El proyecto tuvo dictamen favorable en dos extensos plenarios de comisiones a los que asistieron las principales figuras del gabinete económico nacional, así como economistas, exfuncionarios de gobiernos anteriores, especialistas en lavado de dinero y los principales responsables del sector industrial y de la construcción.

El proyecto oficial autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, que estarán denominados en dólares. Los fondos originados en su emisión serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en infraestructura e hidrocarburos.

Además autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) en dólares, que será endosable, como un medio para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en la moneda norteamericana.

El CEDIN será cancelado en la misma moneda de su emisión por el Banco Central o la institución que la autoridad monetaria indique, sólo si se acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades habitacionales.

"Si se quisiera descubrir la verdad en serio, ¿por qué no se hace como en todos los países del mundo? (...) Te ofrezo reducirte las penas si me decís realmente dónde están los que nos faltan", propuso José Manuel de la Sota durante una entrevista televisiva en la que fustigó la política de derechos humanos del gobierno nacional.

Durante esa charla, si bien calificó de "asesino" al dictador muerto Jorge Rafael Videla, manifestó ser parte "de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación" -un concepto utilizado por los mismos represores-, porque, en su criterio, de esta manera se hubiera podido "quebrar la coalición (de silencio) de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado".

En este sentido criticó al Gobierno por no ofrecer una reducción de penas a cambio de información y "amenazarlos diciéndoles 'los vamos a reventar'". "Hay algunos que hacen de la política del resentimiento y no han hecho política de derechos humanos", insistió y luego habló del "baño de reconciliación".

Tras el "baño de reconciliación" pedido por el gobernador cordobés, Pisoni rechazó la propuesta y expresó que De la Sota proviene de "un sector del peronismo opositor fuertemente ligado a la última dictadura militar". Afirmó que sus declaraciones se producen "en momentos en que están avanzando las causas por los cómplices civiles, como Papel Prensa, en la que están involucrados el Grupo Clarín y La Nación, y el procesamiento de Carlos Blaquier (del ingenio de Ledesma)". "Se oponen a la política de derechos humanos del gobierno nacional y no quieren que sigan avanzando los juicios por delitos de lesa humanidad porque no simpatizan y tocan intereses empresariales", remarcó. "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. No vamos a retroceder un paso en este proceso de memoria, verdad y justicia", manifestó.

En tanto, Taty Almeida, sostuvo que "ellos quieren la ley que se tomó en África, saber la verdad pero no hacer justicia, porque lo que no aceptan es que la justicia legal llegue a todos los genocidas y a sus cómplices".

Por su parte, el legislador porteño y nieto recuperado, Juan Cabandié, opinó que "no es posible descafeinar los delitos de lesa humanidad". Afirmó que "esas posturas de pacificación son las que promueven desde algunos sectores de la oposición para arrodillarse ante Magneto, que él tiene las manos sucias porque consiguió Papel Prensa en una sala de torturas".

Según la postura de Macri, la medida cautelar dispuesta ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy no altera la "vigencia" de los postulados "más importantes" que fijó la norma. Y reiteró que se debatirá "en la Legislatura como estaba previsto".

"Estamos muy tranquilos y contentos de haber dado un paso adelante como jurisdicción en defensa de la democracia", manifestó Macri y reiteró que la medida cautelar "suspende parte de dos artículos" pero "ratifica la jurisdicción de lo que hemos hecho, la constitucionalidad y el derecho a que la Legislatura se reúna, apruebe y transforme el DNU en ley".

El magistrado dictó una medida cautelar y suspendió las partes del Decreto de Necesidad y Urgencia que se referían a cuestiones tributarias, al afirmar que el jefe de Gobierno tiene prohibido legislar sobre esa materia por la Constitución porteña. Lo hizo en respuesta a un planteo de inconstitucionalidad presentado por legisladores de Nuevo Encuentro.

Desde la oposición porteña plantean que no se puede convalidar en su totalidad un DNU cuando dos de sus artículos están suspendidos, por lo que no debería ser tratado en la Legislatura.

Macri insistió que "el fallo solamente suspende parte de dos artículos donde el juez cree que nosotros hemos legislado en materia tributaria" y además cuestionó esa interpretación del juez: "No estamos de acuerdo porque creemos que nosotros hemos solamente protegido derechos de los periodistas y medios de comunicación frente a nuevos impuestos arbitrariamente creados, pero nosotros no creamos impuestos", señaló en declaraciones a Radio Mitre.

Sin embargo, fuentes del macrismo consultadas por DyN remarcaron que se comenzaron gestiones para impulsar una ley correctiva que contemple cambios ante las observaciones de la Justicia y los planteos que puedan hacer los sectores de la oposición no kirchnerista.

"Tenemos voluntad de incorporar cláusulas que proponen diputados de la oposición no kirchnerista", explicaron y detallaron que se podrían usar como base dos proyectos de los legisladores Julio Raffo (Proyecto Sur) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

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Fresneda enfatizó que "no hay enemistad entre los argentinos, porque no puede haber enemistad cuando actúa la justicia", por lo que descartó la propuesta de De la Sota sobre reducir condenas a militares genocidas si dan información sobre el destino de los desaparecidos: "No podemos poner a la justicia como un objeto negociable".

El funcionario aclaró que "otro debate resulta cuando en el marco de un proceso judicial algunos de los posibles autores pueden dar información aportando elementos que garanticen la reconstrucción rápida de los hechos o para ubicar cuál es el destino final de los desaparecidos" y "en ese caso los jueces deberán evaluar, bajo las reglas del proceso penal, si pueden o no aligerar la pena". "Eso es muy distinto a que el Poder Ejecutivo se siente a negociar con los responsables a los fines de lograr un baño de reconciliación", resaltó.

El titular de Derechos Humanos insistió en que los represores "han tenido todos los mecanismos institucionales, incluso una parte de la justicia, y me refiero a (el expresidente de la Cámara de Casación Penal Alfredo) Bisordi como un engranaje para retrasar las causas de lesa humanidad".

Además, Fresneda consideró que De la Sota "va armando su relato en función de sus intereses políticos" y analizó que "castigando las políticas de derechos humanos del Gobierno pretende arrimarse a los sectores que en la Argentina impulsaron, en otros tiempos, la reconciliación en base a la impunidad".

Por último, recordó que el gobernador de Córdoba "jamás" asistió a los juicios sobre crímenes de lesa humanidad en la provincia "cuando lo hemos invitado infinidad de veces, es evidente que nunca escuchó el relato de las víctimas porque sino de ninguna manera podría decirnos resentidos".

Los maestros insisten con su demanda de una mejora salarial que supere el 22,6 por ciento, que se les otorgó por decreto, y ratificaron que si no hay un incremento se concretarán las medidas de fuerza que les autorizaron los congresos de los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente.

"Seguimos de pie sin abandonar la lucha y convencidos de nuestro reclamo; el Gobierno tuvo tiempo suficiente para presentar un ofrecimiento salarial acorde a lo que están solicitando los docentes y si no hay voluntad política por destrabar el conflicto, volveremos a realizar medidas de fuerza", sostuvo Petrocini.

Ayer, el titular de Suteba, Roberto Baradel, explicó que con el último plus ofrecido por el gobierno los docentes "continúan recibiendo este año sólo un 12 por ciento de aumento, teniendo en cuenta que se parte de salarios básicos de 2.900 pesos".

Por eso, el gobierno bonaerense analiza ofrecer una nueva mejora salarial de 700 pesos en cuotas en concepto de material didáctico. El encuentro se realizará mañana a las 9, tras el cuarto intermedio entre funcionarios de Educación y Trabajo y el Frente Gremial.

"Nosotros no descartamos tomar ninguna decisión", afirmó Randazzo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. "De la misma forma que creímos conveniente en este caso estatizar el Belgrano Cargas porque estamos convencidos de que las concesiones fueron absolutamente un fracaso, y porque no acompañan este proceso de crecimiento que registra hoy la Argentina, no descartamos tampoco hacerlo en materia de transporte de pasajeros si es que las Unidades de Gestión Operativa no cumplen con su función, que es que los pasajeros viajen todos los días un poco mejor", expresó.

Además, aseguró que "el Estado, cuando hay decisión política y gestión, es más competitivo que el sector privado". Detalló las distintas obras previstas en los próximos meses que incluyen inversión en vías, reactivación de ramales a Bolivia y Chile, y la renovación del acceso a Puerto Timbúes en Rosario, y la necesidad de incorporar a la red existente otros mil vagones.

En este contexto, destacó que desde la intervención del ferrocarril Belgrano Cargas, en octubre del año pasado, se incrementó 10 por ciento la capacidad transportada y se avanzó en una diversificación de las cargas. "Nuestro objetivo es llegar a transportar 107 mil toneladas por mes este año y en 2015 llegar a 300.000 toneladas por mes", señaló el ministro.

Según el Decreto 566/13, la sociedad "Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima" tendrá a su cargo "la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades".

El texto publicado en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Kirchner y de todos los integrantes del gabinete nacional, establece que la empresa estatal estará integrada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y por la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. La gestión y operación del contrato de gerenciamiento celebrado con la Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima (SOESA)había sido dada por concluida en febrero pasado, tras haberse intervenido en octubre de 2012.

En sus considerandos, la norma recuerda que la rehabilitación del Ferrocarril General Belgrano es "una herramienta central para alcanzar objetivos de política económica general y en particular para el desarrollo regional", y aclara que corresponde incluir a los talleres ferroviarios de Tafí Viejo entre los activos a ser transferidos. Además, dispone transferir la nómina de personal de Belgrano Cargas Sociedad Anónima a la nueva sociedad, reconociéndoles la antigü�edad, categoría y remuneración actual, así como su estabilidad laboral, y el personal de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.

En representación de la Corte Suprema se encuentran el presidente de ese cuerpo, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y el ministro Juan Carlos Maqueda. También lo hacen integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que presentó un amicus curiae que apoya la demanda de los qom.

El reclamo de la comunidad apunta a lograr que el gobierno de Gildo Insfran -invitado pero ausente en la audiencia- se abstenga de llevar a cabo desmontes en la colonia La Primavera y que se retire del predio que pretende ser destinado a la instalación de un instituto universitario.

El Cels, que asiste a los aborígenes, reclamó que se respete por "el derecho a la tierra y el territorio" de los pueblos originarios, que se ponga fin a "los abusos de los usurpadores de sus tierras" y que se cumpla la ley 26.160, que ordena la suspensión de desalojos y relevamiento de comunidades.

Esta audiencia fue la segunda convocada por la Corte. En marzo de 2012 se realizó un encuentro entre las partes, casi un año y medio después del agravamiento del conflicto tras los episodios de violencia entre la policía provincial e integrantes de la comunidad Navogoh el 23 de diciembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el agente policial Heber Falcón.

En la misiva, Barack Obama señaló que "nuestros países tienen afinidades históricas como grandes naciones del nuevo mundo que han sido guía de esperanza y oportunidades para milones de inmigrantes a lo largo de 200 años de historia".

"Hoy seguimos construyendo sobre la base de la promoción de los derechos humanos y el uso pacífico de la energía nuclear para explorar nuevas iniciativas en la ciencia, tecnología, la cultura y la educación", destacó el mandatario "en nombre del pueblo de los Estados Unidos".

Agregó que "esperamos continuar desarrollando una relación madura, equilibrada y productiva con la Argentina, con el objetivo de promover valores democráticos, seguridad ciudadana y desarrollo general inclusivo en este hemisferio y más allá".

A las 8.32, horario exacto en que se produjo el fatal accidente el 22 de febrero de 2012, los familiares hicieron sonar una sirena como lo hacen todos los meses para dar comienzo al acto en el que leyeron un documento en el que dieron precisiones del desarrollo de la causa y los recientes fallos de la Cámara de Casación y expresaron críticas al gobierno.

El texto fue leído por María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, el joven que fue encontrado muerto dos días después de la tragedia de Once, y Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli.

Los familiares advirtieron sobre quejas de los usuarios acerca del servicio del ferrocarril Sarmiento y aseguraron que "a 15 meses de la tragedia nos volvemos a reunir para decir nuestras verdades en esta escenografía en la que se repiten las mismas imágenes mes tras mes". En el documento solicitaron que el gobierno "cumpla con su trabajo, que asuma con cambios estructurales la responsabilidad en la masacre de febrero de 2012".

"Hoy seguimos hablando con los pasajeros y los oímos quejarse del hacinamiento en el que viajan, de los servicios que se suspenden, de los momentos en los que el miedo se apodera de todos cada vez que un tren frena de golpe o se detienen entre estaciones", leyó Bottega. También criticó el "discurso de la supuesta revolución en el servicio del Sarmiento", ya que "entre febrero de 2012 y mayo de 2013 solo nos separan vagones pintados, monitores de plasmas y vías renovadas, pero el cambio de fondo sigue esperando".

"Hace una semana el ministro de Transporte presentó en una conferencia los prototipos de los futuros vagones, lo hizo usando una pantalla de video, donde se proyectaban imágenes de como, supuestamente, serán los trenes que se fabricarían para esta línea y otras", indicó el comunicado.

Asimismo, los familiares criticaron el poco avance de las demoradas obras de soterramiento del Sarmiento, al señalar que "los talleres de Liniers están abandonados y sus trabajadores están en lucha por sus fuentes de trabajo". Rey calificó de "puesta en escena la presentación de la tuneladora para el soterramiento".

En una reunión ampliada de los gremios que integran la Central Obrera Boliviana, el titular de ese sindicato, Juan Carlos Trujillo, anunció que durante el cuarto intermedio de un mes, "los compañeros trabajadores deberán retornar a sus fuentes de trabajo".

Los sindicatos pedían una jubilación con el 100 por ciento de los salarios de los últimos dos años, pero el gobierno les concedió el 70 y la posibilidad de revisar la ley de pensiones. La jubilación "para los compañeros mineros con 30 y 35 años (de aportes) la renta será del 70 por ciento. Para los demás sectores la pensión también será del 70, pero con 35 años de aportes", explicó el secretario de Finanzas de la COB, Oscar Tapia.

Trujillo negó, además, que la protesta contra la reforma de la ley de pensiones impulsada por Evo Morales tuviera intenciones conspirativas contra el gobierno. "Los trabajadores del país, a la cabeza de nuestros compañeros mineros, siempre hemos sido defensores, constructores de la democracia y la COB demuestra, con firmeza, que garantiza la democracia en nuestro país", enfatizó el minero.

La suspensión de la huelga incluye el retorno al trabajo de unos 4500 mineros de la estatal minera de Huanuni, la mayor productora de estaño del país, ubicada en los andes bolivianos. Durante estas dos semanas de tensión, los mineros habían chocado con la policía por el control de rutas, lo que dejó un saldo de más de 300 detenidos, que luego fueron liberados por la Justicia.

"Sabemos que (la evasión) es un problema que nadie puede resolver por sí solo, y que en toda Europa centenares de miles de millones están en juego", comentó el titular del organismo que regula la economía de los socios regionales.

El objetivo de debatir el tema está en que la Unión Europea ponga en marcha un sistema armonizado que permita erradicar esas prácticas fraudulentas que suponen, según la Comisión Europea, la pérdida de un billón de euros anuales para las arcas comunitarias.

"Seamos claros: No estamos hablando de armonizar los impuestos o de que Europa aumente los impuestos o los baje. Estamos hablando de luchar conjuntamente contra prácticas inaceptables que permiten que haya personas que no paguen sus impuestos. Es una cuestión de justicia", definió.

Luego, Van Rompuy se refirió al segundo tema de la cumbre, la energía, y admitió que "todos nuestros países tienen dificultades con los altos precios de la energía", que suponen una "gran preocupación" para los hogares y la industria.

En la reunión no se tomarán decisiones concretas, aunque sí se trazará una "hoja de ruta" para los próximos meses y años, para multiplicar los esfuerzos contra el fraude fiscal. Los líderes europeos intentarán además convencer a Austria y Luxemburgo, los dos únicos países del bloque que mantienen el secreto bancario, para que no sigan vetando la directiva comunitaria sobre la fiscalidad del ahorro, en punto muerto desde que fue presentada en 2008.

El canciller austríaco, Werner Faymann, sugirió que podría levantar ese veto a fin de año, si bien advirtió que las medidas no deben limitarse a la Unión Europea, sino que terceros países deben también comprometerse al intercambio de información. El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, señaló en tanto que su país está dispuesto a abandonar el secreto bancario en 2015, pero supeditó esa decisión a que la UE alcance con Suiza un acuerdo de intercambio de información sobre cuentas de no residentes.