imputados a la edad de 13 años, abusadas sexualmente, golpeadas y sometidas psíquica y farmacológicamente por sus captores", resaltó. "No obstante ello, juntan fuerza y, exponiéndose a la revictimización y las represalias contra ellas y sus familias, se animan a declarar contra sus captores", agregó.

El legislador lamentó que "a semejante prueba de coraje, el tribunal responde tratándolas como testigos comunes, evaluando sus dichos con un encarnizamiento pormenorizado que no encuentra explicación alguna, al punto que por momentos parecía que las testigos eran juzgadas y no los imputados". Terán recordó que "el Tribunal considera, con carácter de plena certeza, que todos los imputados integraban una red de captación de mujeres con destino a la trata de personas, con conexiones nacionales y seguramente internacionales". Añadió que "o sea que, según el Tribunal, las testigos dicen la verdad en todo lo que afirman, menos cuando dicen haber visto a Marita Verón".

Tras explicar los antecedentes jurídicos que justificaron la decisión, descartó que haya habido una conspiración del oficialismo para destituirlos, como señalaron los jueces al comenzar el proceso. Remarcó que en la resolución, que consta de 173 fojas, se incluyen declaraciones de Mauricio Macri, Ricardo Gil Lavedra, María Eugenia Vidal y Alicia Argumedo en contra la sentencia absolutoria dictada a fines del año pasado. "Se trata de referentes del arco opositor que descalificaron la sentencia y demuestra que lejos está la posibilidad de que haya habido una conspiración como se quiere instalar", expresó.

La resolución firmada por los legisladores será notificada mañana al Jury de Enjuiciamiento, que dispondrá de 90 días para completar el proceso y determinar si corresponde o no la destitución de los jueces. Los miembros del Jury son los legisladores Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, todos oficialistas, y Alberto Colombres Garmendia, del PRO. El cuerpo se completa con el representante de la Corte Suprema de Justicia Alberto Brito; el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa estará por el Poder Ejecutivo mientras que por el Colegio de Abogados de Tucumán fue designado Sebastián Herrera Prieto.

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