A veinte años del crimen del subcomisario de la Policía Bonaerense, Jorge Gutiérrez, asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada del 29 de agosto de 1994, a bordo de un tren del Ferrocarril Roca, “la impunidad se mantiene, a pesar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó la reapertura de la causa”, le dijo a Página/12 el abogado de la familia, Luis Valenga. “La Cámara de Casación bonaerense confirmó la elevación a juicio del caso con el viejo Código Procesal, de manera que la familia no puede actuar como particular damnificado, lo que significaría no tener la posibilidad de controlar el proceso”, explicó Valenga. Por esa razón apelaron la decisión ante la Corte Suprema de la Nación y están esperando “una resolución favorable a nuestro pedido”. En la causa hay dos imputados, señalados por testigos: el policía federal Carlos Santillán, de quien se sospecha fue autor material del hecho, y un amigo suyo, civil, Francisco “El Colorado” Mostajo.

El nombrado Santillán fue absuelto en un juicio realizado en 1996. Aunque la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema nacional años después, la familia consideró que fue una decisión “bochornosa” y por ese motivo la viuda de Gutiérrez, Nilda del Valle Maldonado, se presentó ante la Comisión Interamericana, con el patrocinio de Valenga y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La CIDH ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, desestimando en este caso el precepto que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.

La Corte internacional dijo en su sentencia de diciembre de 2013 que efectivamente no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, pero sólo cuando median el “juicio justo” y “las garantías del debido proceso”. En este caso, recién en la instancia internacional que se cerró en diciembre del año pasado, tanto el Estado argentino como la familia coincidieron en que la causa desarrollada en sus aspectos fundamentales entre 1994 y 1998 “no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles”, motivo por el cual resultaba imprescindible que se investigara de nuevo.

Valenga sostuvo, respecto del nuevo juicio, que lo que reclama la familia es que se aplique “el sistema acusatorio que contempla el Código actual, que introdujo la figura del particular damnificado, como el verdadero reaseguro de la garantía del debido proceso, porque tenemos la posibilidad del ofrecimiento de prueba legítima; esto –aclaró–, a pesar de la postura de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, que se ofrecieron a actuar como parte querellante”.

En la investigación del caso Gutiérrez se produjeron varias y notorias irregularidades, que la familia y los abogados atribuyen al hecho de que la víctima se encontraba investigando en forma personal la llamada “Aduana paralela”, relacionada con el narcotráfico y el contrabando, y que ponía en tela de juicio a importantes personajes políticos de la época. Gutiérrez se retiró a las 23.55 de la comisaría 2ª de Avellaneda, donde prestaba servicio.

Estaba probado que esa noche se iba a ir a su casa, en Quilmes, en un patrullero conducido por el sargento Oscar Di Lorenzo. En forma imprevista, lo dejaron en la estación Avellaneda, donde a la 0.36 del 29 de agosto de 1994 subió al tren 4101, que había salido cinco minutos antes de Constitución. Un oficial de la Bonaerense, después de sucedido el crimen, afirmó que “estadísticamente no hay homicidios en los trenes” con las características del caso Gutiérrez.

Esa noche se tiene conocimiento sólo de la presencia de cinco pasajeros en el tren: los sospechosos de haber asesinado a Gutiérrez; los testigos, una mujer casada que iba a una cita a ciegas con un hombre que resultó ser un policía; un vendedor ambulante, y la víctima del crimen. Un hombre corpulento (sería Mostajo) se paró frente al asiento donde iba Gutiérrez y se puso a hablar con él. Mientras tanto, a espaldas del policía asesinado, el autor del hecho (sería Santillán) hizo un solo disparo que dio en la nuca del subcomisario.

La mujer salió disparada al ver el hecho y el hombre que hizo el disparo trató de tranquilizarla, haciéndole creer que era un procedimiento policial. “La persona que nosotros creemos que era Santillán la paró y le mostró una credencial policial para convencerla.” En cuanto al vendedor ambulante, a quien todos conocen como El Conejo, “tuvo que vivir una odisea porque después que hizo el relato de los hechos, fue detenido y torturado por la policía para que firmara una declaración en la que le hacían decir que había mentido y que todo lo que dijo era falso”.

“Al vendedor lo torturaron en la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria; después contó que lo habían torturado y que le pusieron una pistola en la boca para que firmara la retractación de su testimonio original”, precisó el abogado de la familia. “Incluso le hicieron decir que el juez (Guillermo) Atencio le había dado plata para que inculpara a la Policía Federal.”

Además del nuevo proceso destinado a “sancionar a los responsables materiales” del crimen, como ordenó la CIDH, el CELS está trabajando sobre otras cuestiones pendientes, y de fondo, como ser las reformas necesarias en materia judicial y policial para garantizar el avance en las investigaciones de hechos de esta naturaleza. Una de las medidas que se propician es la reestructuración de la división Asuntos Internos, a fin de poder ejercer “un control serio y efectivo sobre el accionar del personal policial, con una intervención decidida del Ministerio de Seguridad bonaerense para terminar con la estrecha relación entre miembros de la fuerza con el narcotráfico y otros delitos graves”.

Al mismo tiempo, con intervención de las autoridades nacionales y provinciales en el área Derechos Humanos, se busca que la comisaría 2ª de Avellaneda, donde estaba destinado Gutiérrez, se convierta en “un espacio de la memoria y la justicia”, como ha ocurrido en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención de la dictadura militar.