(Por Juan Carlos Tizziani, desde Santa Fe) El juez federal Reinaldo Rodríguez decidió indagar al secretario general de Apropol, Alberto Martínez y a otros cinco policías en actividad en una causa en la que están imputados por supuesta "instigación a cometer delitos” y "sedición", en diciembre de 2013. Las audiencias se realizarán en las primeras semanas de diciembre, a pesar de que el magistrado ya las había desestimado dos veces, en febrero y marzo de este año, y hasta se declaró incompetente con un criterio que luego convalidó la Cámara Federal de Rosario y fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

El cambio se produjo ante un tercer pedido del fiscal Walter Rodríguez, quien acompañó un escrito del fiscal de Estado, Pablo Saccone, para impulsar la investigación que hoy está frenada por el conflicto de competencia. Saccone fue quien presentó la denuncia por sedición el año pasado. “Si bien el gobernador Antonio Bonfatti no es parte en el proceso, no puede soslayarse que es titular del Poder Ejecutivo y en su contra tuvieron lugar los compartimientos delictivos” que se investigan, planteó el fiscal.

Las indagatorias se realizarán entre el 9 y el 18 de diciembre. Arrancarán con cinco policías en actividad: el oficial Fabricio Javier Abasto, los suboficiales Claudio Marcelo Patiño, Oscar Alberto Aguirres y Mauricio Miguel Pagani y el agente Alejandro Miguel Zamaro. Y concluirán con Martínez, el 18 de diciembre.

La causa se inició el 5 de diciembre por una denuncia de Saccone por lo que consideró “un movimiento sedicioso” y solicitó al juez federal que investigara al líder de Apropol por su presunta responsabilidad en la protesta de la Policía santafesina en esos días.

El fiscal Rodríguez inició una investigación preliminar y el 3 de febrero imputó a Martínez y a sus cinco colegas por “sedición” –uno como presunto instigador y los otros como autores- y pidió la indagatoria de los seis, pero sin éxito.

El 21 de marzo, el fiscal insistió con un segundo pedido de indagatorias de los seis imputados, que tampoco prosperó.

Y el 16 de octubre, presentó el tercer pedido para que el juez convoque a Martínez y sus colegas, aunque ahora acompañó un escrito del fiscal de Estado para que se impulse la investigación frenada por el conflicto de competencia. “Si bien el gobernador Bonfatti no es parte en el proceso, no puede soslayarse que es titular del Poder Ejecutivo y en su contra tuvieron lugar los compartimientos delictivos” que se investigan, sostuvo el fiscal. El 21 de octubre, el juez Rodríguez ordenó las indagatorias: Abasto el 9 de diciembre, Patiño el 10, Aguirres el 11, Pagani el 16, Zamaro el 17 y Martínez el 18.

El juez Rodríguez intentó desligarse de la causa de entrada. El 13 de febrero –diez días después del dictamen fiscal- el magistrado declinó su competencia. Y el 5 de junio, la Cámara Federal de Rosario (sala A) le dio la razón al considerar que el expediente debía pasar a la justicia de la provincia. El fallo fue apelado por el Ministerio Público ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que deberá resolver el conflicto.

En paralelo, en la otra causa por las amenazas a Bonfatti –que el fiscal pretende acumular a la de “sedición” también se planteó un incidente de competencia entre el juez Rodríguez y su colega de la provincia, la jueza Susana Luna (Instrucción 4ª), que hoy espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, el procurador general adjunto de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que las “coacciones agravadas” a Bonfatti deben ser investigadas en el fuero federal. El dictamen es del 5 de junio, el mismo día que la Cámara Federal de Rosario desestimó la competencia en la causa por “sedición”, lo que revela hasta donde llegan los criterios contradictorios en las resoluciones judiciales.

El doctor Rodríguez había rechazado los primeros dos pedidos de indagatorias de Martínez y compañía –el 3 de febrero y el 21 de marzo- con dos palabras: “Téngase presente”. “Debo considerar –le contestó el fiscal- que esa expresión no significa hacer lugar o rechazar lo requerido, puesto que ésta sólo implica tener en cuenta lo manifestado o lo peticionado para otra ocasión, en la cual aquello será debidamente considerado o analizado”.

En el tercer pedido de indagatoria, el 16 de octubre, el fiscal Rodríguez insistió que el juez debía pronunciarse sobre el requerimiento. “El ejercicio de la jurisdicción es un deber que pesa sobre los magistrados y no puede negarse bajo obscuridades ni marginación de los argumentos que las partes exponen”. Y solicitó que “se llame a Martínez, Abasto, Patiño, Aguirres, Pagani y Zamaro a prestar declaración indagatoria en orden a los hechos delictivos por los cuales” promovió la acción penal en febrero de este año. El juez ya no respondió con la fórmula del “téngase presente”, ahora ordenó las indagatorias, a pesar de que ya se consideró incompetente para intervenir en el proceso.