La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña acaba de dejar sin efecto un pequeño truco del gobierno porteño para permitir demoliciones de edificios patrimoniales. Lo que los jueces refutaron es el derecho del Ejecutivo porteño a tratar las construcciones anteriores a 1941 por vía administrativa, dejando de lado los controles especiales. Esos controles fueron el fruto de una crisis política en el primer año del gobierno macrista en la Ciudad, en 2008, cuando las demoliciones tuvieron un pico. En ese momento, se creó un Régimen Especial por dos años para que todo edificio de valor patrimonial tuviera un tratamiento especial que tuviera en cuenta su valor histórico y arquitectónico.

Lo que la Cámara porteña bloqueó fue una excusa legalista muy utilizada por funcionarios municipales para permitir demoliciones sin límites, la de que “no hay ley” que frene la desaparición de edificios con valor cultural. En 2008, la Legislatura tomó una idea de la entonces diputada Teresa de Anchorena, que propuso crear un área de excepción en el Centro Viejo y el área ribereña de la ciudad donde regiría un trámite especial. Los edificios a estudiar eran todos los que figuraban en el catastro fotográfico de 1940, un profundo relevamiento aéreo de Buenos Aires complementado con una recorrida cuadra por cuadra. Este relevamiento sobrevivió los azares burocráticos y está completo, con lo que podía ser usado como base de datos.

Para poder demoler un edificio de esa antigüedad e incluido en esa región se debía consultar con el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, CAAP, un organismo poco conocido que asesora en estos temas al ministerio de Desarrollo Urbano. El CAAP es formado por representantes de la Ciudad, de la UBA y de organismos especializados en temas de arquitectura y urbanismo. El sistema ayudó a proteger edificios -algo más del 15 por ciento de los casos fue salvado- pero sobre todo ayudó a crear la categoría de edificio especial. Su simple funcionamiento creó una crisis para la industria de la especulación inmobiliaria y forzó al gobierno porteño a prometer un relevamiento total y una suerte de “punto final” al tema, catalogando todos los edificios meritorios, cosa que no se cumplió.

El problema con el sistema de protección es que nunca tuvo ley firme sino que siempre fue un régimen especial. Tras su estreno en 2008, fue ampliado a toda la CABA y votado por dos años. Luego se renovó sin mayores problemas, hasta que a fin de año de 2013, en la habitual sesión maratónica de diciembre, no figuró en el temario. Aquí fue que las ONGs Basta de Demoler, SOS Caballito y Fundación Ciudad presentaron un amparo para evitar que el patrimonio edificado de nuestra ciudad perdiera toda protección y lograron una precautelar que ordenó que el régimen especial continuara hasta tanto se sancionara uno nuevo.

El gobierno porteño apeló esta medida precautelar con argumentos débiles. Para impresionar a la Cámara, le informó que bajo un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA se habían relevado 17000 edificios anteriores a 1941, lo que consideraban suficiente como para prescindir de cualquier protección legal. Basta de Demoler le avisó a los jueces que existen 134.000 edificios anteriores a esa fecha, con lo que la Ciudad proponía desproteger a un 85 por ciento del patrimonio. El argumento que ganó la causa fue que si bien nadie piensa proteger ni siquiera una mayoría de esos edificios, es necesario cumplir con el deber de compilarlos y luego descartar los que no tengan méritos sobre una base racional.

Lo que ocurrió ayer fue que la Sala Uno del tribunal, con las firmas de los jueces Mariana Díaz y Fabiana Schafrik de Núñez, ratificó la vigencia de la precautelar y la transformó en cautelar. Los demandantes reclamaron “un proceso de protección adecuada y oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial” y que “se prohíba al Gobierno porteño autorizar permisos de demolición, reformas, ampliaciones o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos) con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio de la ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del día 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a esa fecha”.

La cautelar ordena exactamente eso y afirma que tiene vigencia hasta que la Legislatura cree otro sistema de protección o se complete en serio el relevamiento de la FADU/UBA, con un “inventario completo y acabado de los inmuebles a proteger. La medida protege hasta los edificios inventariados por la subsecretaría de Patrimonio Cultural del ministerio de Cultura porteño como “Edificios Representativos” y ordena que el CAAP siga en funciones y resuelva “en forma expresa e individualizada” sobre los valores de cada edificio.